La Confederación General del Trabajo (CGT) está molesta: sus dirigentes se quejan de que Alberto Fernández no los consultó sobre el nombre del reemplazante de Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo. Y el descontento alcanza a la propia tropa: surgen veladas críticas al rol de Héctor Daer (Sanidad), el cotitular cegetista que es el más albertista de todos y que en estas horas cruciales en la relación del sindicalismo con el poder no logra una incidencia más decisiva en la resolución.
“Todo está mal con el Gobierno. Es grave cambiar un ministro de Trabajo sin una reunión previa, ni una consulta, aunque no sea vinculante, que esté a tono con un nivel de respeto institucional”, protestó ante Infobae un dirigente que mantiene un alto cargo en la cúpula de la CGT.
La bronca en la central obrera contra el Presidente no es nueva, pero revela lo que le está sucediendo a toda la corporación sindical: ningún gobierno peronista decidió su ministro de Trabajo sin la participación explícita de la dirigencia. Más allá del estilo desconcertante del primer mandatario y de la lógica interna del Frente de Todos, donde las resoluciones deben ser aprobadas primero por Cristina Kirchner como líder del espacio, la ausencia de la CGT para determinar cómo se llenará el casillero que dejará vacante Moroni es la confirmación de un sindicalismo que sigue perdiendo poder político.
Carlos Acuña, Héctor Daer, Alberto Fernández y Daniela Merino, en un acto en la CGT
En rigor, Alberto Fernández delegó las consultas a los sindicalistas en Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia y uno de sus hombres de máxima confianza, quien se mantiene en contacto tanto con Daer como con Hugo y Pablo Moyano (Camioneros), otro cotitular cegetista; Sergio Palazzo (bancarios), de la Corriente Federal de Trabajadores, y Hugo Yasky, jefe de la CTA kirchnerista.
La decisión no es menor. El ministro de Trabajo deberá pilotear las relaciones laborales en un contexto de alta inflación y de paritarias que ya se están negociando por encima del 100% anual, en una inquietante espiral que puede terminar con reclamos que disparen aún más el costo de vida.
El problema, claro está, no pasa por quién maneje la cartera laboral. El problema es político: quien debería contener la oleada de demandas sindicales es el Presidente, pero no tiene la suficiente autoridad ni el poder amplio para hacerlo. ¿Puede hacerlo la Vicepresidenta, que juega por lo bajo a alentar negociaciones por arriba de la inflación para cimentar sus chances electorales? El dilema lo tiene Sergio Massa, quien debe equilibrar la economía con semejantes tironeos y sin árbitros.
Cristina Kirchner y Alberto Fernández, con sindicalistas como los Moyano, Sergio Palazzo, Abel Furlán y Hugo Yasky
A esta altura, justamente por eso, la danza de nombres es demasiado variada. En la nómina de sucesores de Moroni están desde el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, quien había llegado al cargo sin contactos con el gremialismo, con antecedentes académicos y una labor como apoderado del Partido de la Victoria y miembro del Frente de Todos en La Plata, hasta Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de toda la era kirchnerista y actual embajador en México.
Se mencionan también a Gustavo Ciampa, abogado del estudio de los Recalde y ex asesor legal de la CGT, e incluso a Marta Pujadas, la experimentada abogada de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), quien contaría con el aval de muchos dirigentes cegetistas por las buenas relaciones que sostiene Gerardo Martínez, el líder del sindicato, con un amplio espectro del sindicalismo.
Si regresa Tomada será toda una curiosidad: terminó su gestión en diciembre de 2015 como uno de los principales enemigos de los Moyano, en esa época en la que el Sindicato de Camioneros se había convertido en el máximo adversario de Cristina Kirchner. El mismo Tomada, apenas asumió Néstor Kirchner en 2003, fue el que respaldó desde la cartera laboral la alianza establecida por el presidente que asumió con el 22% de los votos con Moyano, entonces titular de la CGT, para tener gobernabilidad: en esos años, el ministro firmó en favor de Camioneros todos los conflictos de encuadramiento que mantenían con varios gremios. En 2011, el diario Clarín consignaba que Camioneros había logrado “robarse” 26.000 afiliados del Sindicato de Comercio, 10.000 del gremio de trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga.
Aunque el cargo de ministro de Trabajo es clave, los gremialistas siempre apuestan a tener a alguien de confianza en la la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, un puesto estratégico porque allí es donde se resuelven los conflictos de encuadramiento, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías gremiales o de simple inscripción a organizaciones nuevas.
Ese lugar es ocupado desde diciembre de 2019 por Mónica Rissotto, abogada del sindicato de los taxistas que lideraba Jorge Omar Viviani, un rival de Moyano que renunció al gremio en julio de 2020.
Moroni se ganó la confianza del sector mayoritario de la CGT (”los Gordos”, los independientes y el barrionuevismo), que lo defendió a capa y espada ante la fuerte ofensiva que sufrió desde 2020 por parte de la Vicepresidenta y de La Cámpora, que lo acusan de no haberse mantenido firme ante los empresarios y ahora lo acusaron de impericia por el conflicto del sector del neumático.
¿Podrá Alberto Fernández conformar a todos los sectores sindicales? ¿Podrá no hacerlo en medio de la crisis económica, las paritarias más calientes y la pelea electoral que se viene? Las dudas se despejarán en pocas horas. La desconfianza sindical hacia el Presidente parece difícil de resolver.
