El caso testigo ocurrió en Leales, el 24 de diciembre del año pasado. Cerca de 60 personas se presentaron en un campo de Leales, comandados por dos sujetos que esgrimiendo un boleto de compra-venta fechado 1999, decían ser propietarios de las tierras que explotaba Aníbal Ricardo Picón.
Armados y violentos, los usurpadores cortaron los alambrados e ingresaron por la fuerza, apropiándose de los campos en los que comenzaron a sembrar, mientras los damnificados veían, impotentes, como se perdían 85 hectáreas de maíz que estaban listas para la cosecha.
Federico Molica, yerno de Picón, describió la violencia con la que entraron a los tiros, los usurpadores, al tiempo que aseguró que poseen todos los papeles que demuestran la legitimidad de su presencia en el lugar, a la vez que aseguró que la documentación esgrimida por los ocupantes es apócrifa.
Para Picón, la fecha elegida para usurpar sus campos no fue casual. Lo hicieron a fines de diciembre para que el comienzo de la Feria Judicial les diera tiempo a instalarse y afianzar la ocupación ilegal sin tener que atender el accionar de la Justicia.
Desde la Sociedad Rural, su presidente Sebastián Murga respaldó a los productores, advirtió que el caso de Leales no es el único y reclamó que se ponga en vigencia la ley de Flagrancia, para que los jueces puedan actuar de manera inmediata contra los grupos violentos dedicados a las usurpaciones.
Al mismo tiempo, el dirigenrte afirmó que están al tanto de casos en los que el Ministerio Público Fiscal ha ordenado medidas que, según le dijeron los productores agrarios afectados, nunca se llevaron a cabo.
El problema no se limita a Tucumán, sino que se enmarca en una situación nacional que emparenta los casos locales con lo que ocurre en el sur con grupos violentos que dicen ser pueblos originarios, argumento que les sirve para legitimar sus delitos, afirmó Héctor Hernández Vieyra coordinador del Foro de Seguridad Rural Argentino.
El referente nacional reclamó que, ante la proliferación de casos de este tipo, el Estado nacional ponga en funcionamiento una oficina que se encargue de atender los delitos rurales.
