El Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD), órgano que reúne a los defensores oficiales de la Justicia provincial, avanza con los trámites para contar con su propia sede en barrio Norte.
Tras la frustrada expropiación de un inmueble situado frente a la plaza Urquiza, las locaciones escogidas por el organismo que encabeza Washington Navarro Dávilason las ubicadas en Santa Fe 721 y en Catamarca 723, según los expedientes analizados por Tribunal de Cuentas (TC).
El alquiler de ambas propiedades, por un plazo de 36 meses y un monto global estimado en $ 8,9 millones, sólo depende del cumplimiento de algunos requerimientos administrativos efectuados por el ente de contralor.
En términos generales, las contrataciones directas -autorizadas por la ley 9.152, promulgada el 10 de enero pasado- no fueron objeto de observaciones, según los acuerdos 1.383 y 1.494. Así, no debería pasar demasiado tiempo hasta que el MPD, hoy instalado en los tribunales de avenida Sarmiento al 400, por fin tenga su “casa” propia, aunque sea por los próximos tres años.
El primer intento fue tramitado por Navarro Dávila ante el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. A pedido del titular de la Cámara, el jefe del bloque oficialista Ramón Santiago Cano elevó el 14 de marzo un proyecto de ley que proponía la expropiación del inmueble situado en 25 de Mayo 883, propiedad de la firma Maelpo SA. La iniciativa fue sancionada una semana después, pero el gobernador Manzur dispuso su veto porque, a entender de los técnicos del Ejecutivo, la operatoria era costosa e inconveniente desde lo urbanístico. En esa línea se habían expresado vecinos de la plaza Urquiza y el Colegio de Abogados. “Puede advertirse prima facie que se trata de un fundo que, por su ubicación, ostenta los mayores valores inmobiliarios de la ciudad”, indica el decreto de Manzur. Y agrega: “la radicación de la repartición en ese lugar produciría una reprobable concentración de actividades, implicaría un flujo de concurrencia de personas y de vehículos en una zona neurálgica de la ciudad, y sería perjudicial para los espacios verdes y de esparcimiento circundantes”.
Por lo pronto, el Ministerio de la Defensa sí contará con sedes en barrio Norte, aunque a través de otro sistema. Según el acuerdo 1.383 del TC, el alquiler de la propiedad de Santa Fe 721 fue realizado con El Alto SA, durante 36 meses y por un costo estimado total de $ 5,25 millones. El contrato por el inmueble de Catamarca 723 fue celebrado con “Erika Graciela Luna, en su carácter de usufructuaria”, también por tres años y a un costo estimado de $ 3,67 millones.
LA GACETA intentó contactarse con el Ministerio de la Defensa por estas operaciones inmobiliarias, pero no obtuvo respuesta. Según el sitio web de la Justicia provincial, el MPD “es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos”. Además, el organismo “promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
AUTOR
Luis María Ruiz
