En la audiencia con la que este viernes avanzó la causa que investiga un millonario robo ocurrido el lunes en Yerba Buena, el auxiliar Víctor Veglia Laméndola, con instrucciones del fiscal Diego López Ávila dio algunos detalles sobre cómo se produjo el hecho.
//Por el robo a un hombre de Jujuy, secuestran armas, vehículos de alta gama y dinero
Según su teoría, el denunciante Rodrigo Raúl Scaro habría llegado a Tucumán desde Jujuy para concretar una operación de compra-venta de moneda extranjera, que se cree había acordado con el acusado, Luciano “El Mechudo” Villagra Vélez.
Una vez reunidos, el imputado redujo a su víctima, primero con un arma de fuego y luego se valió de la colaboración de José Luis Araujo, quien le colocó un cuchillo en el cuello para inmovilizarlo. En esas circunstancias, según el funcionario judicial, fue “El Mechudo” quien le sustrajo los más de $26 millones que tenía escondidos en una mochila que estaba guardada en su auto.
Según la declaración del acusador, Scaro no sólo vivió momentos de angustia, sino que además recibió amenazas. Los acusados le dijeron primero que les armarían una causa por abuso sexual a menores o le matarían a su familia si es que llegaba a denunciarlos. Antes de dejarlo en libertad, tomaron el celular del jujeño y borraron los mensajes que se intercambiaron.
Veglia Laméndola brindó un detalle que despejó varias dudas. Relató que el jujeño desde hace cinco meses por lo menos mantenía contacto con Villagra Vélez para realizar operaciones con la compra y venta de euros y dólares. El acuerdo consistía en que el jujeño sólo le entregaría los billetes de la moneda norteamericana, mientras que la divisa europea habría estado destinada a clientes de Córdoba.
El jujeño, ante el fiscal López Ávila, habría declarado que era un comerciante que se dedicaba a las operaciones financieras y a la compra y venta de autos.
Pero en su San Pedro de Jujuy natal no lo conocen por realizar esas actividades económicas. Sí coincidieron en señalar que trabajaría como cobrador de préstamos personales otorgados en el mercado paralelo y que estaría casado con una empleada judicial de esa provincia.
El millonario robo dejó al descubierto una realidad: la existencia de organizaciones que se dedican a la venta de moneda extranjera de manera ilegal.
“El Mechudo”, según confiaron fuentes judiciales, era un operador que ingresaba a los diferentes grupos de WhatsApp que están integrados por “arbolitos” que buscan una oportunidad para hacer negocios. En esta red social habría conocido a Scaro.
Como se trata de una actividad ilegal, los autores del hecho podrían haber pensado que la víctima no los denunciaría. Por ese motivo lo asaltaron y dejaron que se marchara sin tomar ningún tipo de recaudo.
El jujeño, según los datos que manejan los pesquisas, habría estado manejando fondos de salteños y jujeños. Villagra Vélez sería un reconocido gestor de estas operaciones. A cambio de una comisión, hacía transacciones con empresarios y al menos dirigentes políticos de la provincia.
“Quiero solucionar todo cuanto antes. Quiero que esto se acabe pronto”, fueron las únicas palabras que salieron de su boca durante la audiencia en la que la jueza María Soledad Hernández le dictó la prisión preventiva por 90 días.
Su defensor Patricio Char busca llegar a un acuerdo con la víctima y el MPF para que se cierre el caso a través de una solución alternativa.
Para que ello suceda se deberían cumplir dos condiciones. La primera es que la víctima recupere todo el dinero que le sustrajeron y que la solución sea a través de un juicio abreviado en el que Araujo (al que se le dictó la prisión preventiva por 30 días) y “El Mechudo” reciban una condena.
Los defensores de ambos pretenden que sea de cumplimiento condicional, es decir, hasta tres años. El MPF no fijó postura sobre este punto.
Pero hay dos problemas que deben resolverse. Los acusados informaron que tienen resguardado el dinero, aunque no trascendió qué cantidad. El otro, Scaro tiene una semana para justificar el origen de los $26 millones para que no se le inicie una investigación. Pero además, si no cumple con este paso, ningún magistrado estará en condiciones de rubricar el acuerdo y, mucho menos, devolver el efectivo que le sustrajeron.
