El ministro de Economía Sergio Massa anunció en conferencia de prensa un nuevo esquema de “dólar soja” para el sector agroexportador con el objetivo de acelerar el ritmo de ingreso de divisas al Banco Central.
Al inicio, Massa explicó la postergación de los anuncios debido al atentado contra la vicepresidente Cristina Kirchner. Ante la suba de los precios de la energía debido a la guerra, señaló, el gobierno privilegió sostener los niveles de producción y empleo, aún a costo fiscal, pero se necesita también acelerar la liquidación de divisas manteniendo los cuatro “ordenadores”: superávit fiscal, aumento de exportaciones, ayuda a economías regionales y mayores reservas.
El sector agroindustrial es clave, una de las “turbinas” de la economía, subrayó Massa, porque además Argentina es un actor clave como proveedor mundial de proteínas, de ahí la importancia de una buena “sinergia” entre el Gobierno y el sector agroindustrial. También llamó al Congreso a tratar la ley de Agroindustria.
El programa para acelerar liquidaciones es por un mes (hasta el 30 de septiembre) y voluntario, explicó Massa, además de sencillo y transparente para acceder a un mejor precio para sus productos. El DNU a publicarse prevé que los productores que adhieran en más de un 85% de su tenencia, podrán acceder a otros beneficios para “consolidar” el crecimiento agroindustrial. Se trata de un acuerdo con las empresas exportadoras para liquidar USD 5.000 millones en septiembre de los cuales no menos de USD 1.000 millones ingresarían en las primeras 72 horas (hasta el miércoles) de la aplicación del nuevo sistema. Se garantizará, dijo, un precio de al menos $ 70.000 la tonelada. Será, dijo, a través de un dólar a $ 200 para el chacarero, pero solo hasta el 30 de septiembre solo para la soja a través de cuentas de “dólar chacarero” que dispondrá el Banco Central.
El objetivo, expresó Massa, es promover las exportaciones del campo mediante facilidades para los productores. Insistió en su objetivo de lograr que ingresan “más de USD 5.000 millones a las reservas y resaltó la importancia de lo que llamó el “factor soja”, que en sus diversas formas explica el 98% de lo que se exporta. Además, vinculó la medida y el objetivo con la necesidad de “mantener el uso de energía en fábricas y hogares.
El campo, destacó Massa, “es uno de los motores de la economía”, en lo que pretendió ser un gesto amistoso hacia uno de los sectores de peor relación y mayor desconfianza hacia el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández.
Nutrida presencia
Además, para darle mayor peso político e institucional a los anuncios, Massa se hizo acompañar por gran parte de su equipo y convocó a una amplia representación de instituciones.
Del equipo económico estuvieron el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el director de la “Unidad de Coordinación Federal Operativa”, Jorge Solmi, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren. También estaban el titular de Aduana, Guillermo Michel, y el secretarío de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, su jefe de Asesores, Leonardo Madcur, el vice del BCRA, Lisandro Cleri, y el titular del Indec, Marco Lavagna, ahora también investido como secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales.
Del lado corporativo concurrieron Pablo Ansaloni, Presidente de la Obra Social de los Trabajadores Rurales de la República Argentina, Juan José Blanchard, presidente de Dreyfus, Roberto Urquia, del Grupo Aceitera General Deheza (AGD), Vladimir Barisic, de Viterra, Alfonso Romero, de Cofco, un gran trader de granos, Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). También fueron de la partida el presidente de Bunge, José Castelli, el de Cargill, Fernando Cozzi, el de Molinos Agro, Pablo Noceda. También se vio por allí al presidente de la Bolsa de Cereales (y del Consejo Agroindustrial Argentino), José Martins, el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio, y la titular de la Bolsa de Cereales de Santa Fe, Analía Gaviglio, y el de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Maximiliano Abraham.
La maciza representación del sector privado incluyó también a Diego Maier, de la Bolsa de Cereales de Entre Rios, Juan Carlos Martínez, de la de Córdoba, Julián Echazarreta, de la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Ernesto Crinigan, por el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Luciano Durand, su par de Rosario, y Fernando Rivara, de la Federación de Acopiadores de Argentina.
Por el Matba Rofex estaba Andrés Ponte, por la Asociación de Semillas Alfredo Paseyro, y el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, tal vez el empresario ligado a la actividad agroindustrial que más apoya al gobierno de Alberto Fernández.
Antes de abordar el avión
A horas de iniciar su primera gira internacional desde que es jefe del Palacio de Hacienda, Massa explicó el nuevo “dólar soja” tras una serie de contactos que el Poder Ejecutivo mantuvo con referentes del sector agrario en los últimos días.
El gobierno se reunió varias veces con el campo para apurar la medida, a sabiendas del fracaso del sistema previo, diseñado y anunciado en conjunto entre la cartera económica y el Banco Central durante la breve gestión ministerial de Silvina Batakis. Ese esquema, por el cual el productor podía aplicar 30% de los pesos que recibiera por su venta de granos a los exportadores a la compra de divisas y depositar el 70% restante en una cuenta bancaria protegida contra una eventual devaluación, no convenció a los productores. Pese a la pompa con que había sido presentado, hasta el 31 de agosto, en que expiró, la propuesta logró que se liquidaran $2.600 millones, equivalentes a menos de USD 20 millones. Lejos de las expectativas iniciales y a años luz de los USD 5.000 millones que, al asumir, se propuso conseguir en 60 días el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
Mientras conversaba y estudiaba una alternativa más sencilla y efectiva, el nuevo equipo económico fue enviando señales favorables al sector rural: flexibilización de las exportaciones de carne vacuna y prórroga por 60 días del corte de biodiésel con gasoil, para prevenir o al menos mitigar un posible faltante del combustible en los próximos meses.
El Gobierno está azuzado por la crítica situación de reservas. No es que a la economía no entren dólares. La liquidación de divisas por exportación de cereales, oleaginosas y derivados fue en los primeros 8 meses del año, informaron la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), de nada menos que USD 25.697 millones, un 11% más que en igual período de 2021.
Pero prácticamente todo fue por precios. El volumen físico de ventas fue cayendo rápidamente desde mayo, como muestra el gráfico de arriba, que muestra el promedio semanal de liquidación semanal de soja (en miles de toneladas) de los últimos doce meses (línea roja) contra el de los últimos cinco años (barras celestes) para los mismos meses. Resaltan así la menor liquidación física (más que compensada por el aumento de precios) y su abrupta caída a partir de mayo.
“El gobierno implementó un tipo de cambio diferencial para las operaciones asociadas al complejo sojero, pero éste perdió vigencia el pasado 31 de agosto, con resultados decepcionantes. Se había anticipado que desde el 1ro de setiembre se harían mucho más potentes los incentivos para que los productores efectivamente vendan granos de sus inventarios (…) Las expectativas de devaluación y la incertidumbre han generado una entendible retención de granos de parte de los productores. Entre junio y agosto el complejo sojero, granos y derivados, aportó exportaciones por USD 6.200 millones cuando por la estacionalidad de ciclos anteriores podrían haberse esperado USD 9.400 millones, para esos tres meses, de acuerdo a estimaciones de Juan Garzón, investigador de Ieral”, escribió en un informe Jorge Vasconcelos, economista jefe de la entidad.
Esos USD 3.200 millones de diferencia son una medida aproximada de lo que busca Economía con las nuevas medidas.
Desde la dirigencia del agro en las reuniones recientes volvieron a reclamar una unificación cambiaria que beneficie al sector primario, y en especial a las producciones regionales, que por efectos de la brecha cambiaria enfrentan numerosos problemas para exportar sus productos. “Necesitamos una paridad única, que no sea la soja la única favorecida sino toda la producción, principalmente las economías regionales que son las más complicadas. A los productores nos queda en claro algo: no sé cómo van a utilizar el mecanismo, pero lo que va a recibir es pesos. No es como el dólar soja anterior, que se podían comprar algunos dólares a un precio diferencial”, dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, en diálogo con este medio.
Poco antes de los anuncios del ministro un grupo de entidades del norte bonaerense anticiparon su rechazo. Las Sociedades Rurales de San Pedro, Rojas, Baradero, Pergamino y Colón, además de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) y la de Capitán Sarmiento expresaron su desacuerdo con la idea de “un tipo de cambio diferenciado para el agro” porque, manifestaron, “Nada bueno sucederá de andar consiguiendo beneficios temporales de las migajas de un burócrata de turno. Tampoco sería feliz desear ser beneficiario de esta práctica. Solo sirve para dividir posturas entre actores productivos”.
