El 9% del territorio correntino fue arrasado por el fuego. La catástrofe que inició a comienzos de febrero tiene en vilo al distrito gobernado por Gustavo Valdés, y en medio de las múltiples versiones sobre el origen del fuego el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, firmó una instrucción general para que el Ministerio Público Fiscal se aboque prioritariamente a las investigaciones por delitos relacionados con los incendios rurales y forestales. A la fecha hay 70 expedientes abiertos.
Las cifras oficiales del INTA grafican la crisis que afronta Corrientes: la evidencia satelital señala que los incendios consumieron 408.846 mil hectáreas de malezales, esteros y otros bañados; 31.265 hectáreas de bosques cultivados y más de 28 mil de bosques nativos.
Al detalle se le incluye la cantidad de hectáreas quemadas en cada uno de los departamentos de la provincia, siendo los más afectados por el fuego el de Ituzaingó, con 138.100; San Miguel, con 93.713 y Santo Tomé con 81.705 hectáreas.
En total, más de 800 mil hectáreas que fueron consumidas por los incendios iniciados a comienzos de febrero. Esto representa el 8,8% del territorio. El gobernador Valdés estimó que sólo hace quince días las pérdidas se podían cuantificar por encima de los 30.000 millones de pesos.
Mientras se busca poner fin a los focos ígneos, la justicia provincial volcó sus recursos de manera prioritaria a dilucidar qué ocurrió, cuál fue el origen del fuego y si hubo en algunos de ellos alguna intencionalidad.
Por más complejo que el escenario parezca, la justicia no descarta que muchos focos de incendio hayan iniciado de manera premeditada. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que “se sospecha del origen de al menos del 50% de los incendios, en zonas muy cercanas incluso otras provincias con los mismos problemas climáticos, no se vivió nada de esta magnitud”.
Ante ese escenario, el 15 de febrero el fiscal general Sotelo firmó la instrucción N° 45, a través de la cual instruyó a los fiscales de toda la provincia de Corrientes a “que prioricen la investigación de los delitos relacionados con incendios rurales y/o forestales, procurando su pronta resolución, debiendo apelar a todas las medidas y recursos disponibles para su esclarecimiento e individualización de los presuntos autores“, sostiene la medida.
Las investigaciones están relacionadas con los incendios y el “consecuente peligro de vida y riesgo a la integridad física de las personas y a sus bienes“, como asimismo la “destrucción del ecosistema ambiental y las magnánimas perdidas en la producción agrícola ganadera en todo el territorio provincial”.
En función de eso, el fiscal general solicitó que se promuevan reuniones con las Fuerzas de seguridad locales “a fin de impartirles las instrucciones pertinentes para la inmediata investigación de delitos de esta índole, estableciendo directivas que garanticen la intervención eficaz del Ministerio Publico Fiscal”.
A la fecha, según la información oficial a la que accedió Clarín, se encuentran abiertas 70 investigaciones vinculadas a los incendios. Las mismas están organizadas en función de las cinco circunscripciones judiciales con las que cuenta Corrientes.
El ministerio Público Fiscal de Corrientes impulsó la apertura de estas causas que en muchos casos no cuentan con una personas denunciada sino que se abocan a los hechos en concreto, es decir, a los incendios.
“Se está aplicando en la mayor parte de la provincia el Código Procesal Penal con el sistema actualizado, menos en la Capital. Por ese motivo es importante cuando se presenta el legajo de forma concreta con o sin imputación alguna, sino la investigación del fiscal en cada caso particular, por eso es fundamental que la investigación se abra“, explicaron fuentes del caso a Clarín.
Por este motivo, muchas de las causas abiertas no cuentan con un particular denunciado pero se habilita a la investigación de los motivos del incendio en una determinada zona afectada, para poder ahondar en futuras responsabilidades.
Bajo este criterio dio inicio a esta instrucción general motivando a los ciudadanos que formulen las denuncias que consideren necesarias “como así también las correspondientes casillas de correo electrónico y números telefónicos de contacto de las Fiscalías y/o Unidades Fiscales de Recepción y Análisis de Casos de todas las circunscripciones judiciales”.
A la fecha, según pudo saber Clarín, no hay denuncias contra funcionarios públicos. Pero en algunos casos sí se sigue la pista particulares denunciados. Hasta este lunes, hay dos detenidos, uno de ellos en Mercedes y “un presunto pirómano en Colonia Liebig está a disposición del Fiscal Cabral de Santo Tomé”, indicaron.
