La jueza federal con competencia electoral, María Servini, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado Cristina Cao, con el mismo objeto que la denuncia que formuló el PRO: impedir que se implemente en plena campaña el programa Más Cultura Joven, que destinaba una suma de 5.000 pesos para jóvenes de bajos recursos entre 18 y 24 años. La denuncia penal fue por utilizar dichos fondos con fines proselitistas. Hasta que no pase el 14 de noviembre, el ministro de Cultura no podrá implementar el plan, ordenó la magistrada.
Dos denuncias fueron presentadas ante la justicia electoral con un mismo objetivo, impedir que el gobierno de Alberto Fernández, incida en el electorado con el uso de recursos públicos en plena campaña electoral. La causa apunta contra el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, por el programa “Más Cultura Joven” mediante el cual el Gobierno nacional otorgará una suma de cinco mil pesos a jóvenes de bajos recursos de entre 18 y 24 años con el supuesto objetivo de “potenciar el consumo de bienes y servicios culturales”.
Este jueves, la jueza Servini firmó la resolución, a la que accedió Clarín, haciendo lugar al inicio del caso y concedió la medida cautelar requerida por el partido que preside Patricia Bullrich.
“Con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente, corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción al Sr. Ministro de Cultura de la Nación, Sr. Tristán Bauer, al sólo efecto de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo”, sostiene la resolución de la jueza electoral.
La denuncia sostiene que ese aumento de partida presupuestaria para servicios culturales, “fijándose que el mismo podrá ser utilizado entre el 1 de noviembre de este año y el 30 de abril de 2022, a través del beneficio social, podrían derivar en una vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país”.
Al respecto Lucas Incicco, miembro del Comité Electoral por parte del PRO, sostuvo que dicho programa “tiene, en verdad, una clara intencionalidad política para captar el voto de sectores que fueron esquivos al Frente de Todos en las pasadas elecciones. El anuncio fue celebrado y publicitado por las autoridades nacionales como un acto de campaña política proselitista”.
Para la oposición, el anuncio del Ministerio de Cultura tenía como único propósito “un fin electoralista y proselitista que se esconde detrás de esta iniciativa incumple con el Código Electoral Nacional porque podría condicionar el voto de las personas beneficiarias, transformando el programa en una herramienta del partido de gobierno para revertir el resultado de las PASO”.
Por otro lado, Jimena de la Torre, Presidente de Bases Republicanas y miembro también del Comité Electoral, agrega: “advertimos que esta medida dispuesta por el Gobierno Nacional afecta directamente a los partidos políticos que no cuentan con elementos propios de los gobiernos de turno, violando el principio de igualdad del proceso electoral.
Es por este motivo que se requirió la medida cautelar a la que hizo lugar la jueza Servini y a través de la cual ordenó que el Ministro de Cultura se abstenga del uso de fondos públicos y de la implementación de medidas que puedan condicionar la voluntad de los electores el 14 de noviembre.
El Comité de Control Electoral está conformado por miembros de Juntos por el Cambio a fin de detectar y evitar hechos de proselitismo e intentos por parte de miembros del Frente de Todos para revertir el resultado de las PASO mediante el uso de fondos y herramientas del Estado Nacional, las gobernaciones e intendencias afines al partido de gobierno.
Dicho comité radicó una docena de denuncias poniendo bajo sospecha el manejo de fondos públicos con fines electorales en distritos como Buenos Aires, Entre Rios, Santiago del Estero, Río Negro, San Luis, entre otros.
Presupuesto millonario de Desarrollo Social
En el marco de las presentaciones judiciales realizadas, el abogado del PRO -Santiago Alberdi-, pidió al Ministerio de Desarrollo Social información sobre una ampliación presupuestaria destinado al programa Abordaje Territorial y que asciende a $ 10.850.000.000.En el marco de las presentaciones judiciales realizadas, el abogado del PRO -Santiago Alberdi-, pidió al Ministerio de Desarrollo Social información sobre una ampliación presupuestaria destinado al programa Abordaje Territorial y que asciende a $ 10.850.000.000.
El incremento según el Boletín Oficial se aplicó de la siguiente manera: Actividades centrales (programa Nro 1) $ 150.000.000, Abordaje territorial (programa Nro 20) $ 5.250.000.000, Políticas alimentarias (programa Nro 26) $ 6.500.000.000 al programa de abordaje territorial “Abrazar Argentina” “que se utiliza para repartir electrodomésticos, garrafas y otros artículos domésticos”, señala la nota.
El lunes el Ministerio de Desarrollo Social debe responder los criterios bajo los cuales se aplicarán dichos fondos, con qué finalidad. El PRO realizará la denuncia penal bajo el mismo sentido: el uso de recursos del Estado con fines electoral.
