Gerónimo Ustarroz es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Una clave de carga. Hermano del ministro del Interior camporista, Eduardo De Pedro. El funcionario, oriundo de Mercedes, estuvo en los últimos días dedicado a una misión discreta, dialogar con consejeros de la oposición para encontrar de acuerdo sobre la nueva ley de aquel Consejo que el Congreso debería sancionar antes de que concluya abril.
La vigente ahora, reformada en 2006 por Cristina Fernández, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Presentada de esa manera, la gestión de Ustarroz no resultaría llamativa. La impresión podría cambiar al revisar la entretela. En la pretendida búsqueda de una coincidencia, el consejero arrimó una sugerencia disruptiva: la posibilidad que la futura ley no contemple al presidente de la Corte Suprema como titular del organismo.
Nadie descubre si la propuesta de Ustarroz forma parte de un arresto personal o una estrategia del Gobierno. Uniendo los cabos que deja sobre la escena la política se podría arribar a una conclusión. El objetivo central del Gobierno nacional reside ahora en la desestabilización de la Corte Suprema de Justicia. Y es que la propuesta de Ustarroz no puede desvincularse de otro hecho.
La marcha convocada para el primer día de febrero contra el máximo Tribunal, espoleada hasta ahora por el Presidente, el ministro y el vice de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena. Detrás está encolumnado todo el kirchnerismo rabioso. La determinación K de impulsar una ofensiva final tuvo su hito, justamente, en la inconstitucionalidad que los cuatro miembros de la Corte estamparon al Consejo de la Magistratura tergiversado en su versión original.
Ordenaron reponer los 20 miembros reducidos luego a 13. No se trata de un asunto matemático: la recomposición dificultaría el margen que siempre dispuso el kirchnerismo para designar y destituir magistrados. Amén del manejo de una caja millonaria. Herramientas que supo manipular Cristina Kirchner. El desencuentro entre la Corte y el kirchnerismo reconoce antecedentes que fueron olvidados.
En su último ciclo como jefe del cuerpo, Lorenzetti exhortó a la política a que fuera respetado el espíritu original del Consejo. En 2009, con otra conformación del Tribunal, el fallecido juez Carlos Fayt reclamó la modificación del organismo. El pasado y el presente ofrecen un puente visible. Los gobiernos kirchneristas siempre probaron cambios en las reglas de la institucionalidad para edificar un sistema judicial acorde a sus necesidades.
Alberto Fernández también lanzó su propia reforma. Esas necesidades aumentaron desde que la hoy vicepresidenta quedó embretada en un cúmulo de causas judiciales por corrupción. La sanción de una nueva Ley de la Magistratura, que promete ser tratada en sesiones extraordinarias, no augura un tránsito apacible. Quedó claro, en los sondeos de Ustarroz, que Juntos por el Cambio no parece dispuesto a retacearle al titular de la Corte su condición de rector del organismo.
Ese panorama potencia para el Gobierno en el mundo judicial las incertidumbres que soporta en la política. Explica el embate contra la Corte Suprema que, bajo la óptica del sentido común, estaría fuera de contexto. ¿Por qué lanzarse a semejante aventura en una coyuntura objetiva de debilidad? Después de dos derrotas electorales consecutivas. Las urgencias son claras: después de la feria judicial la Corte Suprema puede expedirse sobre asuntos muy sensibles.
El conflicto sobre coparticipación planteado por Horacio Rodríguez Larreta, por la quita dispuesta por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a Axel Kicillof. Nueve recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner en la causa por la obra pública. El único juicio oral y público que está en curso desde mayo del 2019 administrado por el TOF 2. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.
