El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a la intendente kirchnerista de Quilmes, Mayra Mendoza y ex funcionarios por el presunto desvío de fondos por 535 millones de pesos a un conjunto de cooperativas que se encuentran relacionadas con integrantes del municipio.
“En el estado en que se encuentra el presente proceso insto el ejercicio de la acción penal contra Sebastián Raspa, Mayra Soledad Mendoza, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler”, sostiene el dictamen al que accedió Clarín y que impulsó la investigación.
Los delitos por los que se investigan a Mendoza y sus ex funcionarios son presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa que abrió el fiscal González comenzó con la información publicada en el sitio web El Disenso, donde se informó que los aportes a las cooperativas fueron organizadas por “Sebastián Roberto Raspa, Subsecretario de Hábitat del municipio bonaerense de Quilmes, quien junto a su socio y ex funcionario quilmeño Martin Bordalejo, administran una interesante cartera de cooperativas y sociedades anónimas”.
Se expuso así una estructura a través de la cual “fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
En el dictamen de la fiscalía se detalló que los dos ex funcionarios habrían participado de las siguientes organizaciones: “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.
La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal con el impulso de la investigación, se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
Por ejemplo, solo “La Estrella, Unión Azul y Progreso recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 millones de pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38,233,270.97 pesos.”
Esas contrataciones las hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, donde trabaja el subsecretario Raspa, para la limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad.
En las resoluciones que adjudicaban esos fondos, Raspa resaltó, por ejemplo, la “experiencia” de la cooperativa La Estrella, aunque esa entidad se había inscripto solo veinte días antes de la primera contratación. Además, se resaltó que las contrataciones millonarias llevaban la firma de Mayra Mendoza.
La estructura de manejo de fondos para tareas de recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes incluyó también a Bordalejo -socio de Raspa- quien inscribió en Estados Unidos las empresas Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC. Ambas fueron dadas de alta el día 5 de noviembre de 2020 en el registro de empresas de Miami.
En el dictamen del fiscal González se relató que a este conjunto de cooperativas, se les habría pagado la suma de 535 millones de pesos, destacando además que “Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa”.
Cuando la noticia se conoció, y apenas Mayra Mendoza se autodenunció en la justicia de Quilmes sosteniendo su inocencia, Raspa presentó su renuncia.
Se indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza, que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
Con la apertura de la investigación, el fiscal impulsó una batería de medidas, entre las que se solicitó que se compulse el padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social “con el objeto de conocer dirección, teléfono, mail, cuit, fecha de inscripción, actividad y todo otro tipo información”.
También se busca determinar los datos de cada una de las cooperativas involucradas en la maniobra, por lo que se pidió al juez Ariel Lijo que requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si ante ese organismo se han efectuado denuncias que involucren a alguna de las referidas cooperativas.
También quiere que se informe “todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari. Asimismo, en caso de haberse detectado patrones comunes entre las cooperativas” bajo investigación. La fiscalía considera importante que se explique si existen o existieron otras cooperativas en las que se haya consignado esa información.
