El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR), manifestó su intención de colaborar con la Justicia. A esos efectos, el dirigente afirmó que se ponía sin restricciones a disposición de Carolina Ballesteros, jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital. “Solicito que tenga presente mi renuncia expresa a cualquier privilegio o prerrogativa que me confiera la ley por mi condición de intendente de Yerba Buena”, expresó en el escrito que presentó ayer. En ese mismo acto, nombró defensor al abogado Mario Salvo.
El jefe municipal indicó que había tomado conocimiento por la prensa de la existencia de una denuncia en su contra. Se trata de una causa ligada a la contratación directa -sin licitación pública- de la firma “Sebastián Calleri Construcciones” para trabajos de reparación de pavimento y de bacheo. Sebastián Luna, dirigente del Oeste, había denunciado en 2016 la posible comisión de los delitos de defraudación y de abuso de autoridad (Luna antes había promovido una pesquisa contra el intendente tafinisto Manuel Yapura Astorga por supuesto enriquecimiento ilícito).
La fiscala Adriana Giannoni pidió la apertura de la investigación jurisdiccional -procedimiento especial a cargo de un juez por la existencia de obstáculos constitucionales- contra Campero en junio de 2017, pero los jueces subrogantes a cargo del Juzgado N°5 entre la jubilación con el beneficio del 82% móvil de Mirta Lenis de Vera (mayo de 2016) y la llegada de Ballesteros (febrero pasado) no resolvieron el requerimiento. En el período en cuestión, atendieron el despacho los magistrados correccionales Marcelo Mendilaharzu y Víctor Manuel Rougés (se jubiló en las mismas condiciones que Lenis de Vera), y el juez N°3, Juan Francisco Pisa. Todos ellos percibieron un ingreso adicional por la subrogancia.
“En su momento hicimos las presentaciones y hasta ofrecí renunciar a los fueros. Estoy a disposición de la Justicia. Fui víctima de numerosas operaciones y en 2016 quisieron hacerme un golpe de Estado: lamentablemente usaron al Poder Judicial para eso”, dijo el intendente de Yerba Buena este martes, cuando trascendió la existencia de su expediente.
El caso de Campero fue hallado el mes pasado, junto a al menos 250 expedientes penales paralizados, con distintos niveles de atraso. Ese conjunto incluye varios procesos contra funcionarios públicos, como una pesquisa por posibles amenazas que involucra al justicialista Armando Cortalezzi, presidente del Concejo Deliberante de la capital y ex interventor de la Caja Popular de Ahorros. A diferencia de Campero, que afronta un pedido de investigación, Cortalezzi tiene una solicitud de sobreseimiento a su favor pendiente de resolución desde 2014. En el expediente incluso hay un proyecto de informe sin firma ni sellos que lo tiene por sobreseído aunque no existe una decisión que así lo disponga. El miércoles, el concejal justicialista apuntó contra los jueces subrogantes y el personal del Juzgado N°5. “Habría que ver qué pasó durante todo este tiempo. Seguramente la Justicia determinará las responsabilidades que correspondan”, dijo.
La crisis del Juzgado N°5 se agravó esta semana, luego de que LA GACETA publicara que había sido descubierto bajo un armario el expediente contra 27 legisladores acusados de recibir coimas en 2002. Ese proceso está paralizado desde hace nueve años: el último acto procesal es una sentencia de Lenis de Vera que data de 2010 y que anula el pedido de sobreseimientos emitido por el ex fiscal fallecido Pedro Gallo.
Las irregularidades detectadas por Ballesteros dieron pie a que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán mandara al Juzgado N°5 a sus auditores. Las conclusiones que proporcionen estos funcionarios, que ya confirmaron la información relativa a la parálisis de la causa de los 27 legisladores, impactarán en la respuesta institucional que el alto tribunal dará a la crisis, que incluye el hallazgo de al menos 13 actuaciones de pornografía infantil sin trámite.
AUTOR
Irene Benito
