El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió este martes a pocos días del inicio de la feria judicial el recurso de apelación del fiscal Diego Velasco, quien se opuso al polémico sobreseimiento firmado a favor de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece imputados en las causas Hotesur y Los Sauces.
Todos habían sido procesados y enviados a juicio por lavado de dinero, pero los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg resolvieron no hacer el debate oral y declarar inocentes a todos los acusados. Ahora será la Cámara de Casación que deba resolver al respecto.
Se trata de uno de los cuatro sobreseimientos con que Cristina fue beneficiada este año por la Justicia. Primero fue la causa Dólar Futuro, luego fue el Pacto con Irán y Hotesur y ahora le siguió otro por evasión impositiva en Santa Cruz.
“Corresponde destacar que los recurrentes han cuestionado la interpretación asignada por el Tribunal a normas constitucionales, lo que ocasionó un resultado desfavorable a su posición, lo cual indica que se presentan intereses federales contradichos, imponiéndose así la necesidad de abrir la discusión” para que la Cámara de Casación resuelva la situación, expresaron los jueces del TOF 5 en la resolución a la que accedió Clarín.
De esta manera, los magistrados hicieron lugar al planteo del fiscal Velasco quien rechazó el sobreseimiento a favor de la vicepresidenta y sus hijos, y que alcanzó a demás a los demás imputados en estos dos expedientes que se ocuparon de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos. Fue “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Barrotaveña y la magistrada Ana María Figueroa, serán los responsables de analizar el caso y resolver si Cristina Kirchner deberá afrontar este juicio por lavado de dinero, o si por el contrario, dejan firme la decisión del TOF 5.
La única apelación que deberá analizar es la del fiscal Diego Velasco, ya que la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) , decidió no apelar la decisión que anuló el juicio por lavado de dinero.
Así, el Gobierno convalidó la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg que determinaron la inexistencia de delito en las causas Hotesur y Los Sauces, y por ese motivo dictaron el sobreseimiento sin la realización del juicio oral.
El representante del Ministerio Público Fiscal con un criterio contrario a ese, sostuvo en primer término que, respecto a los dos jueces (ya que Adriana Palliotti se opuso a la suspensión del juicio), que “su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público y reiteró que los Tribunales “no pueden desanturalizar” sus funciones.
Después se ocupó de analizar los fundamentos de los jueces respecto a la inexistencia del lavado de dinero, en ese sentido, el fiscal señaló que “el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios“.
Amplió este concepto y añadió que “con el pago inicial del Estado era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales“, es decir la familia Kirchner. El dueño del Grupo Austral fue condenado recientemente por el lavado de dinero “realizado en forma posterior a su depósito por parte del estado en relación a los contratos de la obra pública”, recordó Velasco.
En otro tramo de su apelación, ahora concedida por el TOF 5, el fiscal explicó que “al dinero debía dársele apariencia lícita para todos los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados”, con lo cual el criterio aplicado por los jueces carecía de sustento. Fue cuando se refirió a una decisión “arbitraria” basada en “argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Bajo ese mismo criterio, el fiscal Velasco consideró que los jueces “confunden al considerar como sinónimos “dinero bancarizado”, con “dinero de procedencia legal”, ya que si ese dinero llegó a la cuenta de cualquiera de las sociedades controladas por Lázaro Báez por un negocio ilegal y delictivo (defraudación contra la administración pública, como se postula en la causa de “obra pública”), por más que tenga apariencia lícita, ese dinero es de ilícita procedencia”.
En consecuencia, las maniobras realizadas hasta llegar a su destinatario final (coautor del delito precedente) “resultan ser parte” del delito investigado y, por lo tanto, “sus partícipes serían claramente imputables”, reflexionó.
Para la fiscalía los jueces “no valoraron la existencia de sociedades pantallas para ocultar la procedencia del dinero, ni siquiera han analizado que dichas sociedades compartan accionistas y directores; tampoco le dieron entidad a que se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las Sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados”.
Báez explotaba los hoteles con Valle Mitre, cuyos únicos ingresos para pagar los cánones de locación, eran préstamos de Austral Construcciones que ascendían a 71 millones de pesos. La constructora tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba, garantizando ingresos a los Kirchner por 14 millones de pesos.
Todo eso ocurría mientras Báez se transformaba, dice la imputación, en el principal adjudicatario de obra pública vial. Junto con eso, Austral, Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla, eran inquilinas de la inmobiliaria de los Kirchner: pagaron 23 millones de pesos por departamento que fueron construidos por Báez.
