Tener un partido político es un negocio por demás lucrativo, sobre todo en tiempos electorales. No implica mayor costo y, si cumple los mínimos estándares legales, cuenta con financiamiento público asegurado, aunque coseche pocos votos. Esto explica la proliferación de fuerzas políticas –este año se presentaron 234 agrupaciones en todo el país con candidatos a diputados y senadores– que percibirán del Estado millonarios aportes para la campaña y la impresión de boletas.
Para dimensionar lo suculento del negocio basta un ejemplo. En Buenos Aires, el mayor distrito electoral, se presentaron nada menos que 23 agrupaciones para competir en las elecciones primarias de septiembre. Cada una de ellas recibirá $17.062.377 solo para imprimir sus boletas. Si logran superar la valla de las PASO, el monto se engrosa de manera considerable porque, según la última ley de financiamiento político, el Estado pagará el equivalente a dos boletas y media por cada elector, por lo que cada agrupación recibirá la friolera de $42.655.943 millones para imprimir sus boletas para las elecciones generales de noviembre.
Esta erogación, sin embargo, podría ser aún mayor y alcanzar cifras escandalosas si, como dispuso la Corte Suprema el año pasado, el Estado decide financiar la impresión de las boletas de cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente. El máximo tribunal, al dejar sin efecto un fallo de la Cámara Nacional Electoral, estableció que, por ejemplo en Santa Fe o en Córdoba, donde Juntos por el Cambio compite con cuatro listas en estas primarias, el Estado deba pagar la impresión de las boletas de cada una de esas nóminas. De acatar este fallo, el Ministerio del Interior debería desembolsar, en el caso de Córdoba, casi $4 millones a cada precandidato.
Esta erogación millonaria –cuestionable en medio de la crisis económica– podría ser muchísimo menor si, como recomendó la Cámara Nacional Electoral y alentaron –sin éxito– numerosas ONGs, se instrumentara la boleta única electoral. Sin embargo, el oficialismo no quiso avanzar en esta iniciativa como tampoco lo hizo, en su momento, el gobierno de Mauricio Macri que, obsesionado en aplicar la boleta única electrónica en todo el país, ignoró esta alternativa.
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Lo cierto es que, mientras no se instrumente la boleta única, el Estado afrontará gastos multimillonarios solo para imprimir las boletas de los cientos de espacios políticos que compiten en elecciones, aun los más ignotos o los que, en el pasado, hayan demostrado exhibir una magra cosecha en términos de votos.
Es el caso, por tomar un ejemplo, del Frente Patriota, de Alejandro Biondini, cuestionado por reivindicar el nazismo, que en las elecciones de 2019 solo obtuvo el 0,24%, ubicándose en el antepenúltimo puesto. Aun así, Biondini volverá a probar suerte en las próximas primarias como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Si repitiese su última performance electoral, difícilmente supere el desafío de las primarias –necesita alcanzar al menos el 1,5% de los votos–. Sin embargo, y por solo participar en las primarias, recibirá del Ministerio del Interior más de 17 millones de pesos para imprimir sus boletas.
A este monto se deben agregar, además, los aportes para la campaña que recibirán todas las agrupaciones políticas: según resolvió el Ministerio del Interior, se desembolsarán $168.000.000 entre los espacios que presenten precandidatos a diputados nacionales y otros $50.000.000 a los que postulen senadores en estas primarias. Estas cifras se duplicarán para todas aquellas agrupaciones que superen las PASO y compitan en las elecciones generales.
Hay más: el Ministerio del Interior también ordenó repartir otros $335.568.522 en concepto de aportes para el desenvolvimiento electoral de las agrupaciones. De ese monto, el 20% se distribuirá equitativamente entre todos los partidos políticos, mientras que el 80% restante se repartirá entre las fuerzas según los votos positivos que hayan obtenido en la última elección.
En definitiva, ser titular de un partido político asegura ingresos seguros por parte del Estado más allá de su desempeño electoral. Esto explica la proliferación de fuerzas políticas en la Argentina: según datos oficiales de la Justicia Electoral, en la actualidad hay 44 partidos políticos de orden nacional y nada menos que 676 partidos de orden distrital.
Alianzas estratégicas
No todos ellos competirán en estas elecciones, pero muchos de ellos sí lo harán pues, de no participar, corren el riesgo de perder su personería jurídica. La ley establece que deben presentarse en al menos dos elecciones nacionales consecutivas para mantenerse vigentes y, por lo tanto, seguir cobrando del Estado los aportes que garanticen su funcionamiento.
Esta sería una de las razones que explica por qué numerosas alianzas que se presentan en estas elecciones están integradas por más de una decena de partidos políticos, muchos ignotos. Por tomar un ejemplo, la alianza Juntos, que compite en Buenos Aires y que lleva dos listas a las primarias –la de Diego Santilli y la de Facundo Manes– está compuesta por 18 fuerzas políticas, algunas de ellas desconocidas, como el Partido del Diálogo o la Unión Popular Federal.
Lo mismo sucede con la alianza Frente de Todos en el distrito bonaerense, que está integrada por nada menos que 24 partidos políticos: allí conviven los tres espacios más importantes, el kirchnerismo, el PJ y el Frente Renovador, con agrupaciones minoritarias y desconocidas, como el Partido Mejor y el Partido Solidario.
“Hoy no existe una ley que regule las alianzas electorales –explica Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral–. Hay coaliciones que competirán en estas elecciones y que están integradas por más de 20 partidos políticos que saben que, si no compiten en dos elecciones consecutivas como marca la ley, podrían perder su personería jurídica y, por ende, los inhabilita a percibir aportes y a presentar candidatos. Aquí también talla otra ley, la que establece que los partidos políticos deben alcanzar en dos elecciones consecutivas el 2% de los votos del padrón. Seguramente si compitieran por separado no alcanzarían ese umbral, pero al integrar una alianza –y si esta supera ese límite–, no hay forma de distribuir esos votos entre sus socios integrantes. No hay reglas”, advirtió.
