Entre los magistrados y fiscales, la Corte Suprema de Justicia se consolidó como un tribunal fortalecido tras la sentencia en la que rechazó todos los recursos de Cristina Kirchner para anular el juicio oral que enfrenta por la concesión de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
Este fallo llegó dos meses después de que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se erigiera como presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y remueve a los magistrados. Y se dictó una semana antes de que esté disponible en librerías el último libro de Rosatti (en rigor se trata de su tesis doctoral) sobre el lenguaje de la Corte, a través del análisis de 386 sentencias dictadas entre 1973 y 2002, pero con condimentos de alto voltaje político, incluidos especialmente para este texto que aparece cuando el Gobierno quiere cambiar la composición del máximo tribunal.
La mirada del Poder Judicial sobre la propia Corte como un tribunal fortalecido, lejos de estar motivada en que su sentencia incomodó al Gobierno, se funda en que la decisión de los jueces fue “correcta”, no a favor de la oposición o en contra del oficialismo, sino técnicamente acertada.
Fue un fallo de lo más conservador. Todos los días decenas de recursos son rechazados en todos los tribunales por no ir contra una sentencia definitiva. Lo inusual hubiera sido lo contrario, abrir el recurso de queja. Lo mismo ocurrió con el reclamo de que el caso ya fue juzgado en Santa Cruz. La Corte dijo que allá se analizó la conducta de funcionarios locales, no funcionarios federales acusados de comandar una asociación ilícita.
Claro que la decisión jurídica, simple técnicamente, tuvo una dimensión política: implicó confirmar la continuidad del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio, que ya dos veces les gritó en la cara a los jueces que eran la encarnación del lawfare y que si fuera por ella convertiría a la Corte en un tribunal de 25 jueces, delegados de cada gobernador. Una vicepresidenta que integra un Poder Ejecutivo en franca debilidad.
Otra salida, igual de política, hubiera sido congelar los recursos de queja de la vicepresidenta hasta encontrar otra oportunidad política para resolver. Pero esos son modos judiciales de otra década, interpretan en los tribunales.
Del lado del kirchnerismo la queja también es política y se preguntan: ¿si técnicamente era un asunto tan trivial, por qué los recursos se resolvieron ahora, cuando el juicio oral está en vías de su desenlace, y no hace tres años cuando comenzaba? La oportunidad de las sentencias forma parte de su contenido.
A pesar de estos fallos y de que el kirchnerismo está enfrentado a los jueces, la Corte no se percibe como opositora. Cristina Kirchner la llama el “partido judicial” y el ministro de Justicia, Martín Soria, se queja de que la Corte hace política con sus sentencias, pero en el máximo tribunal no dan entidad a esas expresiones. Si bien siguen con atención el trámite que tiene en el Senado la iniciativa de ampliar el máximo tribunal a 25 jueces y en Diputados el proyecto para reformar al Consejo de la Magistratura, entienden que no tienen suficiente consenso político para que sean aprobados.
Como contrapartida a esta guerra declarada desde un sector del kirchnerismo a la Corte, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, es un interlocutor frecuente de Rosatti y otros jueces. De indubitada prosapia kirchnerista, Ustarroz no solo conversa sino que acuerda con los representantes de los jueces y de la oposición en el Consejo de la Magistratura para aprobar ternas de candidatos, como la semana pasada. Acaso ese organismo es un raro rincón de la administración del poder donde oficialismo y oposición son capaces de consensuar.
Cuando alguno de los tres poderes no funciona, prevalecen los otros. El Poder Ejecutivo está sumido en una crisis, con la autoridad del Presidente cuestionada por su vicepresidenta. En el Poder Legislativo, el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados ni en el Senado, donde debe recurrir a aliados. En ese contexto, la Corte, como cabeza del Poder Judicial, se erigió como un tribunal colegiado, pero ordenado y con una presidencia fuerte. Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda consolidaron mayorías con sus tres votos y Ricardo Lorenzetti tiene juego propio.
Los magistrados se muestran cohesionados y no dispuestos a que se altere el rumbo trazado y la impronta es actuar de “manera ortodoxa”, con un fuerte apego a las formas y soluciones técnicas estandarizadas, no excepcionales aun cuando se trate de casos de alto impacto político, como el que involucra a Cristina Kirchner. De todos modos, la visión en la Corte es a “mediano y largo plazo”, con el calendario electoral a la vista y una fina sensibilidad política para mantener la misma ortodoxia, aún cuando en 2024 cambien los vientos, dijo una fuente con llegada al cuarto piso del Palacio de Justicia.
No obstante, a corto plazo la Corte tiene una agenda agitada con recursos de alto impacto político en el Gobierno: tras la feria judicial resolverá sobre los fondos coparticipables que se disputan la Ciudad y la Nación, en un fallo que impacta en el financiamiento de Horacio Rodríguez Larreta en un año electoral; y decenas de recursos de exfuncionarios y dirigentes kirchneristas investigados por corrupción, incluida Milagro Sala. También debe decidir sobre la medida cautelar ante el decreto que declara internet como servicio público: otra obsesión cristinista.
Algunos camaristas en tribunales se preguntaban si la Corte quedó fortalecida tras dictar el fallo contra Cristina Kirchner o si en realidad no ocurrió al revés: que los jueces no hubieran podido dictar la sentencia si no hubiera sido un tribunal fuerte.
En los nueve meses desde que Horacio Rosatti es presidente de la Corte y una vez acalladas las intrigas palaciegas que dominaron su ascenso, hubo al menos tres hitos que terminaron por fortalecer a la Corte de cara al resto del Poder Judicial: el fallo que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura y permitió conformar el actual: la reunión de un centenar jueces federales de todo el país en Rosario, como señal contra el narcotráfico; y la decisión de rechazar los recursos de Cristina Kirchner.
Llevar a Rosatti a presidir el Consejo de la Magistratura le permite a la Corte hacer sinergia entre ambos organismos: decidiendo sobre las necesidades de infraestructura del Poder Judicial (nuevos tribunales que necesitan lugares para funcionar), de superintendencia (conducta de los magistrados y organización) y de gestión económica e informática. Al mismo tiempo, Rosatti se lleva la marca y sobre sus hombros pesa ahora la responsabilidad para que el Consejo funcione.
Un hito del nuevo Consejo, que implicó una señal puertas adentro para el Poder Judicial, fue la decisión –consensuada por WhatsApp– de sacar al juez federal de Mendoza Walter Bento, procesado por enriquecimiento, cohecho y lavado, del concurso para juez de la Cámara de Casación Penal. A fin de mes o a comienzos del próximo podría estar listo un peritaje contable que encargaron los consejeros sobre las finanzas del juez, protegido hasta ahora por el kirchnerismo.
