Mientras el default político de hecho de la coalición gobernante tiende a certificarse en un mes, los problemas corcovean. El campo, los frigoríficos, los movimientos sociales y la inflación convertida en la columna vertebral del mal humor generalizado. El economista Lorenzo Sigaut Gravigna habla de la posibilidad concreta que marzo tenga un piso inflacionario más sobre el 6% que sobre el 5%.
El viernes pasado el presidente Fernández perdió la posibilidad de relanzar su gobierno, al menos con políticas que generen expectativas en una sociedad cada vez más descreída. ¿Podrá el Presidente revertir la discapacidad progresiva que se observa en áreas claves de su gobierno? Con respecto al malestar en el campo, la Mesa de Enlace se reunirá mañana con los presidentes de bloque de la oposición, pidiendo más compromiso.
Y que le den el posicionamiento constitucional que hace falta a las medidas implementadas por el Gobierno. El Gobierno tenía otras opciones para frenar el precio del pan antes que echar mano a la suba de retenciones al complejo agroindustrial sojero. Decidieron no hacerlo para atender las urgencias del gas y una vez más el agro se transformó en el último recurso financiero que tienen todos los gobiernos.
Ante esta realidad es imposible no afirmar que los dirigentes no piensan bien los problemas graves del país. Luego de un trabajo pormenorizado, el sector de la agroindustria logró que un plan a largo plazo absolutamente necesario para el país, que aumenta la producción, genera empleo e incrementa las reservas de dólares del país, se convierta en proyecto de ley. Está en agenda hace ya varios meses.
Este proyecto, de aprobarse, se vería disminuido en su potencialidad, si el Gobierno y el Congreso no abordan en paralelo una ley federal de Transporte para optimizar su funcionamiento, abaratando costos de logística, potenciando las economías regionales, los puertos secos, la industria naval, etc. Es imprescindible para la producción, para el desarrollo, para el empleo, que se debata esta propuesta.
Si hablamos del campo como una caja fácilmente asible para los gobiernos, no podemos dejar de mencionar que lo propio ocurre con la caja del PAMI, cuarto presupuesto en importancia y que nadie audita. El Defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, pide duplicar cuanto menos el haber jubilatorio de $31.000, la última canasta de los jubilados al 6/10/21 estaba en $75.500.
La inflación del 4,7% de febrero (que en alimentos es de 7,5%) y un sistema de salud que no está dando respuestas al adulto mayor, hace a una situación muy difícil para los jubilados. Y no es un problema de plata. El PAMI duplicó el presupuesto. De $220 mil millones en el 2020 a $400 mil millones en el 2021. Los jubilados están invisibilizados por la política. Los funcionarios están peleados con la verdad.
Argentina debe tener una política económica, un programa económico realista. Debe convencer a los capitales propios y a los del mundo en invertir en ella. Pero para ello debe recobrar la confianza y eso hoy sólo puede darse con hechos concretos a través de un programa sólido, hoy ausente. Claro que, para un gobierno cuestionado por su propia vicepresidenta, a medio término de concluir el mandato, esto se vuelve casi una quimera.
