Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
En la semana que pasó para ya no volver, desde Tucumán despierta dejamos en claro que en la política tucumana se produjo un evento que se transformará en un verdadero momento bisagra. Y es que nuestra provincia se encuentra a las puertas de lo que debería ser el enjuiciamiento de uno de sus dirigentes más nefastos y de peor imagen negativa de los últimos tiempos. Se trata de Jorge Yapura Astorga
Un ex intendente que el municipio de Tafí del Valle tuvo la desgracia de conocer en el manejo del poder ejecutivo de ese distrito. Justamente, es durante su manejo del poder en esta localidad que tuvieron lugar una serie de acontecimientos que llevaron a que el ahora legislador provincial oficialista deba rendir cuentas ante la Justicia. Y es que se encuentra procesado por delitos de corrupción en el marco de una investigación sólida llevada a cabo por la Justicia local.
Lo paradójico es que se trata de una justicia que suele amparar a los poderosos. Sobre todo, si se trata de dirigentes políticos. Más aún cuando se trata de aquellos que se enrolan dentro del Partido Justicialista. Justamente, eso fue lo que también captó la atención del espurio Yapura Astorga, quien evidentemente se sorprendió cuando comprobó que la Justicia avanzaba en la investigación contra él.
Pero resulta que, a pesar de lo que indica su físico, Yapura Astorga no es ni lerdo ni perezoso. Al menos, no cuando de tramar salirse con la suya se trata. Y es que, en pos de obtener a toda costa y a cualquier precio su impunidad, cual compadrito de barrio o mafioso tercermundista de medio pelo, el legislador oficialista es capaz de fumar bajo el agua o de jugar a la mancha con los aviones No en vano, quienes lo conocen aseguran que es más vivo que el hambre.
En ese marco, durante la anterior semana que se fue para jamás regresar, Yapura Astorga tuvo la desfachatez típica de alguien a quien no se le cae la cara de vergüenza. Y lo que hizo fue presentar un pedido de remoción contra los vocales de la Sala Conclusional III (Centro Judicial de Capital) Gustavo Aldo Simón Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales Lezica.
Se trata nada menos que de los jueces que lo investigaron oportunamente y con el agravante de que la fecha para el juicio por presunto enriquecimiento ilícito ya está fijada. En el documento (con fecha del 3 de marzo) el ex intendente de Tafí del Valle argumentó que, a su criterio, los tres magistrados cometieron las causales que prevé la ley para su remoción por “demostrar ignorancia inexcusable” e “incumplir en forma injustificada los deberes inherentes a su cargo”.
Es por ello que presentó una nota dirigida Raúl Ferrazzano (presidente de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura). En la misma, señaló que Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica esquivaron supuestamente una instancia administrativa insoslayable. Es decir, la de solicitar a la Legislatura su desafuero antes de avanzar con la causa en la cual se lo investiga por supuesta malversación de caudales públicos, entre otras cosas.
En definitiva, básicamente, de lo que se trata de parte de Yapura Astorga es pretender que los jueces sean destituidos por haberlo llevado a juicio oral. Pero el punto es que el legislador oficialista se encuentra tan comprometido por las pruebas en su contra y que están en poder de la Justicia que nunca habla y defiende su inocencia. En realidad, a lo que aspira es a intentar demostrar que tiene más poder que el mismísimo Poder Judicial.
La causa de esto sería debido a que estaría siendo protegido por el bloque peronista de la Cámara Legislativa. Y es que resulta a todas luces evidente que Yapura Astorga pretende hacer valer su pertenencia a la casta política del boque justicialista que le daría impunidad. Lo cual también demuestra que el ex intendente tal vez delira con tener algún tipo de beneficio para poder delinquir con tranquilidad.
En ese sentido, a juzgar por los hechos por los que se lo enjuiciará, todo parece indicar que pensaba que tenía impunidad asegurada. Y ahora será la Legislatura la que quedó en medio del ojo del huracán. Esto significa que el parlamento tucumano se encuentra ahora entre la espada y la pared. Y es que bien podría convertirse en un refugio para delincuentes si no procede como debe, es decir, ajustándose a la ley.
¿Acaso permitirán los parlamentarios que le Legislatura se convierta en la versión tucumana de la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones? En ese marco, deberán considerar que el Poder Ejecutivo goza de mala imagen y que viene siendo más que cuestionada por parte de la opinión pública, por ejemplo, en lo que hace al uso y abuso de dinero discrecional y que jamás rinden los integrantes del cuerpo deliberativo.
¿Estarán dispuestos quienes componen la Legislatura a seguir rifando el poco prestigio que le queda al parlamento tucumano? Y es que, como si no fuera suficiente roña el tener que albergar a un mequetrefe como Yapura Astorga, tiene que lidiar con otro legislador oficialista que se encuentra en una situación judicial más que complicada. De trata nada menos que del también dirigente gremial, Roberto Palina
Y es que no podía salir de su incredulidad cuando en su momento, el legislador peronista fue debidamente notificado acerca de que se le había abierto un expediente por la denuncia de abuso sexual en su contra, no podía dar cuenta de lo noticia. Mucho menos todavía cuando la misma fue ratificada por la madre de una menor de edad, una todavía niña de apenas 13 años.
La denunciante, de acuerdo al texto de la denuncia policial, acusó al legislador de haber abusado de ella al menos tres veces el año pasado, cuando su tía salía a realizar actividades fuera del departamento en el que vivían. Fue por ello que, con la autorización concedida, la Justicia ordenó que profesionales realizaran un psicodiagnóstico para determinar en qué estado se encuentra la víctima.
Y es que, si se encontraba en condiciones, se iba a proceder a pedir turno para que se le realice una cámara Gesell. De hecho, eso fue lo que realmente terminó pasando y la víctima finalmente pudo acceder a este estudio. Y es que trascendió que la misma habría arrojado resultados donde quedarían comprobado el abuso sexual que en su momento denunció la madre de la menor. De esta manera, la situación del dirigente peronista se complica todavía más.
Además, cabe mencionar que se estableció que, en caso de que en el desarrollo de la pesquisa surjan indicios para imputar a un legislador, se deberá realizar un pedido ante el juez competente. Y es que el mismo tiene por fin solicitarle al magistrado nada más ni nada menos que el desafuero o destitución a la Legislatura. De esta manera, Roberto Palina pasó a formar parte del grupo de dirigentes tucumanos sobre los que existen denuncias de abuso.
Pero la Legislatura tiene más cruces que cargar sobre sus hombros todavía. Y es que en los últimos meses hubo múltiples denuncias de corrupción y malversación de fondos en la Mutualidad por parte de la gestión del también legislador oficialista, Daniel Deiana. Los cuales fueron reflejados oportunamente por parte de Tucumán Despierta. No en vano, la Justicia federal ordenó la intervención de la Mutualidad Provincial Tucumán
Y lo hizo luego de las graves acusaciones de corrupción contra el legislador oficialista, un clavo más que se encastra en el ataúd político que él mismo se construyó con tantas irregularidades que han salido a la luz en estos meses. Sin ir más lejos, ya en mayo del año pasado, dos ex empleados de la Mutualidad Provincial denunciaron a Deiana nada menos que por defraudación fiscal y por evasión previsional, en lo que fue su gestión como titular de esa entidad.
La denuncia contra Daniel Deiana daba cuenta de los fines defraudatorios para con los acreedores por medio de una maniobra delictiva, consistente en la creación de un Fideicomiso por medio del cual se generó un vaciamiento de la Mutualidad Provincial Tucumán, lo que impide la percepción de las deudas generadas por la violación de las disposiciones de la Ley Penal Tributaria – Provisional.
En ese marco, cabe mencionar entonces que la maniobra delictiva denunciada consistió en la constitución de un fideicomiso al cual le cedieron la totalidad de las cuotas sociales, por lo tanto, al pretender embargar y/o secuestrar estas, ya no se encuentran en el patrimonio de la Mutualidad Provincial Tucumán. De esta manera, queda claro que la irregular administración llevada a cabo por Deiana generó una multimillonaria deuda perjudicando a diversos acreedores.
En ese sentido, ¿Dónde están todos los legisladores que se rasgan las vestiduras hablando de transparencia y de “ficha limpia”? ¿Dónde están los legisladores pertenecientes al espacio de Fuerza Republicana que proclaman a viva voz por dirigentes probos y honestos? ¿Y los legisladores del alfarismo? Evidentemente, queda claro que conforman una casta en la que todos se cuidan la espalda y en eso no hay grieta que valga.
Y es que esta casta política realiza con sus silencios cómplices una defensa corporativa. No vaya a ser cosa de que algún día necesiten apoyo. Por lo que es mejor que, por las dudas, no se hagan olas acerca de lo que están haciendo Jorge Yapura Astorga, Roberto Palina o Daniel Deiana en pos de asegurar su impunidad a costa de lo que sea. Incluso, de llevarse puesta a las instituciones, esas que los radicales, los bussistas y los alfaristas dicen defender.
Pero si algo quedó claro en la semana que se esfumó, a la hora de la verdad, pesa más la defensa corporativa de uno de los miembros, ya no sólo de la Cámara legislativa. Sino, sobre todo, de uno de los integrantes de la casta política rancia que pulula por Tucumán en aras de consagrar la inmunda impunidad con la que se pavonean Yapura Astorga, Roberto Palina y Daniel Deiana.
No es casualidad que Yapura Astorga, con el pedido de destitución a los jueces, lo único que consigue mostrar es que nunca habla de su inocencia, sino de sus fueros. Y se aferra a ellos como garrapata al perro.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Pero la ciudadanía toda en su conjunto debe conocer que la Constitución Nacional deja muy en claro en su Art. 16: “no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley”.[/su_note]
El asunto es que, si Yapura Astorga, no lo sabe o se hace el desentendido, será la propia Comisión de Juicio Político la que deberá estar a la altura de las circunstancias y saber que será el pueblo, el mismo que los puso allí, el que los estará mirando a la hora de decidir si fallarán en favor de la Justicia, o lo harán en favor de la impunidad convirtiendo los deseos espurios de Yapura Astorga en realidad.
En ese sentido, cabe recordar que los integrantes de esta comisión son Raúl Ferrazano (PJ), Zacarías Khoder (PJ), Raúl Pellegrini (alfarista), Mario Casali (FR), Sergio Mansilla (PJ), Gonzalo Monteros (PJ), Adriana Najar (PJ), Enrique Bethencourt (PJ), Norma Reyes Elías (PJ), Tulio Caponio (PJ), Carlos Gómez (PJ), Graciela Gutiérrez (PJ). Como se ve, la inmensa mayoría responde al peronismo.
En definitiva, el oficialismo y la oposición tendrán que rendir examen ante la sociedad y demostrar que no se trata de una casta política al servicio de la perpetuación de la impunidad que busca consagrar Yapura Astorga, Roberto Palina y Daniel Deiana. De lo contrario, en caso de fallar en favor de la destitución de los jueces a pedido del ex intendente tafinisto, les habrán asentado un nuevo y duro golpe a las instituciones de la democracia.
