El 13 de agosto de 2008, a un costado del viejo camino a Navarro, alguien plantó los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Desde ese día, los investigadores se hicieron varias preguntas: quién los ejecutó, quién los mandó a matar y por qué. Y esas preguntas, respuestas incompletas mediante, llevaron a otras: quién controló el negocio de la efedrina, cuántas toneladas se traficaron y quién se quedó con los millones. En el 2012, los jueces del tribunal de Mercedes dieron la primera respuesta del caso: los Lanatta y los Schillaci, con «apoyo institucional», fueron partícipes necesarios del triple crimen. Sin embargo, nadie pudo develar, hasta ahora, quiénes, desde el Estado, los ayudaron o, peor aún, quiénes los contrataron para hacer lo que hicieron. Hoy, trece años después, los jueces de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, según el fallo al que accedió Encripdata, respondieron un interrogante más: Ibar Esteban Pérez Corradi, con falta de mérito como autor intelectual del triple crimen, ganó por lo menos un millón de dólares traficando efedrina hacia cárteles mexicanos.
Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky hicieron lugar a los recursos de casación interpuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la sentencia de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 porteño, que si bien condenaron en 2018 a Pérez Corradi a 2 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber lavado 186.856 pesos (60.865 dólares a la cotización oficial de la época) de la «mafia de los medicamentos», también absolvieron por el beneficio de la duda a su exesposa Liliana Aurehhuliu por no poder comprobar si sabía que el millón de dólares que blanqueó era de la «ruta de la efedrina». La jueza Ángela Ledesma votó en contra de revisar el fallo.
La fiscalía había pedido condenarla a solo 2 años y 6 meses.
Pase lo que pase, Aurehhuliu no irá a la cárcel.
Pérez Corradi, tampoco volverá a prisión.
Pero no consiguió hacer zafar a la madre de tres de sus hijos.
Asesorado por los abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli, Pérez Corradi, tras cuatro años prófugo en la triple frontera, declaró como «imputado colaborador» en la «ruta de la efedrina», no porque estuviera arrepentido de lo que hizo sino para negar cualquier participación en el «triple crimen». Como lo acusaban de haber dado la orden de matar a Forza, Ferrón y Bina para que no le «cagaran el negocio», no le quedó otra que reconocer que había traficado 13 mil kilos de ese precursor químico hacia cárteles mexicanos para sostener que las víctimas lejos estaban de ser «competencia». Esa jugada lo llevó a ser condenado a 7 años de prisión por narcotráfico, pero también lo hizo zafar, hasta ahora con falta de mérito mediante, de una cadena perpetua por el triple homicidio. En ese contexto, los letrados plantearon que la plata que lavó Pérez Corradi no era de la «mafia de los medicamentos» sino de la «ruta de la efedrina» y que, por lo tanto, no podían condenarlo porque, a la fecha de los hechos, la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos no contemplaba el autolavado.
Ahora, en su voto, el juez Carbajo recordó que el tribunal demostró que Pérez Corradi había lavado 186.856 pesos de la «mafia de los medicamentos» y no de la «ruta de la efedrina» al recibir entre el 21 de abril de 2008 y el 13 de junio de ese año cheques en su caja de ahorro del Banco Privado de Inversiones SA provenientes de Néstor Lorenzo, de Droguería San Javier SA, Carlos Torres, de Multipharma SA, y Juan José Zanola, de la Obra Social Bancaria. A trece años de esas maniobras, el tribunal aún no comenzó el juicio contra los tres acusados y compañía, pero el camarista consideró suficiente la plataforma fáctica de los hechos como el delito precedente.
En el 2008, Pérez Corradi ganaba 12 mil pesos gracias a su empresa San Eduardo.
Aurehhuliu, como monotributista categoría E, podía facturar hasta 72 mil pesos anuales.
A pesar de esos ingresos, los acusados se mudaron el 16 de abril de 2008 a una casona de la calle Ladislao Martínez 1437, Martínez valuada en un millón de dólares, es decir, después de que Pérez Corradi desviara toneladas de efedrina hacia cárteles mexicanos, pero antes de que pusiera su cuenta bancaria a disposición de la «mafia de los medicamentos». En ese momento, Aurehhuliu tal vez no sabía a qué se dedicaba su marido, después de renunciar al Banco Nación en el 2002, pero sí debió sospechar del origen de los fondos por todo lo que vino después: el 15 de agosto de 2008, al ver que los medios lo vinculaban al triple crimen, Pérez Corradi se puso a disposición de la fiscal Ana María Yacobucci. De hecho, ese mismo día, le firmó a su mujer un poder amplio de administración y disposición porque, como explicaría muchos años después, los dos sabían que a él lo estaban por detener. El 2 de diciembre de 2008 firmaron el divorcio.
Es más: el 21 de octubre de ese año, con la orden de detención en la mano, policías federales hicieron frenar la camioneta de la familia, pero viajaba solo ella y, por eso, él se entregó al día siguiente. Entonces, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso su prisión preventiva por el pedido de captura internacional de una fiscalía de Maine. Pérez Corradi las hacía todas: además de traficar efedrina hacia cárteles mexicanos, también mandaba pastillas de oxicodona a Estados Unidos. Sin importarle todo eso, Aurehulliu, a través de la Ley 26.476, exteriorizó el 18 de junio de 2009 el millón de dólares con el que había comprado el año anterior la casa de Martínez y, gracias a ese beneficio legal, finalmente la escrituró el 31 de agosto de 2009.
Entonces, lo obvio: Pérez Corradi desvió efedrina hacia narcos mexicanos y sabía para que la querían.
Lo también obvio: Aurehhuliu blanqueó parte de las ganancias y tenía datos como para sospechar sobre su origen.
En definitiva, los camaristas Carbajo y Borinsky resolvieron reenviar las actuaciones a su origen para que «se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y a las constancias en auto», o sea, para que los integrantes del tribunal que absolvieron por el beneficio de la duda a Aurehhuliu vuelvan a emitir sentencia teniendo en cuenta este razonamiento lógico por el cual la acusada no solo lavó un millón de dólares sino que sabía que era de la efedrina.
Pero la triangulación de ese precursor químico entre China, India, Argentina y México dejó mucho más que ese millón de dólares en el país. La jueza federal María Servini determinó que se importaron 47.625 kilos de efedrina entre 2004 y 2008, de los cuales casi 41.000 kilos finalizaron en manos de condenados, procesados o imputados por maniobras de narcotráfico». Pérez Corradi fue un jugador importante, por sus manos pasaron 13 mil kilos, tantos que Forza, Ferrón y Bina nunca estuvieron a su altura, pero no fue el único porque otros empresarios traficaron los restantes 28 mil kilos.
Los laboratorios importaban a 50 dólares el kilo de efedrina desde China o India. Pérez Corradi confesó que les pagaba 570 dólares el kilo a Josué Fuks y Alfredo Abraham, dueños de Farmacéuticos Argentinos SA (FASA), y que lo revendía a 1.500 dólares a Arturo Alonso Cota Lomeli, alias «Alexis», primero a través de Maximiliano «Fantasma» Romero y luego directamente con él. Como reveló Encripdata el 10 de diciembre de 2020, «Alexis» era el encargado de conseguir la efedrina para los García Mena, la célula mexicana instalada a cuatro cuadras del Abasto, que la contrabandeaba en barco hacia su país de origen, cerrando así el negocio millonario.
A esos precios, Pérez Corradi habría facturado 7 millones de dólares. Y eso que no la importaba ni la exportaba. A eso, obviamente, habría que desconectar las coimas hacia los integrantes de la Policía Federal (PFA) y la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que le dieron cobertura desde 2006 hasta que cayó el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú, Brasil, en un operativo conjunto de las autoridades de ese país y sus pares paraguayos.
Un millón fue para la casa de Martínez.
El resto de esos dólares es un misterio.
«Fantasma» Romero, ese otro intermediario, también hizo mucha plata: como publicó Encripdata, los jueces de un tribunal llevan adelante el juicio en su contra no solo por desviar 9.050 kilos sino también por adquirir, con la plata de la efedrina, el Solar de los Reyes en Colón, Entre Ríos, un complejo de doce cabañas con yacuzzi, gimnasio, SUM, quincho, parrilla y dos piletas, dos lotes en el barrio privado Haras del Pilar, la mitad del edificio de cinco pisos de once unidades de la calle Valentín Virasoro 718 y tres autos.
Los García Mena, la célula mexicana que operaba a cuatro cuadras del Abasto, compraron en 2006 el fondo de comercio de Odal SRL para quedarse con el edificio de la calle Valentín Gómez 3550. A los vendedores les dijeron que querían convertirlo en un hotel, pero en realidad lo usaron como búnker tanto para las mulas como para la sustancia. También sumaron cuatro autos y dos Harley-Davidson. Esos eran sus bienes en Buenos Aires: puesto en México, cada kilo podía renegociarse por hasta 10 mil dólares.
Cuando terminó de explotar la «ruta de la efedrina», no por el allanamiento de la quinta de Ingeniero Maschwitz sino por el triple crimen, vendieron todo ese mismo año para regresar a su país. En esa huida, Denisse Nayely Juárez Lima quiso abordar el 9 de octubre de 2008 el vuelo MX1692 de Mexicana de Aviación, pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió que intentaba contrabandear 175 mil euros, 3.650 pesos mexicanos, 545 dólares y 72 pesos, que le costó una pena a 3 años de prisión en suspenso.
La jueza Servini ordenó la captura internacional de los siete integrantes de la célula de los García Mena: cuatro ya fueron detenidos en México y esperan ser extraditados.
No son los únicos que faltan extraditar: Fuks, el gran importador de efedrina para Pérez Corradi al amparo de un sector de la SIDE, cumplirá el 24 de febrero ni más ni menos que 13 años prófugo de la Justicia, pero él no necesitó esconderse: vive cómodamente en Israel con nueva identidad y todo. Miembro de la colectividad judía, sabía que no existe tratado de extradición entre los dos países. A finales del 2020, tuvo ganas de volver a la Argentina: solicitó la eximición de prisión, pero el juez federal de Campana Adrián González Charvay lo rechazó. No le queda otra opción más que seguir en Tel Aviv y a veces en Petah Tikva.
Así, poco a poco, la Justicia confirma quiénes se quedaron con los millones de la efedrina. Pero si no fue Pérez Corradi, falta saber lo más importante: quién ordenó el triple crimen de Forza, Ferrón y Bina, que cortó de una vez y para siempre ese negocio millonario.
