En los Tribunales penales de Concepción hablan del “fruto del árbol envenenado”. El árbol sería Gustavo Gabriel Lindor Figueroa, quien durante 10 años trabajó como médico legista en la Regional Sur de la Policía pese a que carecía de título habitante. Los frutos consisten en los informes y certificados que aquel facultativo apócrifo confeccionó con motivo de los hechos ilícitos que requirieron su intervención. La constatación de que Figueroa no es médico obligó a la Justicia a hacer malabarismos para “salvar” casos de violencia fundadas en evidencias que aquel había proporcionado. El empeño de jueces y fiscales impidió que las causas “contaminadas” cayeran, pero sí hubo que morigerar acusaciones, y todavía está abierta la posibilidad de revisar condenas y absoluciones basadas en las pruebas de Figueroa.
Las complicaciones para los procesos, sobre todos los de violencia, aunque no exclusivamente, se materializaron dos semanas después de que trascendiera que el ciudadano oriundo de Villa La Trinidad había ejercido la Medicina con la matrícula de una profesional fallecida. Según pudo averiguar LA GACETA a partir del diálogo con fiscales, jueces y defensores de Concepción y de Monteros, la primera dificultad apareció durante la audiencia de un caso por presuntas lesiones leves y amenazas. En esas circunstancias, el acusador advirtió que Figueroa había revisado a la víctima y que otros informes se remitían a esa intervención. El hallazgo derivó en la exclusión de la prueba, que, a su vez, fulminó la imputación relativa a las lesiones, que ya no podían ser acreditadas de otra manera. El proceso siguió adelante por el delito de amenazas, que era el de menor gravedad. Otro caso idéntico en términos de imputación y de vicisitudes recibió la misma solución.
La identificación de la firma de Figueroa también perjudicó la investigación de una denuncia de abuso sexual. Otra vez fue necesario usar el ingenio para evitar que “el fruto del árbol evenenado” generara un escenario de impunidad. La salida en este caso fue transformar la acusación en un estupro.
Al menos tres jueces se vieron obligados a suprimir las evidencias generadas por Figueroa: Elena Grellet, Raúl Fermoselle y Cecilia Tasquer. Los fiscales Edgardo Sánchez, Fabián Assad y Julio Castro intervinieron en los procesos mencionados. Pero también hubo una “crisis” en Monteros relacionada con un fallecimiento sucedido en los Valles. Al parecer, el médico falso había firmado el certificado de defunción, rúbrica que obligaría a practicar una exhumación para seguir adelante con trámites sucesorios y atinentes a la administración de los bienes.
Aún es difícil calcular el impacto del caso de Figueroa, que enfrenta una causa penal por la supuesta usurpación de títulos y honores. Esa pesquisa radicada en los propios Tribunales de Concepción podría ayudar a identificar los procesos en los que el facultativo falso intervino y cuya base de pruebas debería ser analizada. Por el momento, esa evaluación procede “causa por causa” y en la medida en la que aparecen papeles sospechosos. Los magistrados consultados coincidieron en que, si bien el asunto implica un trastorno adicional para las investigaciones, en general las acusaciones suelen sustentarse en distintos indicios y evidencias, y no sólo en una actuación médica. En el Colegio de Jueces están tomando recaudos para prevenir males mayores, pero un planteo respecto de un caso terminado demandaría un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La hipótesis de máxima seriedad sería la de algún imputado condenado básicamente a partir de la información aportada por el ex agente de la Policía.
Ascenso y declive
Las irregularidades vinculadas al título habilitante de Figueroa quedaron expuestas en ocasión de que el Ministerio de Seguridad iniciara los trámites administrativos para ascenderlo. Figueroa, que tiene el grado de cabo, iba a ser promocionado al grado superior. El Departamento de Fiscalización Sanitaria del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) detectó que Figueroa no era el titular de la matrícula que había presentado en la fuerza. Luego, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Mateo Martínez, mediante el área de Fiscalización de Emisiones de Títulos y Certificados Analíticos, corroboró que el médico legista en cuestión no disponía del título habilitante.
Claudio Maley, ministro de Seguridad, dio a conocer la noticia que conmovió al sur de la provincia. El funcionario del Gobierno de Juan Manzur añadió que había desvinculado a Figueroa de la Policía y había radicado una denuncia penal. Maley explicó que fue la ministra de Salud, Rossana Chahla, quien lo alertó sobre la anomalía.
Una investigación de LA GACETA en Villa La Trinidad reveló que el agente cuestionado también atendía a particulares en un centro médico de su pueblo natal; cumplía funciones en la Mutualidad Provincial de Concepción, y había consignado en su currículum que era docente titular de la cátedra de Medicina Laboral y Enfermedades Profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Según las autoridades de esa institución, ese antecedente también es apócrifo.
Antecedente
Un abogado renunció a su designación de juez interino
Walter Ojeda Ávila renunció a ser designado vocal interino de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán en octubre luego de que una investigación de LA GACETA revela numerosas inconsistencias en el currículum que había presentado a la comisión de Peticiones y Acuerdos. Ojeda Ávila consignó, entre otros datos falsos, que tenía una Maestría de la Universidad de Barcelona (España) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que había aprobado la tesis con nueve. Una consulta a esas instituciones arrojó que el candidato elegido por el gobernador Juan Manzur había desaprobado el posgrado.
