“No hay país”, dice el Cuervo Larroque. Si condenan a Cristina Kirchner, los 47 millones de habitantes de este confín del mundo se hundirían en la arena de los tiempos y la Argentina dejaría de existir. “El juicio es una persecución a Cristina”, dice Agustín Rossi, con lo cual cualquier otro argentino que vaya a juicio en base a las pruebas recolectadas durante la investigación de su caso podría sentirse perseguido.
“Nos enteramos después de tres años que eran todos amigos de Macri”, dice el ministro de Justicia Martín Soria. Se refiere a la foto del fiscal y uno de los jueces del tribunal que juzga a Cristina en un equipo de fútbol que jugó un torneo en la quinta Los Abrojos, de Macri, con quien según el fiscal y el juez recusados jamás cruzaron palabra. Justo antes de eso, Soria había truchado una foto sobre el juramento del otro fiscal, Sergio Mola, que fue así, truchada, directo a la tapa de Página 12.
La presunta amistad del fiscal y el juez “es una provocación”, dice el viceministro de Justicia Juan Mena, quien dirigió las extrañas tareas de los espías de la SIDE antes de que hallaran muerto a Nisman. Su interlocutor era Fernando Pocino, el espía que habló desde un teléfono a nombre de una mujer 30 veces con el juez Alejandro Slokar cada vez que una causa contra Cristina se acercaba a Casación.
Slokar es el presidente de esa Cámara. En el texto de su recusación, con tono indignado, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, cita una frase acerca de cómo debe ser la transparencia impoluta de los jueces. La sacó de un libro de Derecho cuyo autor es… Slokar. A la recusación al fiscal y al juez se adhirió de inmediato Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido en este juicio, pero también de Diego Lagomarsino, procesado por el asesinato de Nisman.
“Si sos una persona de bien, tenés que excusarte”, dice Dalbón, subido al coro de Militantes por la Transparencia. Es el abogado de Cristina que posteó haber hecho cumbre en el Aconcagua para “dejarle un Código Penal a Dios” y fue desmentido por las autoridades de Mendoza: Dalbón nunca subió al Aconcagua. Acorralada por una sólida acusación de armar una estructura delictiva para darle obras públicas a Lázaro Báez y cobrar coimas, Cristina puso en marcha el Operativo Carpetazo contra los jueces y fiscales.
Hasta ahora consiguieron fotos de un equipo de fútbol amateur, aunque el diputado Tailhade envió de apuro a un empleado del Congreso a buscar declaraciones juradas de los acusadores para ver si hay algo para apretarlos mejor. El audio de Cristina diciéndole a Parrilli “hay que apretar a los jueces” es un emblema que pasará a la historia sobre el uso prepotente del poder ante cada fallo adverso.
Todo lo que Cristina pide hacer sobre la Justicia lleva la impronta de aquella orden letal. Su abogado en aquella causa era Dalbón. El abogado que nunca llegó a la cima del Aconcagua argumentaba entonces que Cristina no le había dicho “pelotudo” a Parrilli sino que la frase estaba “editada”. Un relato que no prosperó. Ahora avanza la idea de la proscripción como corolario de la victimización política.
Cristina tomó el argumento del lawfare de Dilma Rousseff, que se lo trajo en persona hasta su departamento de Juncal y Uruguay en diciembre de 2017. Si el juicio por la obra pública avanza y hay condena, el camino seguirá con guion brasileño. La idea madre: “Le hicieron lawfare a Lula, lo condenaron y ahora es el principal favorito en las elecciones. Lo mismo pasará con Cristina”. Más victimización para una defensa que no refuta hechos, sino que actúa como un boxeador “tocado”, lanzando carpetazos a ciegas.
