Cristina Kirchner expuso hoy una defensa pública contra el avance del caso Vialidad: cuestionó a los fiscales y a los jueces que la juzgan, dijo que no hay ni una sola prueba que la comprometa y acusó al macrismo de estar detrás de los verdaderos hechos de corrupción que nadie investiga, incluso del escándalo de los bolsos de José López, a pesar de que fue secretario de Obras Públicas durante todo el kirchnerismo. Incluyó críticas de tipo procesal y otras de fondo, tanto del caso Vialidad como, en general, de las prioridades de la Justicia. De sus afirmaciones, algunas están ratificadas con lo que hay en los expedientes judiciales, otras son interpretaciones propias y algunas directamente se contradicen con lo que figura en las causas.
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“La Justicia ya dictó un sobreseimiento”
Cristina Kirchner reeditó hoy un viejo planteo con el que pretendió que el caso Vialidad no llegara a juicio: el argumento de que estos hechos ya se habían investigado.
Dijo que “de las 51 obras que conforman el juicio Vialidad, 49 fueron remitidas [para ser investigadas] por la justicia federal de Río Gallegos a la justicia provincial” y que en Santa Cruz se cerró ese expediente. “El diario LA NACION publicó el sobreseimiento sobre 49 de las causas”, dijo. En efecto, en 2015, a instancias del fiscal Gerardo Giordano, fueron sobreseídos Lázaro Báez, el exgobernador Daniel Peralta y el fallecido expresidente Néstor Kirchner, que estaban acusados de “sobreprecios” y “cartelización” de la obra pública en Santa Cruz. Giordano después se jubiló y fue abogado de la familia de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de los Kirchner asesinado en 2020.
El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el planteo de Cristina Kirchner de “ne bis in idem”: consideró que no había riesgo de “doble persecución penal” porque, según afirmó, en Santa Cruz no hubo una delimitación precisa del objeto de investigación, casi no existió actividad probatoria y no hubo impulso fiscal para avanzar con la causa.
Esa decisión fue recurrida ante la Sala IV de la Cámara de Casación, que la rechazó, y el caso llegó a la Corte, que hizo lo mismo justo antes de que empezaran los alegatos en esta causa. El máximo tribunal destacó además que Cristina Kirchner no había sido parte en los procesos tramitados en Santa Cruz.
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“Hubo una ficción: sobreprecios, rutas no hechas, rutas inexistentes”
Según Cristina Kirchner, “los fiscales no tienen ningún tipo de prueba” en su contra y construyeron “una ficción” con sobreprecios que en realidad no existieron y supuestas “rutas no hechas”. La acusación central contra la vicepresidenta y el resto de los exfuncionarios consiste en haber direccionado obra pública en favor de Báez con licitaciones fraguadas, haberlo beneficiado con condiciones de pago excepcionales y extensiones de los plazos que ningún otro contratista tuvo, y no haber controlado sus incumplimientos. También, haberle concedido sobreprecios.
La acusación no incluye el pago de “rutas inexistentes”; sí, de rutas que se contrataron y no se terminaron. Si bien lo que se pagó fue la parte realizada, quedaron obras inconclusas que -de acuerdo con la fiscalía- resultaron inservibles y eso implicó un perjuicio para las arcas públicas.
En cuanto a los sobreprecios, en la causa hubo opiniones encontradas entre los peritos. El de la Corte sostuvo que en cinco obras que se analizaron hubo sobreprecios de 198 millones de dólares; el de la fiscalía; que el monto de lo pagado de más fue de 202 millones de dólares. Para la especialista de la defensa de Cristina Kirchner, en cambio, no hubo sobreprecios. En su dictamen dijo incluso que a Báez el Estado le pagó de menos. Los tres peritos discreparon sobre el método aplicado para calcular los costos.
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No hubo “sociedad” con Báez
“Luciani, me parece que tiene que revisar de vuelta la materia de derecho civil y comercial”, le dijo Cristina Kirchner al fiscal. “Cuando uno firma un contrato de locación es alquiler, cuando firma compraventa es compraventa. La sociedad se hace cuando uno firma un contrato de sociedad”, afirmó.
En efecto, los Kirchner y Lázaro Báez no compartieron acciones en una sociedad, pero sí realizaron gran cantidad de operaciones comerciales, por lo menos durante una década. Una de ellas, en 2008, la convirtió a Cristina Kirchner en condómina de Báez durante por lo menos 10 años.
La vicepresidenta amplió su hotel Los Sauces sobre la Quinta 10, que era de Báez, y para eso concretaron una permuta. Ella entregó la mitad del condominio de casi nueve hectáreas en El Calafate que había adquirido como tierra fiscal en 2006. Nunca construyeron nada, es un gran predio de tierra con una vista privilegiada sobre el Lago Argentino que quedó registrado en partes iguales a nombre de la vicepresidenta y Austral Construcciones. En 2018, Cristina Kirchner cedió su parte a sus hijos. La porción de Báez ahora irá a remate y quienes lo compren se convertirán en condóminos de los hijos de la vicepresidenta.
Además, hubo otras operaciones: constituyeron un fideicomiso para construir 10 departamentos en Río Gallegos, Báez le compró diez inmuebles a través de Austral y Epelco, y el mismo empresario corrió con el pago de parte de la ampliación del hotel Los Sauces. También, con la firma Valle Mitre, administró hoteles de los Kirchner en Santa Cruz.
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“Todos los testimonios propuestos por Luciani y Mola finalmente colapsaron”
Según Cristina Kirchner, en el juicio se comprobó que las acusaciones de los fiscales no tenían asidero y los testigos, incluso los convocados por la fiscalía, demostraron que todo era exactamente al revés. “Todos los testimonios propuestos por Luciani y Mola finalmente colapsaron”, dijo la vicepresidenta. Esto no fue así. Si bien no todos los testigos convocados por la fiscalía sostuvieron la acusación, entre los citados estuvieron, por ejemplo, los empresarios Carlos Wagner, Patricio Gerbi y Juan Chediack, que dijeron que ellos no cobraban los anticipos financieros que sí recibía Báez (según los fiscales, ese era un beneficio clave para el dueño de Austral Construcciones). También, el ingeniero Martín Cergneux, inspector en Vialidad Provincial de Santa Cruz (2005-2008), que relató que Báez cobraba por obras viales que no tenían el avance que declaraban tener y contó que él se había negado a suscribir certificados falsos, lo mismo que declaróAlejandro Mon, exfuncionario de Vialidad Nacional, que denunció en el juicio, durante 11 horas, irregularidades en las contrataciones entre el Estado y las empresas de Báez.
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“A la testigo Hindie la intimidó el macrismo”
La vicepresidenta se refirió a la declaración testimonial en el caso Vialidad de Laura Hindie, exjefa de Legales del distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Citó un tramo de la declaración de Hindie y dijo que la testigo fue presionada por la gestión macrista de la DNV para firmar un nota que ratificaba que se le había pagado toda la deuda a Austral Construcciones.
Hindie es diputada provincial por Santa Cruz por el bloque del Frente de Todos (dato que la vicepresidenta omitió en su discurso).
LA NACION accedió a ese testimonio. Ante una primera pregunta del abogado de la Oficina Anticorrupción, Hindie dijo que el contenido de lo que había firmado “era adecuado” a la realidad, pero después, al ser consultada por el fiscal Luciani, sostuvo que lo firmó a pedido de Javier Iguacel, que se lo dio redactado, y que no tenía “corroborado” el contenido de esa nota. Según Hindie, los nuevos jefes nombrados por el macrismo, Iguacel y Ricardo Stoddart, llegaron “en un patrullero de la Federal” a Vialidad de Santa Cruz y eso fue “una situación bastante chocante para todos los empleados” que tenían “miedo” por sus “lugares de trabajo”.
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Los mensajes de López entraron en el juicio “sin que nadie pudiera controlar nada”
La vicepresidenta objetó hoy el momento en el que fue incorporado como prueba en el juicio el informe sobre el teléfono de López. “Yo no sabía que habían introducido esta prueba porque los fiscales recién fueron autorizados a introducir toda la prueba que trajeron de otros juicios en la última audiencia del debate oral por el tribunal sin que nadie pudiera controlar nada”.
Según supo LA NACION, ese informe y los legajos de la causa contra López por enriquecimiento ilícito fueron solicitados por la fiscalía de Luciani a mediados de 2018. Ya en ese momento las defensas se quejaron de que el fiscal pretendiera usar esos elementos como prueba. También se pidieron legajos de otros casos de corrupción.
El TOF 2 autorizó en 2018 a Luciani y a todas las partes a ver esos expedientes para que pidieran incorporar a esta causa lo que consideraran necesario. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el informe sobre el celular de López llegó a la causa Vialidad a mediados del año pasado y fue aceptado formalmente como prueba en la última audiencia previa a los alegatos.
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“Yo no tengo WhatsApp con nadie, solo Telegram con unos pocos”
Cristina Kirchner destacó que ella jamás cruzó mensajes con José López. Entre quienes sí hay mensajes y llamadas es entre López y quienes entonces eran secretarios privados de la vicepresidenta, Mariano Cabral y Diego Bermúdez, que contactaban a López con frecuencia para citarlo en el despacho de ella. “La presi quiere hablar con vos”, le decía Bermúdez a López, o “te quiere hablar la jefa”.
También hay en el informe una serie llamadas entre López y Máximo Kirchner, e intercambios entre el exasesor de Máximo Kirchner, Matías Bezi, y López para que el hijo de quien entonces era presidenta definiera, según los mensajes, cuáles serían las 100 cuadras de pavimentación que una de las empresas de Báez haría en Río Gallegos. Los fiscales destacaron que Máximo Kirchner no era funcionario en ese momento y que se ocupaba de administrar los negocios familiares.
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“Nicky Caputo es el empresario con el que López tiene más familiaridad”
La vicepresidenta ahondó en los mensajes extraídos del celular de José López y cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no se hubieran detenido en una serie de mensajes del exsecretario de Obras Públicas con los empresarios Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. “¿No les llamó la atención a Luciani y a Mola? Notable”, dijo. La vicepresidenta sostuvo que López solo tenía “familiaridad y una sensación de cotidianidad de todos los días” con esos empresarios. “La que me siento muy boluda soy yo”, afirmó en este tramo de su presentación.
Cristina Kirchner cuestionó que los fiscales no hayan hecho mención a Caputo y no hayan investigado sus mensajes. Fuentes del Ministerio Público dijeron a LA NACION que Luciani no nombró a los empresarios que no estaban relacionados con las maniobras que son objeto de esta causa, pero que pidió que se abrieran nuevas investigaciones sobre “todos los ilícitos” que surgen de los chats.
López tenía un trato de familiaridad con Caputo, pero no era el único. También, con el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, a quien López se refería como “amigo” y “compañero”. Y se le detectaron mensajes que exhiben una relación de confianza con el empresario Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián, que le pidió “una mano” para cobrar la redeterminación del saldo de una obra y le ofreció una reunión con empresarios chinos para financiar proyectos en la Argentina. A Julio Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, López le dio instrucciones para que la empresa de Báez abandonara todas sus obras y echara a sus empleados cuando Mauricio Macri ganó las elecciones.
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“Lo grave fue el soterramiento del Sarmiento y con eso no pasa naranja”
La vicepresidenta cuestionó que la Justicia no haya avanzado con la investigación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri en 2016 para financiar la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que estaba en manos de un consorcio integrado por la firma IECSA, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. El DNU modificaba las condiciones de financiamiento de la obra y determinaba que se pagara con fondos del Estado Nacional. El monto, según la vicepresidenta, era mucho más de lo que costaron las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner fue indagada por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Vialidad, dijo que Macri había concedido a su primo un aumento superior al que tasaron quienes controlaban los trabajos de esa obra. Por eso, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques extrajeron testimonios de su declaración y se abrió una nueva causa para investigar sus dichos. Según supo LA NACION, ese decreto que hoy denunció la vicepresidenta no se hizo efectivo. Y la causa, que tuvo como fiscal a Pollicita y como juez a Sebastián Ramos, fue archivada.
Además, hay una causa destinada a investigar la licitación de la obra y el pago de supuestos sobornos de Odebrecht en Argentina, que tienen el fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. El expediente está frenado desde agosto de 2019, cuando la Cámara Federal anuló el fallo de De Giorgi y le encomendó dictar uno nuevo.
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“Comodoro Py no investigó el origen del dinero de los bolsos de López porque llegaba al macrismo”
Cristina Kirchner dijo que el escándalo de los bolsos que José López “revoleó” en el convento fue el “único caso de corrupción comprobado” y que pese a que “el tema era saber de dónde venían” los casi nueve millones de dólares de los bolsos, “las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas” para determinarlo. Según ella, porque las pistas conducían al macrismo.
“Se mandó un oficio a la reserva federal -relató la vicepresidenta- que informó que un fajo había sido enviado al banco Finansur. Ahí estaba un señor que se llama Sánchez Córdoba, ¿quién es? Es un señor que integraba la comisión directiva de Boca con Macri y con Angelici no sé, porque yo no entiendo mucho de fútbol. Cuando aparecieron los macristas, pararon”.
En efecto, fuentes del juzgado de Rafecas informaron a LA NACION que lo que encontraron para seguir el origen del dinero fue un código de barras de la reserva federal en un fajo con mil billetes de mil dólares y que, por eso, enviaron el exhorto a Estados Unidos. Relataron que la respuesta no llegó al juzgado. Fue entregada al fiscal Miguel Osorio en el juicio oral de López. En el tribunal que juzgó al exsecretario de Obras Públicas ratificaron que la respuesta al exhorto la recibieron ellos y llegaron así a Finansur, que allanaron -según dijeron hoy a LA NACION- sin dar con “información útil”. Otra parte se detectó que viajó a la provincia de Córdoba, pero no se llegó más lejos que eso, dijeron en el tribunal.
López fue condenado a siete años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito y portación de arma. Cuando declaró como arrepentido, dijo que el dinero de los bolsos era “de gente de la política”, y después agregó que se lo había dado Gutiérrez, el exsecretario privado de los Kirchner que fue asesinado. Eso no se comprobó y no aparecieron conversaciones entre López y Gutiérrez. La Justicia nunca determinó el origen de los casi nueve millones.
