Causó conmoción y dio que hablar durante buena parte de la década pasada, pero un día pasó al último plano judicial y político, y ya nadie recordaba la causa penal abierta para esclarecer las versiones relativas a que 27 legisladores habrían cobrado coimas en 2002 para habilitar la -luego fallida- reforma constitucional. Los años transcurridos sin novedades acerca de ese proceso de máximo interés público cesaron de repente el 8 de marzo cuando Karina Rivera, secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad, encontró el último cuerpo bajo un armario. Según consignó la propia actuaria, el acto procesal más reciente databa de 2010 y consistía en la sentencia de la ex jueza Mirta Lenis de Vera que anula el requerimiento de sobreseimiento. Esa resolución, que en los hechos implicaba la prosecución de la investigación, nunca habría sido notificada: el informe indica que entre las fojas había un número considerable de cédulas sueltas sin firma ni diligenciamiento. Las notificaciones fallidas habían sido elaboradas en 2014.
La pesquisa forma parte de las aproximadamente 250 causas paralizadas que Carolina Ballesteros dijo haber encontrado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 y que el 27 de marzo dio lugar a la apertura de una auditoría interna. La jueza, que llegó a ese despacho el 8 de febrero pasado, mandó una veintena de notas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para comunicar las anomalías identificadas, entre ellas el descubrimiento de al menos 13 actuaciones frenadas de pornografía infantil. Una de esas misivas da cuenta sobre las condiciones irregulares y la ausencia de trámite de la causa iniciada el 22 de febrero de 2002, que involucra a un puñado de altas autoridades del Estado.
El hallazgo no supone que vaya a continuar el trámite de este expediente con 17 años de antigüedad, sino todo lo contrario. Aunque la prescripción no corrió porque varios de los acusados jamás dejaron la función pública, la denuncia original del concejal y candidato Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) sería sepultada en forma definitiva por aplicación de la doctrina del transcurso del plazo razonable para el ejercicio de la acción penal (se informa por separado). El cierre sin comprobación de los supuestos delitos investigados beneficiaría a los 27 legisladores afines y opositores al Gobierno de Julio Miranda (1999-2003) que en su momento fueron acusados de haber recibido dinero a cambio de autorizar la enmienda constitucional que pretendía incorporar la reelección, finalidad que recién fue concretada en 2006 durante la gestión de José Alperovich.
Integran la lista de imputados Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Albero, Julio César Topa, Adriana Neske, Fernando Lossi, Juan Antonio Vildoza, Diego Nieva Sanzano, Gustavo Siciliani, Jorge de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta, Mariano Poliche, Leonor Lía Barquet de Delgadino, Rosa Augier de Rojas, Osvaldo Jaldo, José Fernando Orellana, David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares, Emilio Salvatierra, Edgardo Roberto Rocha, René Concha, Germán Alfaro, Teresa Felipe de Heredia, José Raúl Gutiérrez, Claudia Herrera, Camilo Khoder y Lilia Teresa Ramírez de Castro. En 2002, este grupo estaba conformado por 17 legisladores del Partido Justicialista, 4 del Movimiento Independiente, 4 de Fuerza Republicana, 1 de la Unión Cívica Radical (Vildoza) y 1 de Vanguardia Provincial (Poliche). En el presente, se destacan en el conjunto Jaldo, que es vicegobernador; Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; el diputado nacional Orellana y el legislador Ruiz Olivares.
Majestuosidad desgastada
La sentencia de Lenis de Vera que rechaza el sobreseimiento solicitado por el ex fiscal N°1, Pedro Gallo (padre del funcionario constitucional homónimo), no surtió efectos en parte porque, en principio, nunca salió oficialmente del despacho. Se trata de la enésima vicisitud imprevista registrada en esta causa, donde incluso Amelia Alejandra Ducca, entonces esposa de Poliche, afirmó ante el -en ese momento- fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, que se distribuyeron $ 2 millones (U$S 2 millones de esa época) entre los legisladores que aprobaron la iniciativa de la reforma constitucional a las 4 de la mañana del 20 de febrero de 2002, en medio de una crisis económica y social brutal, que incluyó saqueos, desnutrición infantil, y la declaración del default. Un mes después, en julio de 2002, al comparecer ante el ex juez N°4, Víctor Manuel Pérez, Ducca se desdijo y, en noviembre de 2003, la Corte excluyó la prueba basada en las palabras de la testigo.
Tiempo después, Gallo solicitó el sobreseimiento de los imputados con el argumento de que las denuncias eran amplias y ambiguas, y no habían sido probadas por las medidas practicadas. Además de Bussi, habían pedido el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos el abogado Alberto Exequiel Figueroa Torres y Exequiel Ávila Gallo, dirigente del partido Defensa Provincial Bandera Blanca. En su denuncia, Bussi había dicho que en octubre de 2001, en una mesa de la confitería Mirasoles (reducto de moda entre los políticos de entonces), el legislador De Faveri había expresado: “a nosotros nos están ofreciendo mucha plata para reformar la Constitución provincial”. El hoy concejal había añadido que en esa reunión participaron Pablo Walter (Cambiemos), Diego Nieva, Federico Hernán Martínez y Javier Morof (dirigente alineado al gobernador Juan Manzur y a Jaldo).
Nueve años atrás, Lenis de Vera, que accedió al beneficio de la jubilación con el 82% móvil en 2016, consideró que no había fundamentos para cerrar esta causa laberíntica y plagada de sobresaltos, como quería el ex fiscal Gallo. En esa resolución sensible, la ex titular del Juzgado N°5 precisó que los patrimonios de nueve de los 27 legisladores investigados habrían aumentado en forma sustancial entre el momento en el que habían asumido sus bancas, octubre de 1999, y febrero de 2002. Lenis de Vera desarrolló los casos de De Faveri, Augier de Rojas, Albero, Vargas Aignasse, Topa, Rojas Alcorta, Neske, Vildoza y Nieva Sanzano. En cada supuesto, la magistrada detalló la adquisición de inmuebles y de automóviles, así como las tenencias de efectivo y de dólares. Además, mencionó que la Legislatura habría obstaculizado la investigación al retardar el envío de las declaraciones juradas y de los datos sobre filiación exigidos. La jueza también consignó sus sospechas sobre que algunas de las manifestaciones de bienes habrían sido adulteradas.
“Se advierte que el requerimiento de sobreseimiento formulado por Gallo carece de fundamentación seria al no describir los hechos que se atribuyen a los distintos imputados en sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, elementos imprescindibles donde debería reposar la construcción lógica del pedido subordinada a las pruebas y a su valoración”, manifestó Lenis de Vera.
A partir de allí la causa entró en un letargo, con la excepción del intento de confeccionar las cédulas de notificación del fallo cuatro años después de su emisión. Antes de llegar al Juzgado N°5, el proceso había estado en otros dos despachos. El primer juez, Juan Carlos Tártalo (luego fue sustituido por Juan Francisco Pisa), pasó apenas unos días al frente del caso. La Corte lo apartó por haber reconocido sus convicciones peronistas con una copia de “La razón de mi vida”, el libro de Eva Duarte de Perón, sobre el escritorio. Ya el 1 de marzo de 2002 y al resolver un conflicto de competencia suscitado en este expediente, las entonces camaristas Silvia Castellote y María del Pilar Prieto advirtieron que correspondía evitar las dilaciones innecesarias y tender a finalizar los conflictos para ahorrar desgastes a la “majestad” de la Justicia como a su credibilidad.
Seis momentos en un proceso penal de 17 años
1- 30 de julio de 2002: Ducca se desdice ante el juez Víctor Manuel Pérez. Luego, la Corte Suprema excluye su testimonio como prueba válida.
2- 8 de marzo de 2019: la secretaria Karina Rivera encuentra el expediente abajo de un armario y con cédulas de notificación sin firmas ni diligenciamiento.
3- 20 de febrero de 2002: 27 legisladores oficialistas y de la oposición votan a favor de reformar la Constitución de Tucumán.
4- 22 de febrero de 2002: Ricardo Bussi pide la investigación del supuesto pago de coimas a los integrantes de la Legislatura.
5- 25 de junio de 2002: Alejandra Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche, dice que se repartieron U$S 2 millones entre los 27.
6- 3 de mayo de 2010: la jueza Mirta Lenis de Vera rechaza el pedido de sobreseimiento del fiscal Pedro Gallo, pero nunca notifica el fallo.
AUTOR
Irene Benito
