Continúa el escándalo institucional en el ámbito del Poder Judicial. En ese marco, este lunes 26 de julio se presentó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia por parte de Alejandra Martínez, quien bajo el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Morales realizó una presentación en relación al número de causas penales pendientes de resolución en el Régimen Conclusional solicitando la inmediata intervención en el caso.
En ese sentido, la Secretaria Adjunta de la Seccional N° 5 de la provincia de Tucumán de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación presentó un escrito en el que da cuenta del desconocimiento de la cantidad de causas penales que quedaron pendientes de análisis y decisión en el denominado régimen conclusional que alcanza la escandalosa cifra de 762.220, lo cual se enmarca en un contexto de anomia institucional.
Sin embargo, la denunciante se encarga de dejar en claro que se debe destacar como excepción que el único magistrado del fuero penal en el contexto procesal supra señalado que resolvió la totalidad de las causas del llamado régimen conclusión fue el entonces titular del Juzgado de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, Dr. Mario Reynaldo Velázquez.
Pero un párrafo aparte merece el severo cuestionamiento que corresponde enfatizar en relación a un desempeño ineficiente y paupérrimo.
Y es que esa calificación le cabe al accionar del secretario Facundo Pedernera, quien no sólo debería contar con todos los datos de la enorme cantidad de causas, sino que, además, le cabe esa calificación por omitir la tempestiva puesta en conocimiento del máximo tribunal acerca del verdadero número de causas pendientes y las razones de la inercia, incuria o falta de celo funcional. Y es que se trata de un hecho de notable gravedad institucional.
Esto es porque muchas de las causas que quedarán y quedaron impunes, incluso homicidios, se deben al haber operado la prescripción de la acción penal. La absoluta falta de transparencia en la que incurrió Facundo Pedernera es la razón por la cual se solicita de forma expresa que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que intervenga de manera urgente, para que arbitre los medios que se consideren necesarios.
No obstante, en el escrito presentado se deja en claro que, si bien es cierto que el cuerpo de auditores es el que se debe encargar de intervenir en este caso, tienen sobre sus espaldas un historial en el cual se han demostrado poco eficientes a pesar de ser numerosos. De todas formas, el objetivo es que se determine el número exacto de causas pendientes de estudio y pronunciamiento en el régimen conclusional.
Pero, además, se debe evaluar la posibilidad del inmediato traslado del secretario Facundo Pedernera debido a que este funcionario judicial carece de la idoneidad técnica y moral que se requiere a la hora de ocupar el cargo que le asignó en su momento y de forma equivocada la propia Corte Suprema de Justicia, como lo señaló oportunamente en el mes de febrero del año pasado el Dr. Gustavo Morales.
