En la justicia federal existen 1.630 causas de corrupción entre las que siguen su curso y ya se cerraron. El número se desprende de la base de datos de la Corte Suprema de Justicia. La cifra es llamativa, aunque mucho más lo es el letargo con el que avanzan los expedientes: de ese total unos 1.138 expedientes permanecen abiertos y sólo 197 (el 17,3%) fueron elevados a juicio oral de manera total o parcial. Pero la gran mayoría de esos juicio ni siquiera arrancaron.
En ese universo de causas hay más de 8.900 personas bajo investigación, ex funcionarios, politicos y dirigentes entre los que se destacan Cristina Kirchner, Julio De Vido y Mauricio Macri como los más denunciados.
Las causas de corrupción se acumulan sin resolución y muchos de los investigados permanecen como imputados e incluso procesado y bajo investigación sin la debida resolución con un juicio oral.
Los números exponen un escenario en el que se conjugan por un lado, las vacantes sin cubrir en el Poder Judicial que retrasa, en muchas ocasiones, el avance con mayor celeridad de los expedientes. Por ejemplo, la mitad de los tribunales orales federales se encuentran incompletos y a pesar de que los jueces subrogan los tribunales los juicio no terminan de arrancar por la falta de magistrados.
Pero hay otro factor que incide y que es conocido por muchos en la Justicia y la política. El “tiempismo” que suelen manejar los jueces de Comodoro Py en la relación con los gobierno de turno.
El informe que revela estos datos lo realizó el Observatorio sobre Causas de Corrupción que depende de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Conocimiento Abierto. Lo arman con datos oficiales que de la Corte Suprema y que son informados por las diferentes Cámaras del fuero federal.
Esa base de datos muestra la existencia de 1.630 causas de corrupción lo que se representa en otro número: 8.965 personas bajo investigación. Esta última cifra contempla a quienes han sido demandados, denunciados, imputados, procesados y sobreseídos.
De ese universo de expedientes, según el informe de la ACIJ, un total de 1.138 continúan abiertas y sólo 492 lograron terminarse. “La enorme mayoría de las causas aún no se elevó a juicio oral”, detalla el documento mostrando que sólo 197 investigaciones se encuentran elevadas de manera parcial o total a la instancia de debate. Es allí donde los procesos judiciales concluyen.
Este ítem puede desglosarse aún más. Por ejemplo, unas 303 causas fueron archivadas y en unas 300 se dictaron sobreseimientos. Pero si se hace foco en aquellos casos que aún permanecen en trámite, se contabilizan 121 en manos de la jueza María Servini, 135 en el juzgado de Sebastián Ramos y 143 en el despacho que perteneció por más de dos décadas a Rodolfo Canicoba Corral (hoy subrogado por Daniel Rafecas).
El listado continúa: 173 casos en el juzgado de Julián Ercolini, 176 en el que pertenecía a Claudio Bonadio, 151 en el de Marcelo Martínez De Giorgi y 171 en el despacho de Sebastián Casanello.
Esa estadística abre la puerta a otro punto de análisis, el tiempo de duración de las causas por corrupción. La ACIJ sostuvo en su documento que la mayoría de los expedientes que fueron cerrados tuvieron una instrucción de tres a seis años (el 44%), otro porcentaje de causas -casi el 30%- estuvieron abiertas más de seis años y un 12% más de una década en trámite.
Esto permite observar que hay al menos, a modo de ejemplo, diez causas que llevan más de veinte años en los tribunales de Comodoro Py. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita, aún se encuentra en trámite, con un pedido de pericia contable en la Corte Suprema. El caso cumplió más de 24 años. Otro número expone la situación: hay 140 causas de corrupción que están abiertas hace más de 10 años.
Las estadísticas generales también revelan el movimiento de los casos y la cantidad de denuncias a la luz de los cambios ocurridos en la Casa Rosada. En 2016, el primer años de la gestión de Mauricio Macri, se iniciaron 292 causas por corrupción y la mayoría involucró a ex funcionario kirchneristas. Fue el número más elevado de los últimos diez años. En 2013 cuando se radicaron 95 denuncias, en 2014 unas 127 y al año siguiente ese número sumó un solo caso 128.
En 2017, con Macri en el poder, hubo 239 expedientes abiertos y desde esa fecha las denuncias empezaron a bajar. En 2018 se presentaron 170 denuncias, en 2019 unas 80, en 2020 un total de 84 y 113 expedientes en 2021.
En general hay 165 tipos de delitos investigados, el abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, se encuentra primero en la lista, seguido por defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta, no presentar declaraciones juradas, falsear u omitir datos, asociación ilícita y lavado de activos.
