Un segundo frente institucional se ha abierto contra el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila. A principios de este mes, LA GACETA dio a conocer que el jefe de los defensores oficiales del Poder Judicial había sido denunciado penalmente ante el fiscal regional de la Capital, Mariano Fernández, por la presunta comisión de tres presuntos hechos: el supuesto alquiler de una cochera a la familia de una de las funcionarias del ministerio; la supuesta realización de obras no declaradas ni autorizadas en ese estacionamiento; y el supuesto uso de recursos estatales (personal y materiales de obra) para la construcción de su casa particular en Tafí del Valle.
Ahora, la empleada judicial Alejandra Martínez Romero, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, han llevado esa denuncia (por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado de bienes y servicios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autor material y en concurso real) a la Legislatura. El expediente 54-JP-22, interpuesto ante la comisión de Juicio Político, solicita la destitución de Navarro Dávila.
La presentación ante el Poder Legislativo da cuenta, en primer término, que el ministro Pupilar y de la Defensa ha alquilado a través de una “contratación directa”, el inmueble capitalino de Salta 260, a través de una contratación directa autorizada por el acuerdo 33/21 del Tribunal de Cuentas, por $ 8,9 millones, más IVA, durante 36 meses.
Luego, denuncian que esa cochera, rentada para el estacionamiento de vehículos de ese órgano del Poder Judicial, es propiedad de la familia política de María Laura Gutiérrez, secretaría institucional del ministerio.
En segundo lugar, aseveran los denunciantes, “Navarro Dávila miente al Tribunal de Cuentas cuando arguye que el inmueble objeto de locación se encontraba en perfecto estado de conservación. Sin embargo, el ministro Pupilar y de la Defensa ordena que se ejecuten obras en el inmueble”. Son, según el expediente 54-JP-22, refacciones, arreglos en los techos y construcción de oficinas. Aseveran que estos trabajos se realizan sin control preventivo, siquiera, del órgano de contralor estatal, “provocando una erogación ilegal e innecesaria” al Poder Judicial tucumano.
Según los denunciantes, estas presuntas obras, aparentemente, tampoco contaron con permisos municipales. Afirman, inclusive, que habrían sido denunciada por vecinos y que se habrían intentado frenar en tres oportunidades esos trabajos. “Navarro Dávila obstaculiza la realización de tales clausuras, pues ostenta su cargo para intimidar a los inspectores de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, manifestaron.
Sobre la base de estas presuntas circunstancias (un supuesto contrato en favor de la familia de una funcionaria a su cargo) y actitudes (la supuesta erogación de fondos para obras no declaradas ni autorizadas y el supuesto entorpecimiento de la tarea de inspectores municipales) configuran dos causales de remoción, según Martínez Romero y Morales.
Por un lado, aseveran, Navarro Dávila se encontraría incurso en las figuras previstas por los incisos 1° y 2° de la Ley 8.198, sobre el enjuiciamiento político de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado: “actos de parcialidad manifiesta” y “reiteración de irregularidades en el procedimiento”.
Por otro lado, sostienen que el funcionario habría violado el artículo 112 de la Constitución Provincial, que establece: “Los jueces de Corte y demás tribunales inferiores, los representantes del Ministerio Fiscal y Pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta”.
Barrio privado
El pedido de juicio político plantea, también, que Navarro Dávila se encontraría “utilizando ilegalmente” tanto “personal como bienes materiales asignados por el Estado al Ministerio Pupilar y de la Defensa” para “la construcción de una vivienda” particular. Según la presentación, se trata de un inmueble adquirido por el funcionario judicial en el barrio privado tafinisto “Los Alisos”, en un lote de 2.900 metros cuadrados de superficie.
“Los materiales que se desvían para beneficio personal de Navarro Dávila con la construcción del inmueble en la localidad Tafí del Valle están legalmente asignados a una obra de las defensorías penales de Laprida 1.074 de San Miguel de Tucumán”, aseveran los denunciantes.
“Los materiales de construcción que adquiere el Ministerio Pupilar y de la Defensa son comprados en el corralón Del Pero, cuyo personal en varias oportunidades procede a dejarlos en el domicilio particular de Navarro Dávila en Tafi del Valle”, aseveran en el escrito a la Legislatura.
“El recorrido del personal y de los bienes del Ministerio Pupilar y de la Defensa hasta llegar al inmueble (tafinisto) empieza con el traslado por el chofer Pablo Mamaní a un galpón del suegro del secretario administrativo del Ministerio, Federico Vinocour, en Rivadavia y Chile”, agregan.
Según se afirma en el expediente, estas presuntas acciones determinarían que el ministro Pupilar y de la Defensa se encuentre, supuestamente, incurso “en la causal de destitución contenida en el artículo 4 del inciso 2° de la Ley 8.198”. Esa figura, en la norma para el enjuiciamiento político de las principales autoridades estatales de Tucumán, aplica para quien “incumpliere los deberes inherentes al cargo”.
“Corresponde que se formule acusación y, posteriormente, se destituya” a Navarro Dávila, subrayan los denunciantes.
