No hubo acuerdo este jueves en la última audiencia oficial para intentar un acuerdo en las paritarias del personal de Sanidad. Los empresarios insistieron en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI), pero esa decisión está subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno aún no resuelve ese punto.
Por eso la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT, ratificaron los paros de cuatro horas por turno que habían anunciado para este viernes en clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia. “Reafirmamos que sin salario no habrá salud porque no resignaremos nuestro salario”, afirmó el sindicato en las redes sociales.
Pero también se reprogramarán los turnos no urgentes en todos los establecimientos médicos del sector privado: la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) dispuso esa medida porque, según advirtió, “hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados”.
Este jueves venció la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo el 30 de junio y, ante el fracaso de las negociaciones, empresarios y sindicalistas quedaron en libertad de acción para tomar las medidas que consideren oportunas. Sin embargo, la cartera laboral podría extender la conciliación por otros cinco días. “Por el momento, no hay nada”, sostuvieron allegados al ministro Claudio Moroni ante la consulta sobre esa prórroga.
“Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que corresponde y si no tienen recursos, que los vayan a buscar”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Sanidad en un comunicado de prensa, en el que también señalaron: “Nos quieren confundir hablando de merecimientos e imposibilidades. Los trabajadores no nos confundimos, sabemos lo que queremos y lo vamos a conseguir”. Y agregaron: “Nuestro reclamo es justo y legítimo”.
Por eso los máximos dirigentes de FATSA confirmaron los paros de cuatro horas por turno para el viernes que afectará a clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia, y dejaron “a criterio de cada sindicato la distribución del horario de la medida de fuerza”.
Dos días antes de la audiencia del jueves que terminó sin ningún acuerdo, los prestadores de salud habían reiterado su postura ante la negociación de las paritarias: “No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”, afirmaron.
“Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente -dijeron en un comunicado de prensa-, pero, sin embargo, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”.
La FAPS afirmó que “nuestros ingresos, que, en definitiva, son los recursos de los trabajadores, están estipulados por los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI)” y recordó que “si los financiadores no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza”.
“Durante todo el 2020, las obras sociales, PAMI y las empresas de medicina prepaga prácticamente no actualizaron los valores de los aranceles, mientras que nuestros costos subieron, y siguen subiendo, incluso por encima de la inflación -señalaron los prestadores de salud-. En medio de una pandemia y privilegiando la atención que brindamos al 70% de las personas que habitan nuestro país, dimos nuestro mayor esfuerzo para acompañar el incremento salarial, merecido e indiscutido, de los trabajadores de la salud correspondiente al 2020″.
Según la FAPS, “tan sólo tres meses atrás logramos cerrar esa paritaria con un incremento final del 36%, cifra que acompañó la inflación del 2020 para los trabajadores, pero que no fue acompañada por los aranceles que recibimos por parte de las obras sociales y las prepagas”. Y aseguró: “Hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados. En el medio, miles de instituciones prestadoras de salud en todo el país al borde de la quiebra, con serias dificultades para poder subsistir y brindar salud normalmente a su comunidad”.
Los prestadores sostuvieron que “hoy llegamos a esta nueva discusión paritaria extenuados económica y financieramente” y, aunque “se implementaron algunas medidas paliativas como el ATP, el Repro y, durante 2021 se incrementaron muy por debajo de la inflación algunos aranceles”, destacaron que “la distancia entre costos e ingresos lamentablemente se sigue ampliando y la situación agravando”.
Por su parte, la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas, actualizó una propuesta que le entregó al Gobierno para superar la crisis financiera del sector como consecuencia de la falta de aumento en las cuotas. Allí figuras medidas una serie de medidas transitorias y otras permanentes. Entre las primeras se encuentran la siguientes
– Extender el REPRO y la reducción del SIPA mientras perdure la emergencia económica y sanitaria.
– Más allá del acuerdo paritario 2021, otorgar una gratificación extraordinaria mensual, financiada y abonada desde el Estado en forma directa, mientras perdure la emergencia sanitaria del 50% del salario de enfermera/o. Esta gratificación deberá alcanzar a todos los empleados en relación de dependencia, médicos con contrato de locación de servicios y residentes o alumnos de la carrera de especialización.
Asignar un “pase” que identifique al personal de salud como esencial. Con el mismo tendrá prioridad para utilizar los medios de transporte público de forma gratuita. En el caso que utilice un medio de transporte particular, el “pase” le otorgará prioridad y gratuidad en las autopistas, como así también libre estacionamiento.
Las propuestas permanentes son las siguientes:
– Eximir al sistema de salud de la carga fiscal producto de Ingresos Brutos, créditos y débitos bancarios, etc.
– Facultar a las entidades de la UAS a utilizar el crédito fiscal IVA no utilizado para ser aplicado al pago de aportes, contribuciones o cualquier tipo de tributo que esté alcanzada la actividad.
– Crear una partida de fondos del Estado proveniente del Tesoro Nacional para financiar coberturas establecidas por leyes de los últimos años que no tengan o no hayan tenido financiación prevista en su marco normativo; los tratamientos de alto costo de medicamentos, prótesis y órtesis; las coberturas de enfermedades preexistentes; y los gastos sociales emergentes de la atención de la discapacidad (educación, traslados, geriátricos, etc.).
– Disponer una fórmula polinómica que contemple ajustes mensuales y automáticos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, en virtud de la variación de los costos (tal cual fija la ley, con revisión y aplicación del cálculo desde su inicio).
– Establecer un marco normativo para el ajuste de aranceles y posterior traslado efectivo a los prestadores por parte de las obras sociales nacionales y provinciales, y las creadas por leyes especiales y entes autárquicos.
– Constituir una comisión para garantizar la sustentabilidad y el acceso con equidad del sistema de salud. Esta comisión asumirá, en un plazo no mayor a seis meses, la tarea de generar propuestas que contengan la visión de los sectores que intervienen en la prestación del servicio médico en la Argentina. Las partes posibles para convocar serían, en forma enunciativa y no restrictiva, UAS, Federación de Prestadores, PAMI, Ministerio de Salud, Federación de Prestadores, PAMI, SSSALUD, COFESA, COSPRA, CGT, FATSA, COMRA y el Ministerio de Trabajo.
