Con el tironeo entre Guzmán y los técnicos del FMI encaminado luego de años de demoras y evasiones, la resolución del acuerdo por la deuda argentina entrará en el túnel más difícil de atravesar: la interna del Frente de Todos. En ese terreno, los números del presupuesto y las urgencias electorales se enmarañan y las negociaciones alcanzan velocidades indetectables. Pero queda claro que lo que se defina será explicado por la política más que por la economía.
Si se revisan los números a conciencia, la negociación entre el Gobierno y el Fondo es imposible de cerrar. El aumento de tarifas que ofrece Guzmán -alrededor del 20% para quienes pagan tarifa social, de un 80 % del promedio de la suba de salarios para el resto de los usuarios y la quita total de subsidios para el decil más rico de la población- podría servir para reducir los subsidios si la Argentina estuviera aislada en un laboratorio.
Pero eso no ocurre. Todo indica que en el mundo el precio de los combustibles va a crecer por la invasión de Rusia a Ucrania y que el peso va a seguir perdiendo valor contra el dólar. Esa doble suba del dólar y el petróleo se llevarán por delante cualquier ahorro que pueda hacer el Gobierno aumentando las tarifas de la electricidad y el gas para los habitantes del Conurbano bonaerense.
Una posibilidad cierta es que, a fines de 2022, con tarifas aumentadas muy por encima del 20% anunciado, el Estado termine pagando más subsidios a la energía que en 2021. Esa es la trampa que inmoviliza a Guzmán y que le regala a Cristina Kirchner una pregunta implacable teniendo en cuenta el hecho de que de todos modos no se van a poder cumplir las metas de reducción de la masa de subsidios que se van a acordar con el FMI.
¿Qué sentido tiene subir las tarifas en el área donde vive la mayor concentración de votantes del Frente de Todos? Ese choque de interpretaciones entre economistas y políticos ha sido bastante frecuente a lo largo de la historia argentina, y suele resolverse mediante el arbitraje de los presidentes. Pero en el caso del Frente de Todos, no está claro quién asume ese rol definitorio.
Para explicar los nuevos aumentos de tarifas, el Gobierno se abrazó a un argumento paraeconómico: los incrementos no superarán los aumentos salariales. La frase estaba dirigida a una sola oyente. La incógnita es: ¿Qué escuchará Cristina? ¿Se quedará la vicepresidenta con el mensaje que le quieren hacer llegar o mandará hacer las cuentas para descubrir que las tarifas subirán mucho más que lo que le habían prometido?
Hasta ahora, Cristina no pronunció una sola sílaba a favor de la decisión del Presidente de solicitar un nuevo préstamo al FMI para cancelar el que tramitó Mauricio Macri. Sí dijo varias veces que quiere mantener el precio de la energía que se paga en la Capital Federal y el Conurbano completamente desvinculado del costo que implica generarla y distribuirla y que cualquier otro camino distinto a ese implicaba un ajuste.
Su hijo Máximo caminó más allá de las palabras y renunció a la jefatura del bloque de diputados oficialistas en desacuerdo con las negociaciones con Washington. Todo indica que, para ser coherente con esa salida, votará en contra del entendimiento con el Fondo. Si esa presunción se cumple, luego de que el Gobierno firme un programa con montos y condicionalidades muy similares al que firmó Macri: ¿Qué motivo seguirá atándolo al Frente de Todos?
