La amenaza de un paro que afecte las 56 líneas de transporte público de la provincia se aplazará por dos semanas. Pese a la postergación, el conflicto entre trabajadores y empresarios se mantendrá. Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), se reunirán hoy a las 12.30 en la Secretaría de Trabajo y está previsto que definan postergar la Conciliación Voluntaria entre las partes.
“Hubo una reunión la semana pasada con el vicegobernador (por Osvaldo Jaldo), con la ministra (de Gobierno Carolina Vargas Aignasse) y con los empresarios donde se nos pidió que extendamos un poco más el plazo de negociación hasta que venga el gobernador Juan Manzur para que se encuentre una solución”, explicó César González, secretario general de UTA, a LA GACETA. “Hasta el 29 (de noviembre) confirmamos que se aplazan las medidas de fuerza. El 29 sabremos si se termina el conflicto o se llega a un acuerdo. Ya es el último plazo, el tope, no podemos seguir dilatando esta situación”, agregó.
Al mediodía, el secretario de Trabajo provincial Andrés Galván recibirá a representantes de los empresarios y de los trabajadores para formalizar la extensión de la conciliación voluntaria entre las partes. Los empresarios que integran Aetat consultados por este diario confirmaron que, en principio, acordarán extender nuevamente la conciliación voluntaria.
El conflicto había comenzado en octubre, cuando los propietarios de las firmas de transporte aludieron que a causa de la crisis habían reducido frecuencias y que por lo tanto podrían achicar la cantidad de empleados: remitieron 150 telegramas de despido. El gremio había denunciado la situación ante el anterior titular de Trabajo, Roberto Palina (asumió como legislador), quien había dictado una conciliación obligatoria, que suspendió los despidos e impidió durante la vigencia de la mesa de diálogo las medidas de fuerza. Cuando venció la conciliación obligatoria, el Gobierno provincial intercedió para solicitar que se prorrogue la negociación. Tras una nueva reunión la semana pasada, junto al vicegobernador, se acordó una nueva extensión de la conciliación voluntaria, hasta que Manzur retorne de su gira oficial en Estados Unidos.
Negociación delicada
“Esperamos que se llegue a una solución el 29 de noviembre. No podemos seguir así, sin que esto se defina. Imaginate los trabajadores que prestan servicio con incertidumbre, porque no saben si mañana van a prestar servicio o no. Me llamaron durante todo el día para saber qué sucederá. Así no se puede seguir, se tiene que resolver esto para bien o para mal. Cada uno tomará las decisiones que crea convenientes pero no se puede seguir trabajando con esta zozobra”, agregó González sobre el conflicto con los empresarios.
El titular de UTA aseguró que está consensuado con los empresarios que se extienda el compás de espera hasta el 29 de noviembre. “Quienes tienen a respuesta de este inconveniente son los poderes concedentes, tanto la Provincia como la Capital. Nosotros los trabajadores creemos que echando 150 trabajadores ahora, o 300 o hasta 400 como anunciaron los empresarios si sigue todo así, no va a solucionar los problemas del sector, mucho menos si se continúan pagando desdoblados los sueldos. Debemos dejar de ponerle parches y buscar soluciones de fondo”, consideró.
Algunos empresarios informaron por lo bajo que la situación del sector es crítica y que continúan en la incertidumbre por los subsidios al sector.
Culpan a la crisis económica, la devaluación frente al peso y al atraso de subsidios y de tarifas. Desde enero, la Nación traspasó la responsabilidad de los subsidios a las provincias. El Poder Ejecutivo distribuye por mes $ 130 millones entre las firmas. La Nación envía a las empresas unos $ 53 millones de un fondo de compensación. El subsidio al combustible cesó: hasta diciembre de 2018 cada firma pagaba el litro de gasoil a $ 10,30. En agosto, con precio liberado, el litro se pagó a $ 54,30.
Con el conflicto por los despidos abierto, hace dos semanas los empresarios solicitaron una suba en el boleto, para que pase de los $ 24 actuales hasta $ 42,32 (si se concede una suba, será la tercera del año).
Funcionarios de la cartera de Trabajo confirmaron que el objetivo es sostener la actividad sin paros ni despidos hasta que se conozca la política que asumirá la gestión de Alberto Fernández (asume el 10 de diciembre), con el transporte público. Los empresarios aseguran que la discusión de fondo es cómo pueden solventar los $ 185 millones de déficit mensual que totalizan las firmas.
