1- Una inspección de rutina dejó al descubierto un polémico caso
A fines de octubre del año pasado, empleados estatales descubrieron que personas estaban ocupando las tierras de la Reserva Natural La Angostura, creada por una ley sancionada en 1996. En ese mismo año, a través de un decreto, el ex gobernador Antonio Bussi ordenó que el bien se debía inscribir a nombre de la Provincia.
Lo que parecía un caso más de usurpaciones, terminó dejando al descubierto una serie de irregularidades que se habrían cometido para que el proyecto inmobiliario “Loteo Gaucho Castro” se pusiera en marcha. Fueron los mismos compradores los que aportaron documentación clave para que la Fiscalía de Estado investigara primero y denunciara después al responsable del proyecto. Del expediente surgirían los nombres de funcionarios, profesionales y particulares.
2- Desalojo primero y una presentación judicial después
En un fuerte operativo realizado en el valle de Tafí, policías quitaron los alambrados colocados por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (CIDEM) y destruyeron los sanitarios de un boliche que funcionaba a escasos metros de la costa del lago. Las autoridades decidieron ir a la Justicia por los casos de “Loteo Gaucho Castro” (un proyecto inmobiliario en el que había varias casas construidas), el club de fútbol El Sauce y el emprendimiento que brinda servicio de pesca y paseos de lanchas conocidos como “El Pelao”. Una jueza en lo contencioso administrativo dictó una medida de innovar para detener las ventas y la suspensión de las obras que se realizaban en varias viviendas para preservar el medio ambiente. Técnicamente significa que nadie puede hacer nada hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El gobernador Osvaldo Jaldo adelantó en el programa “Verano Play” que ya no se otorgarán autorizaciones, concesiones o comodatos en la Reserva Natural La Angostura.
3- Un propietario fue detenido por construir en una casa
A mediados de diciembre, al trascender que los ocupantes de la tierra estaban incumpliendo con la medida, la Provincia volvió a realizar un operativo para notificar a los ocupantes sobre la orden judicial.
El 4 de enero fue detenido un propietario y dos obreros por realizar trabajos de albañilería en una de las casas de “El loteo Gaucho Castro”. El juez Marcos Núñez Campero, por pedido del fiscal Carlos Rodríguez, dictó la prisión preventiva al propietario Marcos Bolla (60 días) y Gustavo y Luis Soria (30 días) por desobediencia judicial. Luego, el magistrado de Impugnación Paul Hofer confirmó la medida contra el dueño de la casa y ordenó la libertad de los trabajadores de la construcción y sólo dejó firme la acusación por haber incumplido con el fallo de la jueza.
El acusado cambió de defensor y pidió que el caso se cerrara a través de una probation. El acuerdo incluía el pago de $100.000 como reparación del daño causado, retirar la casa que estaba edificando (es una prefabricada) y remover los cimientos y base que había construido a cambio de no recibir una pena.
La Fiscalía de Estado rechazó el planteo y anunció que sólo aceptará el acuerdo si es que mantiene esas condiciones y acepta ser condenado con una pena de cumplimiento condicional. “Tiene que haber un mensaje”, señaló un vocero del Gobierno. La cuestión aún no fue resuelta.
4- Los compradores rompieron el silencio por el Caso Bolla
El llamado Caso Bolla alteró el ánimo de los compradores de terreno. Después de haber permanecido en silencio durante más de dos meses, comenzaron a mostrar los papeles que recibieron cuando concretaron las operaciones inmobiliarias, la misma documentación presentaron cuando mantuvieron una reunión con la fiscal de Estado.
Sin saberlo, esos papeles terminaron sirviendo como pruebas fundamentales para que el Gobierno denunciara al titular del proyecto Juan Pablo Castro por el delito de usurpación. Por su parte, en una entrevista en el programa “Verano Play”, el gobernador Osvaldo Jaldo anunciaba que la presentación también incluía la investigación a actuales y ex funcionarios que podrían estar involucrados.
Los adquirentes se guardaron un as bajo la manga: filmaron sin que lo supiera al comisionado Jorge Cruz durante una reunión en la que trató de darles tranquilidad asegurándoles que los papeles estaban en regla. Para los investigadores, lo que surja de este caso puede ser una maniobra que se practica en otras villas turísticas de la provincia.
5- Un plano que no tiene ningún tipo de validez
El plano que mostraron los compradores es, en realidad, un anteproyecto firmado por el ingeniero y que fue presentado en la Secretaría de Municipios y Comunas. Una arquitecta de la repartición en menos de dos meses le puso el sello de aprobado.
Las autoridades de esa repartición destacaron que ese es un mero trámite administrativo y que ellos no tienen la facultad para aprobar ningún tipo de emprendimiento inmobiliario y que son los funcionarios de la Dirección General de Catastro los que deben firmar la aprobación.
“Efectivamente, para que los trámites de aprobación finalicen deben pasar por varios organismos que analizarán diferentes cuestiones. Pero la única repartición que tiene autoridad para aprobar, puesto que somos los que debemos otorgar el número de padrón para que se pueda escriturar el bien”, señaló Alejandro Navarro, titular de Catastro. “En nuestras oficinas nunca se inició un trámite”, añadió.
6- Un permiso de pastoreo que no debió otorgarse
Una de las grandes dudas que existían en el caso era determinar cómo las tierras terminaron en poder de Castro. Los compradores señalaban que el vendedor tenía derecho de posesión desde hace mucho tiempo y por esa razón era el dueño legal. “El Gobierno no puede salir a decir que esa tierra es fiscal si ese señor desde vaya saber cuánto tiempo tenía a su nombre el predio que decidió vender”, indicó Cecilia Muñoz, otra de las compradoras.
En los últimos días surgió un dato clave. La Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat le habría otorgado al emprendedor un permiso de pastoreo en 2021, es decir, un año después de que le aprobaran el anteproyecto en Municipios y Comunas. Investigan si el beneficiado pagó en algún momentos los impuestos que por ley debe abonar los que reciben este tipo de aprobación.
“Nuestra repartición no está autorizada a dar ese permiso, corresponde a la Dirección de Flora y Fauna. En principio habría sido otorgado en la gestión anterior”, sostuvo el director del área Jorge Ávila. No se puede confirmar quién lo rubricó porque el expediente no aparece por ningún lado.
7- Primero vendieron y después fueron por la regularización
El titular de Catastro explicó que para obtener una autorización del Estado, los titulares de los proyectos deben presentar una serie de documentación, entre los que se destacan informes de factibilidad.
“Esos documentos, por ejemplo, sirven para ver el impacto ambiental que puede generar el emprendimiento y si los compradores tendrán la posibilidad de acceder a servicios básicos como la provisión de agua potable y energía eléctrica. Sin esos papeles, jamás se puede aprobar un loteo”, explicó. En este caso en particular nada de eso ocurrió.
Fuentes del área de Producción le dijeron a LA GACETA que, a pesar de que se trata de un expediente que podría haber sido analizado en la gestión anterior, no existe en Flora y Fauna un pedido sobre la realización de un informe ambiental. Aclararon además que si hubiera sido realizado, lo hubieran rechazado, ya que el emplazamiento estaba proyectado en una reserva. Sí se confirmó que en agosto de 2023 el comisionado Cruz firmó la factibilidad para que el loteo pueda recibir el suministro de agua potable. En ese sentido, Castro consiguió en febrero de 2023 que Regularización Dominial y Hábitat le extendiera una constancia de que estaba tramitando la escrituración de los terrenos para que EDET pudiera brindar el servicio.
8- El comisionado no habría avisado de la existencia del proyecto
El denunciado Castro tuvo una participación secundaria en la venta de los terrenos. Los damnificados señalaron que un tal Damián, que sería su nieto político, habría el que lo representaba ante los compradores. También hablaron de dos profesionales que actuaban como desarrolladores del proyecto.
“Hicimos todo lo que debíamos hacer para averiguar el origen de los terrenos que estábamos por adquirir. Los empleados de la comuna y hasta su titular nos garantizaron que todo estaba en regla”, aseguró Alberto Cativa, uno de los compradores.
Los comisionados, según las normas vigentes, son los que tienen poder de policía en las localidades donde ejercen su función.
Voceros de la Fiscalía de Estado le confirmaron a LA GACETA que Cruz nunca alertó de que se haya detectado una situación irregular. El funcionario tampoco puede desconocer de la existencia del proyecto, puesto que varios de los damnificados confirmaron que el habría comprado al menos dos terrenos que luego habría vendido. Nuestro diario se comunicó con Cruz para que diera a conocer su versión sobre el caso. El funcionario dijo que hablará hoy.
9- Un ex funcionario desmiente que él haya firmado una constancia
“La firma que aparece en esa constancia no es mía”, aseguró el ex subsecretario de Regulación Dominial y Hábitat Fernando Rogel Chaler en una entrevista con LA GACETA. “No realicé ningún tipo de gestión ni rubriqué documento alguno a favor del señor Castro. Quiero que se aclare esta situación”, agregó.
Rogel Chaler también calificó como absurda y ridícula la versión que da cuenta de que la repartición que el condujo durante varios años le habría otorgado a Castro una autorización de pastoreo en el lugar que luego terminaría siendo comercializada.
“No estábamos autorizados a realizar ese trámite”, dijo el hombre que renunció a su cargo en diciembre de 2024.“Sí firmábamos certificaciónes de que se estaban realizando trámites de escrituración, pero con la documentación respaldatoria de Catastro y se aclaraba que no tenía ninguna validez dominial”, sostuvo.
Rogel Chaler indicó que tampoco tuvo ni tiene vínculos con el comisionado. “En toda mi gestión me lo pude haber cruzado dos veces en actos en el que el ex gobernador Juan Manzur entregó escrituras a veraneantes”, señaló. El ex funcionario dijo desconocer más detalles del caso, pero planteó cuál podría ser su solución. “Si es cierto que Castro cedió derechos, habría que definir quiénes son esas personas. Eso ayudará muchísimo”, finalizó.
10- La denuncia ya se analiza en la Fiscalía de Monteros
La denuncia está siendo tramitada en las oficinas del Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial Monteros. Hasta el momento Castro fue denunciado por las autoridades de usurpación, pero del expediente podrían surgir datos de que habría cometido otros delitos. También, según confiaron fuentes judiciales, no descartan que de la investigación podrían surgir los nombres de ex funcionarios, profesionales y particulares que tuvieron algún tipo de participación en el caso.
