“Le va a pasar como a Nisman”: la trama secreta detrás de la amenaza narco a la jueza Sandra Arroyo Salgado

Aquella mañana del 3 de abril de 2018, un hombre llamó al juzgado federal de San Isidro. Quería hablar ya mismo con Sandra Arroyo Salgado “por el tema de Gustavo Sancho”, pero le pidieron que marcara el número de la otra secretaría. Y así lo hizo: dijo tener “un recado de parte de Sancho”, pero cuando lo transfirieron, la comunicación se cortó. Harto, en el octavo intento la voz misteriosa le advirtió a otra secretaria: “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela”.

La jueza Arroyo Salgado nunca lo reconoció abiertamente, pero esas y otras amenazas fueron las que la llevaron en diciembre de 2018 a dejar de investigar a Sancho por narcotráfico y lavado de activos y a retirarse de la querella por la muerte de su exmarido Alberto Nisman, fiscal del caso AMIA. Una semana antes de tomar esa decisión, uno de los posibles autores del apriete fue asesinado de manera brutal. Ahora, tras cuatro años, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez le pusieron nombre y apellido a quien creen responsable de atemorizar a su colega.

Se trata de José Damián Sofía, de 57 años, muy conocido en la zona oeste del conurbano bonaerense por sus contactos a todo nivel. Inteligente, por cierto: para el fiscal, “el Tano” no solo amenazó a la jueza, sino que también plantó pruebas para que acusaran a un hombre que le debía plata por un negocio que salió mal. Eso fue querer matar dos pájaros de un tiro. Y casi le sale bien porque tras su detención y procesamiento, Marcelo Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán, de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, dictaron su falta de mérito, dispusieron su inmediata libertad y ordenaron seguir investigando.

Como pudo reconstruir LA NACIÓN con base a documentos oficiales, el enojo de Sofía con Arroyo Salgado comenzó cuando la jueza desbarató la organización de Sancho. Eso fue el 14 de noviembre de 2017.

Según un testigo de identidad reservada, uno y otro se complementaban muy bien: “Sancho ponía la mercadería y Sofía las líneas: aportaba las salidas acá y la recepción en Europa”. Para el fiscal, la caída del primero, en consecuencia, era una desgracia para el segundo. De ahí que amenazara a la jueza que lo investigaba para que dejara de hacerlo.

La mañana de la amenaza, Sofía partió desde la zona oeste del conurbano bonaerense hacia Rosario. Fue un viaje de ida y vuelta en el día. Lo hizo acompañado de Christian Ariel Quinteros, de 43 años, más conocido como “Gordo Tita”, que hacía las veces de su chofer. Entre las 9.01 y las 9.18 horas del 3 de abril, desde un teléfono comprado para la ocasión se hicieron las llamadas en cuestión. Querían que Arroyo Salgado liberara a Sancho y a todos o, caso contrario, iba a terminar como Nisman y sus hijas, como Candela.

A Quinteros le hicieron de todo el 5 de diciembre de 2018 en Navarro: le tajearon el cuerpo, le cortaron la oreja izquierda, le dispararon en las rodillas y hasta le extirparon el ojo izquierdo, pero como no consiguieron lo que buscaban, lo ejecutaron. Tal vez por la amenaza misma, tal vez porque uno de los sospechosos terminó así, lo cierto fue que, una semana después, la jueza Arroyo Salgado se consideró envuelta en circunstancias de “violencia moral” como para seguir investigando a Sancho. El caso lo siguió Mirabelli. Una semana más tarde también dejó la querella por el caso Nisman.

Eso no fue todo: quien sea que haya planeado el asesinato de Quinteros, luego fue tras Anabella Bluetti, la viuda, a la que la ejecutaron de un disparo mientras manejaba su Chevrolet Meriva el 6 de febrero de 2019 en Francisco Álvarez. Por el doble crimen, hasta ahora, el fiscal Leandro Ventricelli no pudo arrestar a nadie.

A Sofía lo atraparon el 2 de noviembre de 2019 ni bien aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de España. Al día siguiente, declaró que el autor de la amenaza bien pudo haber sido su viejo deudor. Diez días después cambió la versión: aclaró que también pudo haber sido Quinteros, su chofer. Claro, “Gordo Tita” ya no podía defenderse. Hacía un año que lo habían matado de la peor manera.

Tras la falta de mérito a Sofía, el fiscal Domínguez le tomó declaración testimonial a su viejo deudor. Sin admitir que se dedicaba al narcotráfico y que le había prometido al “Tano” una salida confiable por el puerto que nunca existió, el apuntado sí reconoció que le debía plata: que la deuda era con Sofía, pero como en ese negocio que inventó también lo jodió a Sancho, el tema pasó a ser con los dos; que a Sancho le pagó 280 mil pesos -alrededor de 16 mil dólares a la fecha de los hechos- porque sus amigos le dijeron que correría riesgo su vida si no lo hacía, pero no le dio nada a Sofía; y que “el Tano”, sacado, empezó a buscarlo por todos lados hasta que de un día para otro desapareció de su casa para que su familia no tuviera problemas, pero que a ellos también los persiguió.

Para el fiscal Domínguez ya no quedaban dudas: el teléfono con el que se hizo la amenaza coincidía en tiempo y espacio con uno utilizado por Sofía; conocía a Sancho y otros acusados por actividades compatibles con el narcotráfico; en otras situaciones también se hacía llamar como el autor de la amenaza, “Jorge”; y sus descargos, a decir por el cambio de versiones, no cerraban por ningún lado. Un detalle: al que quiso incriminar originalmente le debía plata a él y no a otro. Un detalle más: al que quiso echarle la culpa después, el asesinado Quinteros, trabajó para él y no para el beneficiario del apriete.

El juez Mirabelli estuvo de acuerdo: en consecuencia, procesó a Sofía por “la coacción, agravada por haber sido las amenazas anónimas y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de éste una medida o concesión”. Por estrategia procesal, lo consideró penalmente responsable de aquellos delitos no como autor sino en calidad de coautor. Aunque con algunos reparos, Fernández, Salas y Morán, de la Cámara Federal, confirmaron en marzo el procesamiento, esta vez sin prisión preventiva.

El rol de Mameluco Villalba

El caso no solo exhibió una vez más cómo operan las organizaciones narcocriminales en el conurbano bonaerense, sino que también reavivó el rumor que siempre circuló en ese bajo mundo, donde casi todos se conocen: que la orden de secuestrar a Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años asesinada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, no la dio Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, sino el mismísimo Sancho. No por nada la amenaza de que la jueza podría terminar como el fiscal Nisman y las hijas, como Candela partieron de boca de quien necesitaba que Sancho estuviera nuevamente en la calle para trabajar.

Ya lo había sugerido Alfredo Rodríguez, papá de la víctima, durante aquella época: “No sé quién pudo haberle hecho eso a Candela, pero de la gente con la que andaba o que conozco podrían ser los de la banda de Boscolo o Gustavo Sancho, que manejan la droga en San Martín, a los que conozco de toda la vida, porque hace unos diez días, antes de la desaparición, un amigo mío detenido en la Unidad 36 de Magdalena, en el mismo pabellón que yo, me dijo que ‘el Topo’ Moreyra me había ensuciado con Boscolo y Sancho, diciéndoles que yo le pasaba información sobre ellos a la Policía Federal (PFA)” y que tras un allanamiento de esa fuerza de seguridad, Sancho le dijo “Fijate lo que andas haciendo, yo a vos te voy a matar”.

Como sea, el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Morón empezó en marzo el juicio, justamente, a Villalba como instigador del secuestro seguido de muerte de la hija de Rodríguez.

El siempre temido “Mameluco” es, además, el principal sospechado detrás de las 24 personas fallecidas el 2 de febrero de este año por consumir cocaína cortada por carfentanilo. Todavía no lo indagó por eso, aunque sí por narcomenudeo en la misma zona del desastre, porque a más de un mes de los allanamientos, la jueza federal Alicia Vence todavía no recibió los resultados del peritaje químico sobre las dosis secuestradas. A casi tres meses de la tragedia, los policías bonaerenses y federales tampoco pudieron atrapar a Luca Nahuel Baigorria, alias “Dylan”, hijo de Villalba, al que en las escuchas telefónicas reveladas por LA NACIÓN los mismos transas de la banda lo responsabilizaron por haber “traído la droga fea desde Colombia”.

Este año, también, se decidirá la suerte del propio Sancho: al hombre que Sofía quería que Arroyo Salgado liberara porque “esto no da para más”, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín lo tiene sentado en el banquillo de los acusados por triangular kilos y kilos de cocaína entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Entre las pruebas más importantes están los restos de los narcojets de su organización que se estrellaron dentro y fuera del país.