No es común que, en el habitual desenvolvimiento institucional de un país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea noticia en forma recurrente. Sin embargo, en la convulsionada Argentina en la que vivimos, el máximo tribunal vuelve a serlo, pero no esta vez por el dictado de sentencia alguna, sino porque el Gobierno quiere echar a sus miembros utilizando para ello la movilización popular, avalando a quienes la propician.
Populismo de pura cepa: el oficialismo ya no tiene mayorías propias en ninguna de las dos cámaras legislativas, y entonces alienta marchas populares para lograr lo que el voto de la gente les ha negado. En efecto, cuestionados personajes del “kirchnerismo”, y hasta un juez federal consustanciado con sus políticas y procedimientos como Ramos Padilla, convocan a una marcha para “echar” a los miembros de la Corte. Probablemente sea un hecho inédito en el mundo.
Vale la pena recordar que un sistema republicano como el que dispone la Constitución Nacional, se sustenta en la independencia del Poder Judicial, por lo tanto, si un gobierno pretende remover a los jueces de la Corte, debe utilizar los procedimientos que la Ley Fundamental establece para ello: iniciar un juicio político, o bien, sin remover a los actuales magistrados, el presidente de la Nación podría presentar un proyecto de ley para ampliar la cantidad de miembros de la Corte.
Sin embargo, como el “kirchnerismo” sabe que no tiene los votos necesarios para ninguna de estas opciones, da libertad a personajes de su entorno para que busquen en la calle lo que las urnas le negaron oportunamente. Pues nada de esto debe sorprender, porque este procedimiento constituye una visible manifestación del populismo más encendido, que desprecia profundamente todo aquello que funciona con independencia, sean fiscales, periodistas o jueces.
En ese sentido, los ejemplos sobran. El 10 de junio de 2013, en un acto político realizado en Santa Cruz, quien por entonces era presidenta de la Nación dijo: “¿quién tiene más poder en la Argentina? ¿un presidente, el Congreso, o un juez que paraliza una ley enviada al Congreso por alguien votado por el pueblo –el Presidente- y sancionada por un Parlamento que representa al pueblo”.
En ese mismo discurso también dijo que “aquel que desde el Poder Judicial se considere contrapoder del pueblo, le notifico que, más que contrapoder del pueblo, es delegado de otros poderes que, aunque no lo sabemos, imaginamos cuáles son” Mientras tanto, el 12 de marzo de 2019, el entonces intendente kirchnerista de San Antonio de Areco dijo que “los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, que defiendan jurídicamente los intereses del campo popular”.
Agregó que en el Máximo Tribunal tiene que haber “hombres y mujeres de la política”. Como si todo esto fuera poco, el 1 de marzo de 2021, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Alberto Fernández tuvo la osadía de pedirle a dicho órgano que controle al Poder Judicial, dando origen a la pretendida creación de una Comisión Bicameral que desarrollara ese control, lo cual constituye un escándalo institucional y constitucional.
¿Hacen falta más ejemplos para poner de relieve el delirio antirrepublicano del populismo “kirchnerista”, cuyos exponentes ven, en las características de la República, una insoportable molestia? Es indudable la importancia institucional que ostenta, en un Estado de Derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que es la que tiene a su cargo la custodia de la independencia del Poder Judicial como columna vertebral del sistema republicano de gobierno, y la custodia de la constitucionalidad de las normas.
Por ello la República necesita indispensablemente de una Corte independiente, integrada por jueces indiferentes a las presiones que puedan recibir de aquellos que los han designado, y dispuestos a ejercer la magistratura con la enorme responsabilidad que el cargo que ocupan les exige. Es por ello que marchas como las convocadas para el 1 de febrero, deben ser condenadas por la ciudadanía y erradicadas del calendario republicano.
