La posibilidad de otorgar habilitaciones a los edificios que violan las normas de construcción en la Capital fue criticada por los miembros de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit). Si bien destacaron que se busque ayudar a los dueños para que puedan escriturar sus departamentos, apuntaron que la ordenanza en discusión beneficiará a las firmas que violaron el Código de Planeamiento Urbano (CPU).
“Nosotros pensamos como Cámara que en cierto modo se está premiando a las empresas que han infringido el código, no estamos de acuerdo”, expresó a LA GACETA Edgardo Lichtmajer, titular del Cecoprit. “Muchas veces infringir el código implica construir más metros cuadrados de los que permite el terreno o hacer artimañas para que cueste menos. Con esto se pude bajar el costo y tener más metros cuadrados, lo que baja la incidencia del terreno sobre el metro cuadrado a vender. Esto que harán premiará a algunas firmas respecto a otras que respetan el código”, insistió.
La postura de la cámara surge en pleno debate en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. El presidente del cuerpo vecinal, el peronista Armando Cortalezzi, impulsa un proyecto de ordenanza que pondrá en vigencia un régimen de regularización para los edificios que no cuentan con los aptos de finalización de obra ni de habitabilidad, por diferentes violaciones a las normas, pero que están habitados hace años.
El objetivo, según Cortalezzi, es que los inquilinos ocupen legalmente los departamentos y los propietarios puedan tener la escritura de cada unidad.
La propuesta -que podría llegar a debate la semana que viene-, fija multas para los edificios en falta, que varían dependiendo de los metros cuadrados construidos. Técnicos de la Municipalidad determinarán qué obras deben realizarse para subsanar las violaciones y luego se otorgarían los certificados de finalización de obra y habitabilidad. Sin embargo, si hay riesgos de seguridad, no se podrán acoger en el régimen propuesto. Según la Dirección de Catastro y Edificación municipal, hay 31 edificios habitados que no cuentan con los aptos, por lo que tienen instalaciones de servicios precarios (gas en garrafa, sólo un medidor de luz) y sus dueños tienen títulos transitorios.
En contra, con reparos
“Hay dos puntos de vista. Es probable que los inquilinos hayan sido compradores de buena fe y que después notaron que no podían concretar la escrituración del inmueble porque el vendedor o la constructora violaron el código. Está bien que se proteja al comprador, siempre que no haya problemas que redunden en riesgo alguno para la seguridad de la viviendas o del edificio, sea estructural o ya sea que se trate de las instalaciones de servicios. No sé quién garantizará eso. Por otro lado, a la empresa que construye, que ha violado el código, se la beneficia con la regularización”, consideró Lichtmajer.
El proyecto en debate considera que hace 5 años no se establece un régimen para regularizar las construcciones. La iniciativa propone multas escalonadas a las obras con superficies de hasta 100 metros cuadrados y que superen los 500 metros cuadrados construidos. Se equiparan las sanciones al canon de “Derechos de Obras”, y a un número de “urbanos” variable, que es la unidad de medida para fijar cánones en la Municipalidad (hasta enero está fijado en $ 1,30). El ítem “derecho de obra” surge de multiplicar los metros cuadrados planificados en el proyecto por $ 36 (valor fijado por la Capital). Entre los incumplimientos más frecuentes, se encuentran el exceso de metros cuadrados construidos, superficie de patios internos insuficiente o medidas interiores que no son las reglamentarias.
“En los últimos años la cantidad de infractores ha disminuido mucho, quizás como consecuencia de todos estos edificios que no han obtenido el final de obra y que la gente, atenta, lo hizo público. Además catastro en cierta medida ha ejercido mayores controles”, ahondó el titular del Cecoprit. “Habría que preguntarse por qué los edificios que están construidos y terminados hace cinco años han seguido avanzando (más allá de los pisos del proyecto). Hay edificios que tienen dos y tres pisos más de lo permitido, cómo puede ser que una cosa que haya estado tan a la vista haya sido pasada por alto”, continuó.
Entre las precauciones para potenciales compradores de departamentos, recomendó comprara el precio de mercado de las unidades: “si el precio es muy por debajo del mercado, que duden y consulten en Catastro”.
La Municipalidad adelantó que apoyan la iniciativa para regularizar la situación de los edificios sin final de obra por incumplir con el Código de Planeamiento Urbano. El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, adelantó que la propuesta no será vetada si se aprueba.
“Nosotros entendemos que las normas deben cumplirse. El infractor tiene que cumplir con nuevas obligaciones para poder sanear sus violaciones. Ese principio cede ante necesidades de adquirentes de buena fe de departamentos que vieron frustrados sus sueños y que perdieron sus ahorros, por lo que debemos armonizar los intereses de los vecinos”, consideró Berarducci, funcionario del intendente, Germán Alfaro.
“El sistema de regularización propuesto no es novedoso, se implementó varias veces a través del Concejo: para acogerse se necesita que quienes violaron normas lo reconozcan y cumplan con los requisitos, no se tratará un jubileo. Jugarán un papel importante los terceros afectados, para que titulares de fideicomisos o constructores corrijan las violaciones, paguen multas y pongan todo en regla”, continuó Berarducci. El límite será para las edificaciones cuyas fallas afecten la seguridad de las construcciones.
