Más de cinco años después de que el gigante brasileño Odebrecht admitió que pagó sobornos multimillonarios en toda América Latina, la Argentina figura entre los países con peores resultados judiciales y administrativos, según surge de un análisis desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integran periodistas de LA NACION y otros ocho medios de comunicación del hemisferio.
La Argentina figura entre los pocos países que no registra condenas penales, ni multas aplicadas a la constructora Odebrecht o, incluso, que menos información y evidencias recibió desde Brasil. Y un dato más: tampoco logró recuperar un centavo de los millones de dólares que los coimeros se llevaron de las arcas públicas.
La Argentina quedó así muy lejos de los índices de condenas registrados en Brasil –cuna judicial del Lava Jato–, pero también de Perú, que acumula ya 22 funcionarios, empresarios, intermediarios, cambistas ilegales y otros involucrados con condenas. Incluso se encuentra por detrás de Panamá, Colombia y Ecuador, con 18, 16 y 12 condenas, respectivamente. Por el contrario, el Poder Judicial argentino no registra sentencias al igual que Venezuela y México.
Estos y otros datos surgen de la investigación “Viaje al centro de Lava Jato” que desarrolló la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” durante los últimos meses, con la participación de periodistas de LA NACION, Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando Info (Venezuela).
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En la Argentina, cabe aclarar, dos de las investigaciones se encuentran muy avanzadas, con decenas de exfuncionarios, empresarios e intermediarios con procesamientos confirmados por su presunta participación en los sobornos vinculados a dos proyectos: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Ambas pesquisas llegaron ya a tribunales orales que deben iniciar los juicios, a diferencia de la pesquisa sobre el soterramiento del tren Sarmiento. Todavía se encuentra en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En México, en tanto, el exdirector de la petrolera Pemez Emilio Loyoza se convirtió en el único exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que se encuentra en prisión preventiva, acusado de cohecho, lavado y asociación delictuosa, mientras su defensa negocia un arreglo con la Justicia que suspenda su proceso penal.
Los peores índices, en todo sentido, corresponden a Venezuela, donde Odebrecht admitió coimas por US$98 millones, pero no se iniciaron investigaciones por esos pagos ilegales. La constructora incluso admitió que aportó fondos para las campañas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que sobornó a un exministro de Transporte y a una docena de políticos que continúan impunes.
El cuadro opuesto se registra en Perú, donde la Justicia avanzó contra los expresidentes Alejandro Toledo –prófugo desde 2017–, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García –quien se suicidó en 2019 cuando iban a arrestarlo–, y contra la legisladora y excandidata presidencial Keiko Fujimori. El equipo especial de fiscales tiene, además, 93 investigaciones en curso contra 1131 personas y 88 empresas. De ese total, 102 personas se acogieron al régimen del “arrepentido” y tres firmas suscribieron acuerdos de “delación corporativa”.
Panamá le sigue entre los países con más consecuencias penales. Hasta el momento, 18 acusados fueron condenados, en tanto que trece exfuncionarios deben afrontar un juicio oral, incluido el expresidente Ricardo Martinelli, quien tiene a dos de sus hijos condenados en Estados Unidos por conspirar para blanquear US$28 millones en sobornos.
El dinero sucio
Las condenas registradas en algunos países, sin embargo, no se correlacionaron con el recupero de activos. Ese es el caso de Ecuador, por ejemplo, que no recuperó un centavo de los corruptos. Integra el peor pelotón junto a la Argentina, Venezuela y México, cuyos sistemas judiciales y administrativos tampoco lograron que Odebrecht, ni los coimeros, devuelvan dinero mal habido.
La situación en la Argentina, México y Venezuela –que no registran condenas, ni recuperación de fondos– se diferencia así de Panamá –que no tiene condenas, pero sí recuperó US$52,3 millones para el fisco–, y de Perú y Colombia, donde además de las sentencias sumaron 56,6 millones y 26,1 millones de dólares devueltos a las arcas fiscales, respectivamente.
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El análisis conjunto del comportamiento de Odebrecht en América Latina arrojó otro dato singular: en todos los países se corroboró que la compañía admitió sobornos por cifras más bajas de las que surgieron de las investigaciones periodísticas y las confesiones volcadas en expedientes judiciales.
¿Cómo es eso? En 2016, Odebrecht admitió en Brasil, Estados Unidos y Suiza que pagó sobornos en la Argentina por US$35 millones, aunque el monto real ascendería a US$59 millones, y admitió apenas US$11,1 millones en coimas en Colombia, pero habría abonado US$56,7 millones. Lo mismo ocurrió en México (10,5 millones y 24 millones de dólares), Panamá (59 millones y 73 millones), Venezuela (98 millones y 142 millones), Ecuador (33,5 millones y 73,2 millones), y Perú (29 millones y 60,5 millones de dólares, respectivamente).
Sanciones administrativas
Hasta el momento, además, la Argentina también integra el puñado de países más rezagados en el plano administrativo. Odebrecht figura como suspendida en el registro de contratistas del Estado, por lo que no puede competir para obtener nuevos proyectos públicos, pero a la compañía brasileña –que ahora se denomina Novonor– no se le aplicaron multas.
Distintos son los casos de México y Colombia, países donde también se le prohibió a Odebrecht que compita por nuevos negocios con el Estado, pero también se le impusieron multas por 89,1 millones y 78,9 millones de dólares, respectivamente, aunque en el caso de México esas sanciones fueron impugnadas y no se abonaron.
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Panamá, junto a Perú, integra otra categoría. ¿Por qué? Porque ambos países le aplicaron multas a Odebrecht por 220 millones y 240 millones de dólares a pagar en un plazo de 12 y 15 años, respectivamente, pero el gigante brasileño quedó habilitado para competir por nuevos contratos con esos Estados.
Al igual que en todos los anteriores rubros, Venezuela es el país que muestra peores resultados del continente. No aplicó ninguna multa o sanción alguna, ya sea judicial o administrativa, contra Odebrecht, que se encuentra en proceso de cerrar sus oficinas en el país, donde sus obras quedaron paralizadas.
Las consecuencias del Lava Jato –y, en particular, de los delitos de Odebrecht– también se expandieron otros países como Chile, República Dominicana, Guatemala y Paraguay, aunque esta investigación solo se concentró en nueve naciones. Por su parte, Uruguay muestra características singulares ya que la compañía brasileña no realizó allí obras, ni sobornó a funcionarios públicos de ese país, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje societario y financiero destinado a ocultar, mover y lavar el dinero ilícito.
