A tres días de dejar su cargo de senador, José Alperovich hizo uso de sus fueros por última vez y declaró a través de un escrito durante el juicio contra el exfiscal Carlos Albaca, acusado de encubrimiento durante la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
En su declaración, el exgobernador señaló que estaba comprendido en las generales de la ley por las expresiones públicas del padre de la víctima, Alberto Lebbos, y de su abogado, Emilio Mrad. El ex mandatario no lo dijo de forma expresa, pero insinuó que había una enemistad manifiesta con el padre de Paulina. Además afirmó que conocía al exfiscal imputado por el giro de una de sus empresas, pero, ante un gesto de asombro del acusado y tras una consulta, este negó la versión. “Mi respuesta a la pregunta ‘i’ es que conozco a Albaca. Alguna vez fue por la concesionaria a averiguar por un vehículo”, contestó.
“Tengo dos autos y ninguno de la marca que él vende (Volskwagen): un Peugeot de 2006 adquirido en Indiana y un Chevrolet Corsa de 2001 que compré en Gemsa”, precisó Albaca tras oir los dichos de Alperovich.
En abril de 2006, en declaraciones a la prensa, Alperovich expresó: “Vamos a encontrar en pocos días la verdad. Ya se conoce al verdadero asesino y forma parte de una banda. No puedo dar nombres, pero existen pruebas de quién fue y quién tiró el cuerpo. Todos irán presos, porque aquí no se protege a nadie”.
Sobre estas afirmación, el senador en uso de licencia, contó que realizó los comentarios por recomendación de los entonces ministro de Seguridad, Mario López Herrera, y jefe de la Policía, Hugo Sánchez -condenado por el encubrimiento del crimen de Lebbos-. Alperovich explicó que él recibió la información de parte de sus colaboradores antes de hablar con la prensa y que, después, “se desdibujó la hipótesis” sobre la que se asentaban sus manifestaciones.
Además, aseguró que “nunca había llegado a su despacho” una nota del 9 de mayo de 2006 presentada por Alberto Lebbos con el detalle y las pruebas de las anomalías constatadas en el proceder policial y entre los funcionarios del Ministerio de Seguridad, algunos de los cuales, como Sánchez, terminaron condenados tras el segundo enjuiciamiento a agentes estatales que debían esclarecer la causa “Lebbos” (el de Albaca es el tercero mientras que el de los policías de Raco fue el primero). “Como no conocía el pedido (de Lebbos), no pude ordenar medida alguna”, respondió.
Sobre el hecho de que su exsecretario privado, Alberto Kaleñuk, había colocado una casilla en un terreno en El Cadillal, en el escrito el declarante admitió que estaba al tanto de la situación. “Un funcionario o personal del Ente de Turismo me comentó que Kaleñuk había asentado una casa en El Cadillal. En forma inmediata dije a Kaleñuk que no correspondía lo que había hecho y que dejara el predio”, agregó el testigo. En el juicio contra Albaca, Luis Daniel Olivera, dueño del camping 27 de Agosto donde estaba la cabaña en cuestión, admitió que había usurpado la tierra y expresó que Kaleñuk le pidió un pedazo a cambio de gestionarle la conexión eléctrica. A continuación, el fiscal Gerardo Salas y el abogado de la Provincia, que es codemandada civil en la causa, solicitaron la investigación de Olivera.
Por último, Alperovich se desentendió de la contratación de comisarios cuestionados por su actuación en la causa Lebbos: dijo que ello había sido una decisión del Ministerio de Seguridad de su Gobierno. Asimismo justificó la contratación de Sánchez y de Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía también condenado, como asesores del Poder Ejecutivo luego de que prescindiera de sus servicios por las polémicas e irregularidades en las que aquellos estaban involucrados. “Mi respuesta es que como (Sánchez y Barrera) habían sido desplazados en sus funciones y por la experiencia que tenían en sus áreas de trabajo, me resultaba útil contar con ellos en el Ejecutivo”, remarcó. Antes de terminar el testimonio, aseguró que él en todo momento ofreció la colaboración del Gobierno para el esclarecimiento del crimen de Paulina Lebbos.
