Son días muy turbulentos en el sur de Chile. Junto con los vientos y las intensas lluvias características de esta época del año, el presidente Gabriel Boric decidió sacar los militares a la calle. Son los mismos uniformados que el propio Presidente “guardó” hace tres meses cuando asumió la presidencia.
El motivo es claro y se repite de forma unánime entre la mayor parte de la población: los ataques y atentados de grupos radicales están fuera de control. No son mapuches, sino que toman las reivindicaciones y reclamos de las comunidades para llevar adelante una lucha que es directamente contra el Estado.
Boric nunca hubiese querido tomar esta decisión, pero no tuvo opción. Según una encuesta difundida por Plaza Pública Cadem –una de las consultoras más respetadas en el país- el 77% de las personas valida la decisión presidencial. No solo eso. El 85% de los encuestados considera que la medida debería haberse tomado antes.
¿Por qué se agravó el conflicto mapuche en Chile?
A pesar de que el Gobierno chileno cedió ante muchos reclamos de las comunidades, el problema es mucho más profundo. Hay cientos de hectáreas que están controladas por grupos radicales y donde las fuerzas de seguridad no tienen posibilidad de ingresar. Allí se engendra la principal estrategia combativa de estos sectores.
El principal reclamo es por los terrenos que ellos consideran ocupados y por el reconocimiento de un Estado mapuche independiente de Chile. Pero, según le explicaron a TN los legisladores opositores Felipe Kast y Miguel Mellado, “lo que también se encuentra allí es narcotráfico, contrabando de armas y robo de maderas”.
Concretamente, desde marzo a la fecha los atentados incendiarios aumentaron un 91% en la región de la Araucanía y Biobío, mientras que los hechos de violencia en general lo hicieron en un 171%. Estas son cifras publicadas por la Corporación Multigremial de La Araucanía, ligada al sector de la producción.
La calle, en alerta máxima
Toda la población del sur de Chile está en alerta máxima. A simple vista se observa un panorama de normalidad. Pero con solo transitar las rutas y caminos de la región o preguntarle a cualquier persona que camine por la calle, el panorama cambia.
Este temor se alimenta con los graves ataques que tienen como fin amedrentar a la población. Es posible ver, por ejemplo, camionetas prendidas fuego al costado de la ruta 5, la principal de Chile que une el país de punta a punta. No son incendios casuales. Son intencionales y, muchas veces, están acompañados por balas o carteles de amenazas.
“Los tenemos en la mira”, manifiesta una bandera colgada al costado del auto prendido fuego. Los apuntados: “forestales, latifundistas y fiscales”. Ellos son el blanco de los principales ataques y amenazas.
Quiénes son y el avance hacia la Argentina
“En los ‘70 acá en Chile muchas personas pensaban que este conflicto no les llegaría a ellos, pero sucedió”, empieza Jorge Luchsinger-Mackay -cuyos padres murieron a causa de un incendio en su casa-, para luego agregar: “En la Argentina puede pasar lo mismo, esto puede cruzar la cordillera”.
Esta advertencia no es en vano. Hubo repetidos casos en los últimos años que llevó al propio Gobierno chileno a advertirle a la administración de Alberto Fernández sobre los vínculos que los grupos violentos en Chile tienen con distintos sectores mapuches al sur de la Argentina.
En una reunión que mantuvo en noviembre del año pasado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con un enviado especial del por entonces presidente Sebastián Piñera, el funcionario chileno presentó una serie de evidencias que dan cuenta de una coordinación cada vez mayor y del uso de pasos fronterizos ilegales.
Las denuncias apuntan directamente contra grupos que operan en Malleco, Arauco, Ercilla y cerca de Temuco. Entre ellos se ubican los mapuches radicales de la CAM –Coordinadora Arauco Malleco-, WAM –Weichan Auca Mapu-, RML –Resistencia Mapuche Lafquenche-, y LNM –Liberación Nacional Mapuche-.
Facundo Jones Huala y los casos más recientes
100 días prófugo. Esa es la situación actual del líder mapuche y activista Facundo Jones Huala. Fue condenado en Chile en 2013 por el incendio de una vivienda habitada y por tenencia de arma. Recién fue trasladado al país trasandino en 2018 luego de estar detenido en Esquel.
En enero de este año le dictaron la libertad condicional y 15 días después dejó de presentarse en los tribunales de Temuco, donde tenía que acreditar su domicilio. La Justicia lo declaró “prófugo” y la Corta Suprema de aquel país revirtió la decisión inicial. Ya era tarde.
Nadie sabe dónde está el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Chile dice que está en la Argentina y viceversa. Lo cierto es que por lo bajo distintas comunidades aseguran que Jones Huala es uno de los principales vínculos entre los grupos violentos de ambos lados de la frontera.
En este contexto, hace poco más de un mes Gendarmería incautó en Mendoza un total de 11 armas sin papeles, 17 cargadores y más de 2000 municiones que iban de la Argentina a Chile. A fin de año pasado fueron detenidos 3 chilenos que ingresaban a Neuquén con municiones y cargamento ilegal. Algunos ejemplos del vínculo en el sur de ambos países.
La violencia en el rostro de las víctimas
Los relatos estremecen y hacen inimaginable la posibilidad de vivir una situación así. “Tenemos un búnker afuera y a mi hija le hicimos una habitación en el medio de la casa para que no esté expuesta a los disparos del exterior”, le cuenta a TN con una asombrosa frialdad Bárbara Orellana.
Ella y su marido Eric Baier Herniquez son víctimas constantes de los ataques de grupos violentos. Viven en uno de los sectores más calientes de la llamada “zona roja”, en la ciudad de Ercilla. A él, por ejemplo, lo balearon en su rodilla mientras trabajaba en su tractor: “Cuando salgo no sé si volveré”, sentencia con amargura.
Lo mismo le pasa a Gerardo Cerda, un empresario forestal que sufrió el incendio de por lo menos 20 camiones en los últimos años. “Es cuestión de minutos, vienen por la noche, prenden fuego todo y se van”, relata, casi de forma entregada.
En este contexto, hay un grado de satisfacción si el daño no es humano. El martes de esta misma semana un trabajador mapuche rural murió a causa de los disparos que recibió en su cabeza por parte de otro grupo de una comunidad radical. Trabajaba en el campo junto a otros compañeros. Era mapuche y defendía sus pensamientos. Pero no tuvo nada que hacer ante la violencia de las armas.