Casi siempre funciona igual. La usina se pone en marcha con opiniones en las redes, sigue con comentarios de algún abogado/dirigente/diputado y luego se consolida con el apoyo de funcionarios de mayor rango. La máquina de embestir de Cristina Kirchner contra lo que no puede controlar está aceitada y lista para cuando ella vuelva a tocar el botón verde. Esta semana hay dos objetivos cruciales: la Corte y el FMI. Botón verde activado.
La marcha contra la Corte convocada para el martes 1° de febrero “nació” como una iniciativa casi “personal” de Luis D’Elía y el juez Juan Ramos Padilla. Se militó en las redes y enseguida “subió” hasta “conseguir” el apoyo del viceministro de Justicia Juan Mena. Todo tan cándido. Como Mena es Cristina Kirchner, Alberto Fernández no esperó ni un día para adherir al mensaje. Detrás de Mena, inmediatamente, salió a decir que “la Corte no funciona bien”.
Cristina Kirchner hizo entonces que el Gobierno avalara una marcha para “echar” a los integrantes de la Corte, una locura institucional a la que el colador inverosímil de la cotidianeidad argentina parece bajarle el precio sólo porque ya nada sorprende. Por si quedara alguna duda, la agrupación Justicia Legítima -jueces y fiscales kirchneristas que resuelven a favor de sus simpatizados- llamó a sumarse a esa marcha.
La presidenta de Justicia Legítima es Cristina Caamaño, actual jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se supone que sus agentes son auxiliares de la Justicia en investigaciones de alta complejidad. ¿Y la jefa de los espías argentinos llama a marchar contra los jueces de la Corte? En un punto ya no importa la marcha ni sus objetivos: la institucionalidad es un desmadre.
En la Corte van a terminar tarde o temprano las causas que más preocupan a Cristina Kirchner. Incluso las del Pacto con Irán y la de las coimas por Hotesur y Los Sauces. En esos expedientes la vicepresidenta fue sobreseída por portación de apellido: ni la juzgaron. Esos fallos serán revisados por Casación y de ahí saltarán a la Corte por la apelación segura de quien pierda: querellas o defensas.
En ese devenir, esta embestida contra la Corte es para darle una pátina opaca de parcialidad. Si no se puede cambiar, que quede sospechada, es el razonamiento. Muchos de los asistentes serán procesados (la condenada Milagro Sala adhirió desde Jujuy) que marcharán “por una justicia independiente”. ¿Quién de ellos marchó cuando el juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito después de revisar sus cuentas con el contador de ellos en una oficina de la SIDE?
La otra usina encendida es por el acuerdo/no acuerdo con el Fondo. Cristina Kirchner quiere instalar que la deuda es un problema de Macri y no de la Argentina, lo tuitea y enseguida Zannini le pide a la Justicia traer a declarar a los funcionarios del FMI que otorgaron el crédito anterior. El jefe de los abogados del Estado quiere citar a la justicia argentina a los representantes del organismo con el que el jefe del Estado trata de acordar a través de su ministro de Economía.
Jamás haría eso sin la instrucción de Cristina Kirchner. Enseguida, dos funcionarios ultra K dicen que si Argentina no paga este viernes no pasa nada. ¿De qué se trata todo esto? De caminar al 2023 agitando culpas ajenas. No hay corrupción sino lawfare (y la culpa es de la Corte), ni mala gestión sino deuda opresiva (y la culpa es de Macri y del Fondo). El relato no puede subordinarse a la realidad de los hechos.
