El oficialismo no se limita a mitines multitudinarios a fuerza de aparatos para alimentar el ego de quienes conducen el país en medio de una tormenta financiera. En las últimas semanas, con particular intensidad, han recrudecido los embates desde sectores del Gobierno y del kirchnerismo contra periodistas. Después de ser sobreseída sin juicio en la causa Hotesur-Los Sauces, puede decirse que Cristina Kirchner va por más.
Como en sus mejores épocas, va por todo. Aunque esta vez, solo sea para quedarse con su impunidad. Y es que está claro que desde el oficialismo se desplegó una estrategia de amedrentamiento del periodismo, que pareció tener su punto de inicio, un mes antes de las elecciones generales, con el ataque del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al humorista Nik.
Aunque siguió más recientemente con llamativas declaraciones del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, cuando pidió “regular” a los medios de comunicación “porque la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen”. Reflotó así la “ley de medios”, sancionada en 2009 a instancias del gobierno de Cristina Kirchner y desactivada durante la gestión de Mauricio Macri, tras numerosas objeciones sobre su inconstitucionalidad.
Una ley por cuyo retorno ha venido abogando el senador Oscar Parrilli, uno de los más fieles adláteres de la vicepresidenta de la Nación. Como adelantamos desde Tucumán Despierta, en los últimos días, el periodista Hugo Alconada Mon también fue objeto de duros ataques, vertidos a través de medios manejados por el grupo empresarial de Cristóbal López, en vísperas de que el Tribunal Oral Federal 3 se pronuncie en la causa judicial conocida como Oil Combustibles.
Como si esto fuera poco, los intentos desde el oficialismo por silenciar a la prensa independiente también se advirtieron en el interior del país. Más precisamente, en nuestra provincia, ya que la periodista Irene Benito sufre una nueva escalada de acoso judicial, según un pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Fue citada a declarar como imputada en una causa penal iniciada.
Pero no se trata de cualquier causa, sino de una que comenzó un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial, Alfredo Falú. Irene Benito había publicado numerosos artículos críticos sobre el Poder Judicial provincial, como consecuencia de lo cual sufrió agresiones.
Al igual que sus familiares, por parte de sectores de la Justicia y del partido gobernante en Tucumán. La citación judicial de la periodista se produce en momentos en que se está gestando un cambio de autoridades en la Corte Suprema tucumana, ahora presidida por un exfuncionario del oficialismo, como Daniel Leiva. Se trata de amedrentar y exteriorizar un mensaje disciplinador que disuada a los periodistas independientes de investigar presuntos hechos de corrupción.
La suma de estos hechos que involucran a funcionarios ligados al kirchnerismo nos retrotrae a los tiempos en que el gobierno de Cristina Kirchner intentó arremeter de diversos modos contra el periodismo que se abstuvo de rendirle pleitesía. Claro que, en el presente, el kirchnerismo dejó de tener mayoría propia en el Senado y se alejó de una posición preponderante en Diputados. Un contexto que lleva a preguntarnos cuál habría sido el nivel de atropello a la prensa libre si el resultado electoral de noviembre hubiese favorecido al oficialismo.
