Un informe confidencial de Hewlett Packard (HP) confirmó la existencia de delitos e irregularidades cometidos por ejecutivos de la compañía durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y recomendó el despido inmediato de los involucrados, según consta en una copia de ese reporte al que accedió LA NACION.
Redactado en inglés por expertos en investigaciones y ética para Hewlett Packard, el reporte de acceso restringido aportó detalles sobre cómo habría sido la maniobra delictiva que habría rondado entre los 3 y 9 millones de dólares, aunque aclaró de manera taxativa que no encontró indicios de corrupción vinculados a una de sus distribuidoras, Dinatech, y al entonces ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.
El informe se completó en mayo de 2018, quedó sujeto a las reglas de confidencialidad que protegen la relación entre abogados y clientes, y se envió a la cúpula global de la compañía. Es decir, tres meses antes de que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) iniciaran una investigación en Estados Unidos por presunta corrupción, lavado de activos y extorsión centrada en las operaciones de Hewlett Packard en la Argentina.
El proceso incluyó la participación del Equipo de Cumplimiento de los Estándares de Conducta Corporativa (Sbcct, por sus siglas en inglés) del gigante tecnológico mundial, que convocó al estudio jurídico Fernwick & West como asesor externo en noviembre de 2017. Juntos investigaron si ejecutivos y exejecutivos de la compañía en la Argentina habían “extorsionado” a Etertin y otras firmas locales para cobrarles dinero entre 2011 y 2017 a cambio de mantenerlas como distribuidoras de los productos de HP en el país.
El foco de la investigación fue más lejos. A lo largo de 17 carillas, también se concentró en al menos cuatro altos ejecutivos locales de la compañía, que también habían sido acusados de impulsar represalias contra Etertin después que denunció la presunta operatoria criminal.
LA NACION consultó sobre la investigación a la filial argentina de la compañía. La respuesta de HP Inc., la compañía dedicada a los ordenadores personales y a las impresoras tras la división de Hewlett Packard en dos firmas a nivel global, fue sucinta: “No tenemos comentarios sobre este asunto”, replicó.
Evidencias y despidos
Siete meses después de iniciada la investigación, los expertos emitieron su informe. Concluyeron que había evidencias para concluir que al menos dos de los ejecutivos –el gerente Sergio Venier y la socia María Florencia Grande- habrían exigido o recibido sobornos de Etertin y otras distribuidoras, y recomendaron sus despidos, pero que no había indicios contra el gerente de ventas, Ernesto Blanco, y del máximo responsable de HP en la Argentina, Juan Manuel Blanco.
De acuerdo a los investigadores, los empleados que participaron en las maniobras delictivas habrían actuado en coordinación con otro ejecutivo local de la compañía que se había marchado en 2016, Gonzalo Giazitzian, quien habría “manipulado” varios programas de HP para desviar entre 3 y 9 millones de dólares de la distribuidora Etertin en beneficio propio, dinero que repartió con sus presuntos cómplices.
Las sospechas, sin embargo, se expandieron más allá. También alcanzaron a otro exgerente de HP, Javier Mazzeo, quien figuraba como destinatario en varios de los correos electrónicos de Giazitzian, aunque los investigadores aclararon que no lograron avanzar más contra él desde el momento en que ya había cruzado la puerta de salida y no les correspondía a ellos ahondar más.
Otro dato que surge de ese informe confidencial es sintomático. Al menos tres de los señalados en ese reporte integran, también, la lista de sospechosos en la investigación que el Departamento de Justicia y la SEC abrieron en agosto de 2018 por presunta corrupción, lavado y extorsión de Hewlett Packard en la Argentina.
Los citados en el reporte de HP que también son investigados en Estados Unidos son Giazitzian, Mazzeo y Venier, quienes fueron citados a declarar en enero último, cuando una fiscal y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) viajaron a Buenos Aires para avanzar con su pesquisa. Ninguno de los tres se presentó.
LA NACION intentó comunicarse con Giazitzian, Mazzeo y Venier, pero no respondieron a los mensajes y correos electrónicos.
Otras distribuidoras, más coimas
La investigación interna también detalló que el responsable de Etertin, Diego Verdejo, no fue el único que denunció el sistema de coimas exigido por ejecutivos y exempleados de HP. Según el reporte, también lo planteó Esteban Isorna, un exsocio de Etertin que creó su propia firma, Intermaco, y aportó detalles sobre la operatoria ilícita que lideraba Giazitzian.
Tres años después, en noviembre de 2020, Isorna recibió la visita de agentes del FBI cuando viajó a Miami. Le solicitaron una reunión, que se concretó dos o tres días después, cuando un fiscal voló desde Washington DC para el encuentro, según confirmó Isorna ante la consulta de LA NACION.
La operatoria bajo la lupa era más amplia aún. ¿Por qué? Porque también se investigó si otra distribuidora local, Dinatech, “se involucró en sobornos para garantizarse contratos del gobierno”. En particular, al exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, al que identificaron por su nombre y cargo. Pero los expertos que redactaron el reporte aclararon que “no encontraron documentos ni otras evidencias que indiquen que cualquier tipo de conducta inapropiada en relación con cualquier transacción que involucrara a Dinatech o que cualquier empleado de HP supiera o participara en sobornos vinculados a Dinatech”.
Sin embargo, para los investigadores del Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, Dinatech y su máximo responsable, Eduardo Wassi, continúan bajo la lupa, según reconstruyó LA NACION. Integran la lista de nombres de personas físicas y jurídicas sobre las que plantean preguntas y piden precisiones en sus interrogatorios.
Algo más: tanto los expertos convocados por Hewlett Packard como los investigadores del gobierno de Estados Unidos coincidieron en un foco de interés y preocupación: las llamadas “declaraciones juradas anticipadas de importación” (DJAI) que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impuso a principios de 2012.
Sin embargo, mientras que la investigación oficial del gobierno de Estados Unidos continúa abierta, la desarrollada a pedido de Hewlett Packard se cerró. Concluyó con recomendaciones. Además del despido de Venier y Grande, propuso mejorar los controles internos y los procedimientos para definir la distribución de negocios y beneficios entre las distribuidoras, además de cortar los vínculos comerciales con dos de ellas, Etertin e Intermarco. Consideró que ambas distribuidoras fueron partícipes integrales en la operatoria delictiva hasta que, por motivos a determinar, decidieron denunciarla.
