Palabras agradables entre los funcionarios del FMI y el Gobierno son las que se perciben del anuncio del acuerdo de entendimiento entre el Gobierno y el FMI del viernes 28 de enero, las cuales todavía no se plasman en algo concreto, con datos específicos sobre cómo se alcanzarán las metas que presentó el ministro Martín Guzmán. Por otro lado, en el mismo seno del gobierno kirchnerista hay diferencias sustanciales sobre la iniciativa.
Al punto que aparecieron rápidamente dudas sobre si conseguirá los votos necesarios en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI. Es que el mismo gobierno kirchnerista impulsó y sancionó la Ley 27.612 que en su artículo 2 dice: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”.
En otras palabras, ellos solos se subieron al banquito, se pusieron la cuerda en el cuello y patearon el punto de apoyo. Ahora, La Cámpora y el kirchnerismo en general tienen que decidir si bajan sus banderas anti FMI o las sostienen y mandan al gobierno al default o a derogar una ley por Decreto de Necesidad y Urgencia, si a esta altura contara el Poder Ejecutivo con esa facultad.
Desde el punto de vista estrictamente económico, el Gobierno tiene problemas firmando con el FMI como no firmando, aunque claramente esta última es la peor opción. ¿Qué pasaría si Argentina no firma con el FMI y cae en default? En primer lugar, perdería el acceso al financiamiento de otros organismos multilaterales como el BID, BM, etc.; con lo cual varios de los programas “sociales” se quedarían sin financiamiento.
En segundo lugar, el problema más grave que se presentaría consistiría en que difícilmente un banco otorgue cartas de crédito a los importadores locales, muchos de los cuales son proveedores de insumos esenciales a la industria nacional. Si eso ocurre originaría un cuadro de desabastecimiento de todo tipo de bienes, inclusive remedios, y la actividad económica tendería a paralizarse.
De hecho, el crecimiento económico para el corriente año hay que descartarlo, lo máximo que puede esperarse es alguna reactivación adicional. Puesto en otras palabras, no caben esperar inversiones en Argentina por la falta de seguridad jurídica y lo perverso de las reglas de juego imperantes. Lo que marca el EMAE hasta ahora es un rebote tras la gran caída de la actividad en 2020.
En noviembre pasado, último mes disponible, recién igualó el nivel de actividad de abril 2018, cuando se produjo la crisis económica durante el gobierno de Cambiemos. En su afán por mostrar un aumento de la actividad económica, el Gobierno señala el incremento de las exportaciones en 2021, pero si se toman los volúmenes despachados, dejando de lado las variaciones de los precios internacionales, se observa que desde 2007 no crecen.
Y si el Gobierno logra cerrar un acuerdo de largo plazo con el Gobierno que se fijó meta para las primeros dos años y medio, debería empezar a poner algo de orden económico subiendo la tasa de interés, con lo cual incrementaría el déficit fiscal financiero y el cuasifiscal; tendría que aumentar las tarifas de los servicios públicos y ajustar más velozmente el tipo de cambio oficial; y provocaría una caída del ingreso real de la población, hoy disfrazado por el atraso cambiario y tarifario.
De ahí que, firmando con el Fondo, el Gobierno tendrá que pagar el costo de tener que bajar las banderas anti FMI y, además, aceptar un aumento de la tasa de inflación, falta absoluta de crédito al sector privado y, seguramente, freno en el nivel de actividad porque no habría opciones para generar inicialmente un cuadro pro inversión. Y si no firma, además de provocar la pérdida de acceso al crédito comercial del exterior, seguiría con todos los problemas de distorsiones de precios relativos que complican la economía y le impiden bajar la tasa de inflación.
