Una nueva denuncia de abuso apunta contra otro parlamentario de Tucumán. Entre los más renombrados que tienen causas penales en curso por acusaciones de violencia sexual se encuentran el ex senador José Alperovich, el legislador Ricardo Bussi y el intendente de Famaillá, José Orellana.
Ahora, Roberto Palina, otro legislador peronista, fue notificado de que se le abrió un expediente por la denuncia de abuso sexual que ratificó la madre de una menor de 13 años.
La madre de la pequeña relató que la menor era oriunda de una localidad del este de la provincia y que, de lunes a viernes, se quedaba en la casa en la que vivían Palina y su pareja porque cursaba sus estudios secundarios en un colegio de la capital.
El domingo pasado, según el relato de la menor de 13 años, le pidió a su madre que la cambiara de su establecimiento y que la inscribiera en una escuela de su localidad natal. La mujer se negó a hacerlo, por lo que la niña sufrió una profunda crisis de nervios.
Por su reacción, la denunciante, de acuerdo al texto de la denuncia policial, acusó al legislador de haber abusado de ella al menos tres veces el año pasado, cuando su tía salía a realizar actividades fuera del departamento en el que vivían.
Ese mismo día, el expediente fue recibido en la fiscalía I de Delitos contra la Integridad Sexual que conduce María del Carmen Reuter. Al percatarse de quién era el denunciado, remitió a la causa a la fiscal regional Mariana Rivadeneira. El nuevo Código Procesal Penal establece que la investigación contra un parlamentario debe ser realizada por los jefes de los fiscales.
Rivadeneira dictó una medida de protección de la que fue notificado el denunciado, quien además de legislador es el titular de FOTIA, el sindicato de los trabajadores de la industria azucarera.
Acto seguido, la jueza Fanny Siriani autorizó a que se investigara a Palina por el caso, y estableció que la investigación debía realizarse en dos meses. Ese plazo podría extenderse si la fiscal solicitara una prórroga.
En la resolución, la magistrada dio una larga explicación jurídica sobre por qué había autorizado a abrir la investigación en contra del legislador, citando las normas del Código Procesal Penal y todos los tratados internacionales que castiga los delitos de género.
Con la autorización concedida, la fiscal ordenó que profesionales realizaran un psicodiagnóstico para determinar en qué estado se encuentra la víctima. Si está en condiciones, se pedirá turno para que se le realice una cámara Gesell.
Se trata de una pericia en la que profesionales, a través de entrevistas, procuran descubrir a través de su palabra lo que sucedió. Todas las partes pueden participar de la medida y hasta aclarar algunos puntos que se crean convenientes. Luego los profesionales elaboran un informe que debe ser analizado por la fiscala.
Palina hizo saber que por el momento no realizaría declaraciones sobre la grave acusación.
En caso de que en el desarrollo de la pesquisa surjan indicios para imputar a un legislador, se deberá realizar un pedido ante el juez competente para que solicite el desafuero o destitución a la Legislatura.
