Condenaron a prisión perpetua a Jonathan Matías Galindo por el crimen del motociclista Marcos Daniel Sáez (23 años), ocurrido en el año 2018. A su vez, en la misma audiencia, se solicitó nada menos que unos 23 años de pena para D.O.A, quien era menor al momento del hecho; pero como todavía falta que se presente un informe socioambiental la resolución de su situación se postergó.
El 19 de diciembre de 2018 la víctima conducía una moto KTM por calle San Martín cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas de menor cilindrada comenzaron a perseguirlo y lo amenazaron con armas de fuego para robarle el vehículo. Sáez aceleró para escapar y uno de los delincuentes abrió fuego contra él. Un proyectil le impactó en la espalda, ocasionando que el joven cayera sobre la calzada en el cruce de San Martín y Thames, donde falleció.
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La banda escapó, pero días después se detuvo a Galindo, a D.O.A y a dos sospechosos más (uno menor de edad) que tras ser elevados a juicio fueron absueltos. El debate oral se llevó a cabo en dos etapas. La primera concluyó el diciembre pasado cuando los jueces Federico Moeykens, Soledad Hernández e Isabel Méndez determinaron la responsabilidad penal tanto de Galindo como de D.O.A. en el hecho.
Y los condenaron con la figura de homicidio criminis causae en concurso con robo agravado por el uso de arma de fuego, tal y como pedían el fiscal Ignacio López Bustos y los querellantes Álvaro Zelarayán y Jorge Lobo Aragón. Sin embargo, no quedó probada la participación de los otros dos procesados, y se los absolvió. La segunda etapa, que es conocida como cesura de juicio, comenzó ayer.
Esta audiencia consiste en que un juez evalúe la graduación de pena propuesta. En esa circunstancia, según explicó uno de los querellantes -Lobo Aragón- la jueza Ana María Iácono aceptó la propuesta de prisión perpetua para el caso de Galindo, quien habría realizado el mortal disparo. Sin embargo, la magistrada advirtió que todavía faltaba un informe sobre D.O.A.
Se trata de un informe que es necesario para evaluar la pena es su contra por haber sido enjuiciado como menor de edad. Se ordenó que en el plazo de 20 días la institución a cargo de esa tarea realice y presente el documento y en consecuencia extendió la prisión preventiva del joven hasta que se cumpla con el requisito final.
