El gobernador Osvaldo Jaldo promulgó el proyecto de ley sancionado el 28 de octubre pasado por la Legislatura con el voto del peronismo y del bussismo, cuyo objetivo es autorizar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a adquirir mediante contrataciones directas todas las obras, materiales, bienes, insumos, equipamientos y servicios que resulten necesarios para la edificación de las unidades habitacionales enmarcadas en aquel plan nacional.
La polémica ley fue aprobada con el apoyo del oficialismo peronista y de sus socios de Fuerza Republicana.
“La obra pública es un elemento fundamental para salir de esta situación económica en que nos introdujo la pandemia. La construcción es el motor fundamental para poner en marcha de nuevo el aparato productivo del país. Les pedimos a todos los legisladores que acompañen con su voto este proyecto”, indicó el jaldista Tulio Caponio.
Ricardo Bussi volvió a mostrarse como aliado del peronismo y afirmó que, si bien históricamente cuestionó las contrataciones directas, apoyaba la iniciativa debido “a los tremendos tiempos que nos hace vivir este gobierno” del Frente de Todos. Destacó el impacto de la construcción de viviendas. “Tucumán se lo merece”, indicó.
Nadima Pecci (Valores Republicanos) lo contradijo, y afirmó que “de ninguna manera” apoyaría la contratación directa. “La licitación pública se debe realizar, como establece la Constitución. Porque tiempo hubo, como hubo para otras cosas”, indicó.
El radical José Ricardo Ascárate requirió una serie de modificaciones sobre la iniciativa, y cuestionó que el Gobierno provincial no avanzara antes con los trámites para definir qué firmas participarán del ambicioso proyecto. “¿No pudieron en este tiempo efectuar los pliegos licitatorios?”, reprochó. Y propuso que la contratación directa sea “previo cotejo de precios”. “(De lo contrario), el señor presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción decide qué empresas trabajan y a quién se adjudica, y esto viene ocurriendo en Tucumán”, afirmó.
Por otra parte, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Roque Álvarez, desestimó que el programa habitacional tenga fines electorales, como habían deslizado en la oposición. “La gente tiene su participación partidaria donde cree que están los dirigentes que le van a brindar un futuro mejor”, afirmó.
La flamante normativa fue rubricada el 3 de noviembre por Jaldo y por el ministro de Economía, Eduardo Garvich. Sin embargo, fue publicada en la edición de este lunes del Boletín Oficial de la Provincia, bajo el número 9.420, por lo que, en los hechos, ya se encuentra operativa.
Esta ley, además, da el visto bueno al IPVyDU para que celebre contratos directos “con cooperativas cuyo objeto sea adecuado a las finalidades del Programa Nacional Casa Propia – Construir Futuro, sobre un 30% del total de las nuevas unidades habitacionales y todas sus obras complementarias para su habitabilidad”.
El tercer artículo, en tanto, autoriza al Instituto de la Vivienda a adquirir mediante contratación directa los inmuebles necesarios para las obras que ejecuten en el marco de este plan nacional.
El principal argumento que brindó el oficialismo al impulsar este proyecto, que evita todo el proceso de adjudicación mediante licitaciones públicas, fue la necesidad de darle celeridad a la ejecución del programa “Casa Propia”.
