Lejos de calmar los ánimos, la rectificación de Eleonora Rodríguez Camposrespecto de su afiliación al Partido Justicialista (PJ) reactivó los cuestionamientos que había despertado su designación como vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Un sector de la oposición consideró inaceptable que la ex fiscala de Estado del gobernador Juan Manzur dijera primero que nunca había llegado a afiliarse, y, luego, comunicara que su nombre aparecía efectivamente adherido al partido del Gobierno en las bases de datos oficiales y que iba a presentar la renuncia. Según los legisladores radicales José María Canelada y Eudoro Aráoz, el giro de Rodríguez Campos confirma que no está a la altura del cargo que ocupará a partir de mañana a las 12, cuando jurará ante el alto tribunal (se informa por separado).
“No dejan de asombrarnos las inmensas casualidades que rondan el nombramiento de Rodríguez Campos. Quiso la fortuna que, de un día para el otro, apareciera afiliada al partido Justicialista cuando había dicho que no lo estaba. Se trata de una coincidencia tan grande como el hecho de que la eligieran para la Corte siendo sobrina de Edmundo Jiménez y parte del riñón político de Manzur”, ironizó Canelada por medio de un parte de prensa. El legislador reelecto añadió: “aunque Rodríguez Campos quiera borrar o relativizar su militancia y sus parentescos, todo Tucumán sabe que fue elegida por el gobernador para aceitar el aparato de impunidad que maneja su tío, el ministro fiscal”. Canelada consideró que la polémica relativa a la afiliación al PJ expresa la “mancha” con la que tendrá que cargar la vocal de 41 años. “Flaco favor le hizo el gobernador a la credibilidad de la Justicia al nombrar a una persona cuyas decisiones siempre estarán teñidas de sospechas. La candidata de Manzur ni siquiera asumió y ya tuvo que empezar a dar explicaciones”, dijo.
Aráoz manifestó por su parte que Rodríguez Campos seguía alimentando la desconfianza. “En su primera entrevista con LA GACETA dijo que nunca estuvo afiliada al PJ. Un día después expresó lo contrario por el mismo medio de comunicación. La vocal mintió para tratar de mostrarse independiente del partido gobernante o tiene un serio problema de memoria. Ambas situaciones la inhabilitan para el cargo en la Corte”, opinó.
El radical José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se sumó a los críticos. “Ni el ‘Chapulín Colorado’ podrá salvarnos de la decadencia institucional y de la amnesia de estos funcionarios adictos al partido del Gobierno: a las pruebas me remito”, dijo por mensaje de texto.
El oficialismo rechazó todos los reparos formulados contra el nombramiento de Rodríguez Campos, entre ellos que aquella no reúne el requisito constitucional de 15 años de ejercicio de la profesión de abogada, y avaló la decisión en la sesión del viernes, con los votos en contra de los opositores Canelada, Aráoz, Rubén Chebaia, Alberto Colombres Garmendia, Luis Brodersen y Luis González. Manzur reveló su intención de enviar a la Corte a su ex fiscala de Estado horas después de ganar las primarias y de festejar la victoria junto al candidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández.
Rodríguez Campos no es la primera jueza que se ve obligada a dimitir al PJ: en febrero, su ex jefe en la Fiscalía de Estado, Daniel Leiva, dijo que iba a desvincularse del justicialismo para asumir en la Corte, justamente en virtud de otra designación de Manzur (ver “Antecedentes recientes”). El artículo 123 de la Constitución de Tucumán prescribe: “no podrán los funcionarios judiciales intervenir activamente en política, firmar programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter político, ni ejecutar acto alguno semejante que comprometa la imparcialidad de sus funciones”. El artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial directamente prohíbe a los integrantes de ese poder afiliarse a partidos políticos y militar activamente en estos.
