La decisión del presidente Alberto Fernández de buscar una salida que permita destrabar el conflicto que impide el arribo de las vacunas contra el coronavirus de los laboratorios estadounidenses es una respuesta a un desgastante proceso que solo estaba minando aceleradamente la confianza en el gobierno nacional ante los problemas derivados de la insuficiente cantidad de dosis que están llegando al país.
Tan fuerte presión de la sociedad y los dardos de la oposición han podido más. Un gobierno en modo electoral no puede darse el lujo de seguir viendo declinar la imagen de su gestión y perder apoyo por aferrarse a caprichos que se explican por cuestiones ideológicas antes que por la defensa de los intereses soberanos del país. Los sondeos de opinión pública dan cuenta de una franca caída de la imagen positiva del presidente de la Nación.
Pero, además, dan cuenta de un ostensible nivel de insatisfacción de la sociedad con la política sanitaria de las autoridades nacionales. En tal sentido, la última encuesta de Giacobbe & Asociados, concluida el 18 de junio entre 2500 personas consultadas, indica que, para el 59,1% de la población, el factor determinante del elevado número de casos y muertes por Covid-19 son las decisiones políticas del Gobierno.
El 37,3% lo atribuye a la poca responsabilidad de la gente y solo el 3,1%, a los poderes internacionales que administran las vacunas. Es por ello que luego de que el oficialismo fuera objeto de severas críticas por su rechazo en la Cámara de Diputados a un proyecto para modificar la ley de vacunas y posibilitar la llegada de dosis de laboratorios norteamericanos como Pfizer, trascendió lo que finalmente se terminó concretando.
Es decir, que el presidente Alberto Fernández se disponía a firmar un decreto de necesidad y urgencia tendiente a superar los escollos legales que dificultaban un acuerdo con los proveedores de vacunas de los Estados Unidos. De esta forma, el giro del Gobierno dejará la sensación de que las autoridades nacionales han recalculado o reculado frente al clamor de un vasto sector de la sociedad que exige vacunas, sin importar su procedencia.
Para hacer frente a una pandemia cuya solución no pasa por sumar cada vez más restricciones a la circulación, sino por la necesidad de profundizar la vacunación y los testeos. Desde el Gobierno se aclaró que en ningún momento se cortó el diálogo con el citado laboratorio estadounidense con miras a un acuerdo para la provisión de vacunas como el que esa compañía ya tiene con más de un centenar de países.
Todo indica que la presión social tras el fracaso de la sesión legislativa impulsada por diputados de Juntos por el Cambio para modificar la ley de vacunas y garantizar el suministro de dosis a los niños y adolescentes con comorbilidades fue el desencadenante del cambio del Gobierno. Si la solución podía alcanzarse con un decreto de necesidad y urgencia, cabe preguntarse por qué no se hizo antes. ¿Acaso era necesario esperar a que tuviéramos casi 100 mil muertos?
