En diciembre de 2007, Austral Construcciones le prestó 8,3 millones de pesos a favor del matrimonio Kirchner. La Justicia determinó que esta operación posibilitó que la familia de los ex presidentes compre en 2008 Hotesur SA, la firma dueña del hotel Alto Calafate que después administró Lázaro Báez. Además, con su holding, alquiló habitaciones de ese hotel que nunca usó, pero que pagó por 14 millones de pesos. Ese año, el Grupo Austral ya había ganado 25 contratos viales millonarios aunque tenía sólo cuatro años de existencia. Los fiscales del juicio por la obra pública señalaron durante su alegato de este viernes que en 2008 hubo “un cambio en la metodología de pago de los contratos: si eran rutas nacionales, Vialidad pagaba directo a las empresas de Báez”, el entonces socio comercial.
Una primera etapa de las maniobras bajo investigación y que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción en la obra pública vial, podría situarse entre 2003 y 2007. En ese período, Lázaro Báez dio sus primeros pasos como empresario de la construcción. Cada vez que se presentó a una compulsa de precios ganó, aún pese a su falta de experiencia y de que su firma insignia, Austral Construcciones, carecía de capacidad técnica y operativa.
¿Cómo fue eso posible? Para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, por una “determinación tomada como parte de un plan” que tenía como única finalidad “beneficiar al mismo grupo empresarial, a Lázaro Báez el amigo del ex presidente y socio comercial de la ex Presidenta”. Este último concepto se basa en al menos veinte acuerdos comerciales que celebraron mientras ejercieron la presidencia de la Nación.
Ese recorrido inicial de Austral Construcciones hasta finales de 2007 se caracterizó -entre otras irregularidades señaladas por el Ministerio Público Fiscal- por ofertas que se realizaban por encima del costo oficial que figuraba en los pliegos: un 20%, casi al borde de lo admitido por la ley de contrataciones. Así y todo, Báez logró imponerse en 25 contratos de manera consecutiva.
La fiscalía explicó que pese a que los valores eran muy por encima del precio inicial, careciendo “de toda razonabilidad y sentido de la buena administración de los fondos públicos”, el dueño del Grupo Austral lograba el objetivo deseado porque en una gran cantidad de casos competían sus empresas contra ellas mismas. “Lázaro Báez no se tenía que preocupar por hacer la mejor oferta para competir. Eran licitaciones simuladas con la orden de que siempre gane el mismo”, dijo el fiscal Luciani.
Este “modus operandi” funcionó hasta diciembre de 2007. Bajo la primera presidencia de Cristina Kirchner hubo un cambio en la metodología de pago, pero también en la forma de ofertar y presentarse a las licitaciones.
Hacia 2008, destacó la fiscalía, ya había tomado estado público la denuncia de Elisa Carrió que desnudaba un sistema amañado de contratos para “empresarios amigos”, y hablaba de cartelización de la obra pública en Santa Cruz.
Dos cosas cambiaron bajo la presidencia de Cristina Kirchner. La primera de ellas, refirieron los fiscales, fue en la metodología de pago. “Cuando se trataba de rutas nacionales, la Dirección Nacional de Vialidad giraba los fondos correspondientes de manera directa al grupo empresarial”. Para entonces, Austral Construcciones contaba con un cuenta en el Banco Nación, donde el Ministerio de Planificación Federal depositaba el dinero. Esto fue revelado durante la instrucción del expediente.
En el Banco Nación Argentina sucursal Río Gallegos se abrió la cuenta Nº 43300515/11, denominada “Cuenta Convenio”, que se vinculó con la Dirección de Vialidad Nacional que confeccionaba los pliegos licitatorios sobre caminos nacionales que terminaban en manos de Lázaro Báez.
Así, desde el gobierno nacional, entre el 2009 y julio de 2013 se giraron al Grupo Austral más de 2.100 millones de pesos para Austral Construcciones y Kank & Costilla, dos firmas de Báez que se alternaban para la adjudicación de contratos viales.
Sólo cuando las rutas eran provinciales Vialidad Nacional remitía los millonarios fondos al organismo vial provincial -comitente en los contratos-, y éste era el responsable de garantizar los anticipos del 30% al grupo Austral. No sólo eso: “eran anticipos millonarios, certificaciones de obras por trabajos no realizados, sobrecostos productos de los constantes retrasos”, señaló el fiscal.
Hubo otra modificación observada durante la tercera jornada de alegatos. Hasta 2007 el Grupo Austral realizaba ofertas por encima de los valores oficiales, pero “desde la denuncia por corrupción en la obra pública en 2008, todas las empresas de Báez comenzaron a realizar ofertas en simultáneo cercanas al costo oficial, incluso en algunos casos por debajo del mismo”.
Dicho comportamiento llamó la atención de los fiscales. Para entonces el Grupo Austral ya había ganado 39 licitaciones. “Las empresas comenzaron a presentar ofertas más cercanas al presupuesto oficial, incluso muchos casos se presentaron levemente por debajo, de golpe comenzaron a ajustarse al presupuesto.”
¿Qué había pasado? El fiscal Luciani dijo que “se pautó previamente: existió una cartelización organizada del Estado nacional para direccionar licitaciones para Báez y para sustraer fondos. La asociación ilícita estaba operativa y funcionando, con un cambio para disimular un poco el mecanismo que seguía dándole las obras al amigo del ex presidente”.
