Alberto Fernández y otros tres presidentes de la región firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron que el juicio contra Cristina Kirchner tiene por objeto “apartarla de la vida pública”. La portavoz Gabriela Cerruti primero y el jefe de Estado después, difundieron el texto rubricado por los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia). Allí dice que el proceso judicial de la causa Vialidad es una “persecución” y que tiene por objetivo apartar de la vida pública, política y electoral a la vicepresidenta.
En una efímera conferencia desde Casa Rosada, Gabriela Cerruti leyó el texto. “Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”, comienza el escrito.
El mismo comunicado compartido minutos después por el Presidente Fernández en su cuenta de Twitter se agrega que existe un “acoso” sobre la expresidenta mediante un señalamiento de sus “adversarios políticos, titulares periodísticos” e “irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”.
Alude a que durante esa persecución judicial se abrieron causas de las cuales muchas debieron ser “archivadas” ante la falta de pruebas. Además insiste que en las que continúan abiertas -como la causa Vialidad- hubo “malas prácticas procesales” con la intención de “apartar” a Cristina Kirchner de la vía pública. “Condenamos las estrategias de persecución judicial para eliminar a contrincantes políticos”, advirtieron los cuatro presidentes de la región.
“Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos”
Citaron un informe de Naciones Unidas de 2019 que ya cuestionaba la “independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas”. El comunicado se difunde en medio de una fuerte tensión dentro del propio oficialismo en la Argentina.
Asimismo, explica que el tribunal vulneró el “legítimo derecho a la defensa” tras negarle la oportunidad de declarar a Cristina luego de la petición del fiscal Diego Luciani de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sobre la vicepresidenta en la causa en la que está acusada de ser la “jefa” de una asociación ilícita por la malversación de fondos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Baez.
En este sentido, el Frente de Todos se divide entre los que impulsan una marcha popular en defensa de la vicepresidenta y quienes creen que no deben inmiscuirse con el accionar judicial. Máximo Kirchner, tal como adelantó LA NACION, convocó a una reunión del PJ bonaerense mañana al mediodía en La Plata para encolumnar voluntades detrás del mismo discurso de “persecución política”.
