La Argentina paga caro la demora del gobierno para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para afrontar los compromisos por USD 19.000 millones (los dólares no están y la refinanciación tampoco) que vencen este año. Como en una comedia, el Presidente asegura que quiere el acuerdo pero que el FMI se lo quiere imponer y reclama el apoyo del gobierno estadounidense en el directorio del organismo.
Alberto Fernández dice que quiere llegar a un acuerdo, la mayoría de la oposición política también, los empresas y banqueros, desde ya para evitar un derrumbe mayor de sus activos y, aunque el kirchnerismo no se sabe bien qué quiere, le reclama a Martín Guzmán que haga su trabajo. La demora en llegar a un acuerdo está lejos de ser gratuita, y en los últimos cuatro meses el gobierno le siguió pagando al FMI.
Al tiempo que fue achicando a un mínimo las reservas netas de un Banco Central que viene peleando dólar a dólar el tránsito para evitar el precipicio. Desde septiembre hasta acá el Central tuvo que sacar de las reservas USD 3.800 millones (USD 1.900 en septiembre y otros USD 1.900 millones el 22 de diciembre) para pagarle al Fondo sin lograr la ventaja financiera que tiene un pagador confiable.
Guzmán, más preocupado por lo que pueda decir la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto de que el acuerdo con el FMI tiene que permitir la cosmética para minimizar que se están ajustando las cuentas, y una verdad de hierro al tiempo que incontrastable: y es que sin dólares frescos las posibilidades de crecimiento de la economía argentina se reducen nada más que a un mínimo.
El gobierno festeja, y es entendible por su situación de ahogo, que la actividad económica aumentó 10% en 2021, recuperó lo perdido en el primer año de pandemia, y sorprendió dentro y fuera de la Casa Rosada. Levantando la vista se confirma, también, que la economía todavía está abajo de 2019 y, lo que es más preocupante, abajo de 2011. Van diez años de estancamiento, y con 40% de pobreza y 50% de inflación anual hay muy poco para festejar.
Las reservas de dólares del Banco Central están al mínimo (le prenden velas todos los días a que los exportadores liquiden embarques de trigo) y además de a un acuerdo con el FMI, le rezan a que el precio de la soja se mantenga arriba de los USD 500 la tonelada en el mercado internacional, aunque el calor y la sequía podrían complicar las cantidades. La contracara de la falta de dólares es el exceso de pesos.
El diciembre el Central emitió $600.000 millones para cubrir el déficit del Tesoro y así 2021 terminó con una emisión equivalente a $2,1 billones, una verdadera montaña de pesos que ahora el gobierno está viendo la forma de mantener en un corral. El Central subió de 38% a 40% anual la renta de las Leliqs de 28 días y de 37% a 39% la tasa de plazo fijo para los depositantes de hasta $10 millones que efectiva anual es de 46,8%.
Más cerca de la inflación prevista para este año, aunque por debajo. El nuevo esquema busca que los bancos coloquen excedentes de pesos a 28 días o más y no a siete como lo venían haciendo. Además, intenta que lo que no capten las Leliqs pueda tentarse con bonos públicos, con lo cual Martín Guzmán sale al mercado en estos días con un abanico de bonos en su mayoría ajustados por la inflación.
Los tenedores de pesos quieren o bonos atados a una inflación que se pronostica en 50%, o dólares. Y el gobierno buscará tentarlos al calor de la idea de que los dólares libres de $200 o más ya están en un nivel lo suficientemente alto que no valdría la pena comprarlos. Los precios de los bonos y acciones siguen demostrando que, aunque derrumbados y por el piso, no creen en que el gobierno irá al default. Toda una apuesta.
