Ayer se celebró el Día Internacional contra la Corrupción como cada 9 de diciembre. Se trata de una fecha que fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con la intención de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. Y vaya que sabe Argentina, en general y Tucumán en particular, el tremendo daño que este flagelo produce en la sociedad.
Esta fecha fue instaurada con el objetivo principal de promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que, durante el mismo período, se suelen robar 2,6 millones de dólares mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del producto bruto interno mundial.
Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos. En este marco, cabe preguntarse ¿Y por casa cómo andamos? Y es que, en realidad, en nuestra provincia lo que se festeja no es la lucha, sino todo lo contrario. Lo que se celebra es “la corrupción y la impunidad”.
En ese marco, cabe señalar que este año, al igual que en el 2020, Tucumán estuvo tan metido en la pandemia del coronavirus, como sí hundido en el barro de la corrupción y de la crisis institucional. Si para muestra basta un botón, no cabe duda de que un caso emblemático de corrupción e impunidad enquistada es el de Jorge Yapura Astorga, ya que han transcurrido nada menos que unos 17 meses desde que quedó firme la Elevación a Juicio Oral.
Sin embargo, hoy, igual que ayer y que hace casi un año y medio, todavía no existe fecha alguna para el juzgamiento de quien hasta sus propios colegas en la Legislatura saben que se trata de un corrupto. De alguien que no dudó en llevar a cargo una asociación ilícita con parte de su propia familia. Al menos, así lo determinó la Justicia, la misma que ahora se niega a enjuiciar a Yapura Astorga.
Pero como si de una cloaca maloliente se tratara, todavía el hedor es más profundo cuando se toma en cuenta que la Justicia no sólo cubre y protege al legislador oficialista acusado de haber cometido sendos actos de corrupción. Sino que también impide que, por ejemplo, avance la denuncia en contra de la expresidenta y ahora vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar.
Y es que en Navidad se cumplirán dos meses desde que se presentó la pertinente denuncia en su contra, en la que se da pie a que deba ser investigada en el marco de una causa por corrupción que se tramita en la Cámara Penal Conclusional Sala III. Justamente, la que involucra a Jorge Yapura Astorga. Es por ello que fue acusada de haber cometido una presunta violación de los deberes de funcionario público.
Pero para que esto último no sea algo abstracto, cabe explicar que, de haber avanzado la necesaria investigación, la calificación legal podría modificarse a una más estricta, al punto de que Claudia Sbdar podría (y debiera) ser acusada del supuesto delito de “encubrimiento agravado”. Ahora bien, cabe aclarar que la razón por la cual esta denuncia ingresó en la Justicia se debe a que la vocal hizo algo verdaderamente serio.
Y es que Claudia Sbdar, en su carácter de titular de la Corte hasta el mes pasado, omitió nada menos que el ejercicio de las facultades de Superintendencia en lo que hace a las actuaciones de Superintendencia número 5695/21 en la que se encuentran denunciados los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli.
Justamente, tres nefastos magistrados que también fueron denunciados a causa de sus inacciones deliberadas que demoran la posibilidad de un debate oral y público en el marco de la causa caratulada “Yapura Astorga Manuel Jorge y otros/ peculado y otros delitos” que se tramita en la Cámara Penal Conclusional Sala III. Es por ello que la culpabilidad de Claudia Sbdar es verdaderamente grande.
Por la sencilla razón de que jamás hizo nada para ordenar a los tres jueces antes mencionados que arbitren los medios necesarios con el fin de que se fije la fecha del debate oral y público para el juzgamiento del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga. Pero cuando se creía que peor no se podía estar, nos encontramos con que Edmundo Jiménez sería otro mega encubridor de la maliciosa demora en esta causa.
Y es que el titular de la acción pública es el Ministerio Fiscal, que también debe ser gestor de los intereses de la víctima, pero en este caso es el gestor de los intereses de los acusados. Esta afirmación no resulta temeraria a causa de que quedó clara la evidente “curiosa inacción” de Edmundo Jiménez para con la causa penal contra Claudia Sbdar. Y es que fue contundente su inacción manifiesta tras haber recibido hace casi un mes una carta documento intimándolo.
Cabe recordar que en la misma se lo instaba a proceder en los días siguientes a la inmediata sustitución del Fiscal Regional, Mariano Fernández, ya que éste último no comenzó todavía la investigación en contra de la entonces presidenta de la Corte, Claudia Sbdar. A esta altura, no debe quedar duda alguna acerca de que, si no hay fecha de debate oral y público en la causa de Yapura Astorga, en la misma habría una clara maniobra de encubrimiento.
El cual comienza en Claudia Sbdar y termina en los vocales Fradejas, Romagnoli y Morales Lezica, pero también sería corresponsable Edmundo Jesús Jiménez. En definitiva, lo que no se puede entender todavía es que se trata de una provincia en la cual, integrantes de la Corte Suprema local, actúan más como punteros políticos del oficialismo, que como garantes de Justicia para toda la ciudadanía.
Bien lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: “la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública”. Es por ello que propuso que se refuercen sistemas más efectivos de rendición de cuentas transparencia e integridad. Pero claramente eso será casi inviable en una provincia cuyo poder político y judicial están al servicio de sus propios intereses en lugar de privilegiar los del pueblo.
