Opinión:
Entre las numerosas novedades que trajeron las primarias del 12 de septiembre, una muy relevante es que las dos coaliciones que dominan la política nacional han modificado su formato. En el Frente de Todos aparecieron los gobernadores, los intendentes bonaerenses y los sindicalistas convencionales, que se mueven inspirados por las prosaicas manualidades de la gobernabilidad. No se sabe bien qué quieren, pero detestan el caos. La derrota les devolvió la voz. En Juntos por el Cambio la reconfiguración deriva de las propias elecciones. Los que conducen esa fuerza, con Horacio Rodríguez Larreta en primer plano, estimularon la competencia interna con el objetivo de que el votante disidente no abandone el club. Esa estrategia fue exitosa. Pero abrió una disputa de poder que se proyecta hacia las presidenciales de 2023. La innovación fue, en este caso, la reanimación del radicalismo, con figuras como Facundo Manes, Carolina Losada, Martín Tetaz o Rodrigo de Loredo, que se agregan a otras ya establecidas: van de Martín Lousteau y Luis Brandoni a Gustavo Valdés y Ernesto Sanz, de Alfonso Prat-Gay y Alfredo Cornejo a Gerardo Morales. Un cálculo tentativo indica que el radicalismo hoy representa el 45% de los votos que suma esa coalición. Es inexorable que con ese capital postule a un candidato a presidente. En la oposición, por lo tanto, se amplió también la mesa. El juego será mucho más complejo durante los próximos dos años.
En el oficialismo esta diversificación abre una gran incógnita: ¿ordenará la agenda de gobierno o la volverá todavía más enmarañada? Alberto Fernández parece encerrado en una torre de Babel. Si no fuera porque se refieren a temas dolorosos, las manifestaciones de desencuentro entre los socios que tuvieron lugar en estos días serían desopilantes. Sobre todo, porque ocurren en plena acción proselitista, que es cuando los políticos tienden a disciplinarse. No hace falta insistir en las contradicciones de los funcionarios frente a la insurgencia de un grupo, no muy grande pero bastante violento, de mapuches.
El mismo estilo argumental, que imita la pesadilla de un borracho, caracteriza la posición oficial frente a un problema mucho más previsible: la necesidad de sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es cada vez más evidente que esa posición es motivo de debate. El Presidente sorprendió a un grupo de empresarios, hace quince días, con la primicia de que el arreglo ya había concluido. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo lo contrario: todavía no hay un entendimiento porque el Fondo está atrapado en debates geopolíticos y rituales burocráticos. Esparce humo diciendo que su objetivo es que se reduzcan los sobrecargos para los préstamos que exceden la cuota del país en la institución. Mientras tanto, integra un trío con el bolivariano Andrés Arauz y con el griego Yanis Varoufakis, quien después de ser desplazado del Ministerio de Economía de Grecia por negarse a acordar un programa con el Fondo, salió a recorrer Europa en moto predicando en contra del organismo multilateral. Ajena a esas discusiones, la directora Kristalina Georgieva dijo que se puede hablar de todo, pero que es imposible avanzar si Guzmán no presenta un programa económico creíble. Es decir, uno distinto del que está insinuado en el proyecto de Ley de Presupuesto.
El embajador designado para Buenos Aires por Joe Biden, Marc Stanley, explicó en el Senado de su país lo mismo que Georgieva: hace falta que Fernández tenga un plan. Dijo también que la Argentina difiere de los Estados Unidos en su política de derechos humanos, sobre todo en relación con las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Y advirtió sobre la creciente influencia china en el país. Son declaraciones interesantes, porque permiten entender mejor qué fue a negociar Gustavo Beliz a los Estados Unidos durante el fin de semana pasado. Al cabo de su reunión con Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, la Casa Blanca emitió un comunicado alentando que se llegue a un acuerdo con el Fondo, y planteando la necesidad de coincidir en derechos humanos y un sistema de telecomunicaciones transparente. Es decir: la Argentina deberá girar en su relación con Nicaragua y Venezuela, y ser menos generosa con China. Es la factura por un apoyo en el Fondo. El que regula la relación cotidiana entre los Estados Unidos y ese organismo es un asesor de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Se llama David Lipton. Antes, como representante de su país en el organismo, negoció el programa que permitió a la Argentina acceder a un crédito de 57.000 millones de dólares. El crédito que, según insistió Guzmán el sábado, “financió la campaña electoral de Mauricio Macri”.
La música de fondo de este trabalenguas oficial son los cantos de campaña de La Cámpora diciendo que no hay que pagar la deuda. No está claro si no hay que hacerlo porque se la repudia, o porque se la renegocia a cambio de un ajuste. Cristina Kirchner ya dio alguna pista. Recordó que Juan Perón no quería al Fondo y que Néstor Kirchner le pagó al contado para emanciparse de él. Estas variaciones frente a lo que hace apenas semanas no se discutía, sugieren que en el Frente de Todos han comenzado a tomar consciencia del costo del acuerdo. Para dar una idea muy general del problema conviene recurrir al ejercicio teórico que realizaron Diego Bossio y Martín Rapetti: las tarifas deberían aumentarse 18% por encima de la inflación y la asistencia del Banco Central al Tesoro no podría ser superior al 45% del déficit fiscal, que a la vez debería reducirse en 1,5% del PBI.
¿Cristina Kirchner convalidará un ajuste de esa dimensión? El interrogante debe ser formulado de otro modo si se repite la derrota en la provincia de Buenos Aires. El aparato territorial del PJ está mucho más movilizado que en septiembre. Y el Presidente hace pantomimas de dudosa efectividad, como inaugurar no una fábrica, sino una máquina dentro de una fábrica, que se compró por 200.000 dólares financiados por el BICE. Un departamento en Flores. Es la versión en miniatura de la fábrica de chacinados de 600.000 dólares, estrenada en Tucumán, a la que hubo que instalarle una instalación eléctrica de emergencia para que el día del estreno hubiera luz.
Pero las encuestas pronostican que el resultado será parecido. En el gabinete nacional el único que no duda en que el oficialismo revertirá ese resultado es Eduardo “Wado” De Pedro. El ministro del Interior suele bromear: “Si no me convenzo de que es posible ganar, no tengo suficiente estímulo para pelear”. Un soldado. Si se reitera la caída, ya no habrá carta alguna capaz de disimular la responsabilidad final: habrá reproches hacia la vicepresidenta, que es quien diseñó el experimento oficial. En ese escenario, la hipótesis más probable es que ella quiera replegarse sobre sus consignas y creencias, celosa de mantener a su feligresía más leal.
No es un pronóstico. Es un escenario. En tal caso, ¿los actores del PJ que han recuperado protagonismo impondrán un rumbo al Presidente? En la reunión que mantuvo con un grupo de gobernadores en La Rioja, a Alberto Fernández le indicaron que debía unificar las decisiones, terminar con los subsidios que alimentan a los movimientos sociales, y encarar el problema del déficit fiscal. Nadie habló del acuerdo con el Fondo. Pero sí de políticas que se parecen al acuerdo con el Fondo. En cambio Juan Manzur, en Nueva York, ante un financista que le planteó la posibilidad de que la señora de Kirchner no convalidara un ajuste, tomó coraje y dijo: “La Argentina es un país muy federal, en el que la opinión de los gobernadores es muy importante”.
La historia no se repite, pero el aire trae recuerdos de 2002, cuando Eduardo Duhalde despidió a Jorge Remes Lenicov y anunció que rompería con el Fondo. Juan Carlos Romero, Felipe Solá y Carlos Ruckauf lo encerraron en un cuarto, le hicieron leer 14 resoluciones que debería adoptar, idénticas a las que pretendían en Washington. Fue cuando incorporó a Roberto Lavagna como ministro. ¿Es posible que se repita esa escena en una encrucijada dramática? ¿Quiénes serían los Romero, Solá y Ruckauf de este momento? Es posible que Manzur no esté entre ellos: su pérdida de poder se ha acelerado. Osvaldo Jaldo, el vicegobernador a cargo de Tucumán, acaba de decapitar a Claudio Maley, el escandaloso ministro de Seguridad de Manzur, reemplazado ahora por Eugenio Agüero Gamboa. A Manzur le están tomando la casa.
En Juntos por el Cambio las piezas se mueven como en un espejo. Hoy el radicalismo hará sentir su nueva presencia con un acto en el estadio de Ferro, conmemorativo del que se realizó en la campaña de Raúl Alfonsín de 1983. Es una señal al Pro y, sobre todo, a Horacio Rodríguez Larreta. Le quieren hacer ver que, a pesar de su envidiable popularidad, tendrá que mantener con la UCR un trato muy distinto del ninguneo de Macri. El emblema de este reclamo hoy es Manes. El protagonismo de Manes es imprescindible para que Larreta pueda hacer triunfar a su candidato Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo que Tetaz y Ricardo López Murphy son esenciales para que, en la ciudad, María Eugenia Vidal resista la embestida de Javier Milei.
El juego de Manes es relevante para Larreta pero también para la UCR. Mucho antes de que empiece la campaña, el neurólogo informó a sus correligionarios que un amigo lo había invitado a presentarse como candidato en la Capital, por fuera de Juntos por el Cambio. Ese amigo era Wado de Pedro, quien imaginaba una alianza con la UCR porteña. Ese vínculo sigue siendo estrecho. Y es posible que De Pedro siga soñando en alguna martingala con Manes. La relación entre ambos ha sido mediada en ocasiones por el jujeño Gerardo Morales, de relaciones impecables con el oficialismo. A Morales se le atribuye haber sido uno de los mecenas de la campaña de Manes. ¿Hay en algún mapa secreto una combinación insospechada? ¿Será utilizada por los radicales para presionar a Larreta?
Mientras los radicales caminan hacia Ferro, en Dolores habrá otra ceremonia. Allegados a Macri y Patricia Bullrich convocaron a una manifestación para acompañar al expresidente al tribunal de Martín Bava, que le tomará declaración indagatoria en la causa por el espionaje clandestino de la AFI a los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan.
La invitación de Macri y Bullrich es un papel de tornasol de los alineamientos internos. Los radicales tienen la excusa perfecta en Ferro. Ven el acto de Dolores como una iniciativa del Pro. Muchos creen que es un movimiento inconveniente, que asimila a la oposición con manifestaciones similares que realizaba Cristina Kirchner para presionar a la Justicia con el argumento de la persecución.
Larreta se pronunció a favor de Macri. Pero no estará en Dolores. Santilli tampoco. Es razonable: sobran evidencias judiciales de que ambos fueron espiados, igual que otras figuras públicas como el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, por la misma AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En el caso de Santilli, el Gobierno ahora lo hostiga con los datos recabados en esas incursiones ilegales. Ya es bastante que se solidaricen con el expresidente por lo que se considera una causa politizada.
Es verdad que la citación a un expresidente en pleno proceso electoral es repudiable. En Tribunales las versiones aseguran que Bava mantuvo una estrecha relación con el gestor judicial de Antonio Stiuso, Javier Fernández, quién más tarde prestó servicios al gobierno del propio Macri. Hoy el sinuoso Fernández es auditor y se declara un alfil de la señora de Kirchner. Pero, en realidad, ya no recuerda a quién responde.
A esta atmósfera muy poco edificante se agrega que la principal abogada de los familiares de los fallecidos es una militante oficialista que detesta a Macri. Se llama Valeria Carreras y organiza charlas vía zoom entre la jefa de la AFI, Cristina Caamaño, y las víctimas del espionaje. Con esos rivales, Macri tiene suerte. El expresidente recusó a Bava, pero su planteo fue rechazado ayer por la Cámara Federal de Mar del Plata. Se ve que los radicales, que podrían haber influido en esta cámara, estaban entretenidos con Ferro.
Más allá de este contexto faccioso, la causa del espionaje por el hundimiento del submarino está quebrando lealtades en el Pro. Majdalani admitió que hubo espionaje y lo justificó en la seguridad del Presidente. Macri fue contundente y declaró: “Yo no espié, ni mandé a espiar”. La palabra clave es “yo”. Majdalani dejó trascender que alguien del Gobierno le había ofrecido quedar limpia de cualquier acusación a cambio de que entregara a Macri y a Arribas. Un mensaje de la controvertida “Turca” para Macri y para el frívolo Arribas. Mientras tanto, funcionarios inferiores de la AFI de aquel entonces se resistieron a declarar lo que les pidieron emisarios de Majdalani: que los seguimientos a los familiares de los muertos son algo habitual en las prácticas de la AFI. De ese modo, el responsable sería Macri.
Por: Carlos Pagni
