Es un producto gastado, un poquito echado a perder dirían las abuelas, que el kirchnerismo reflota todo el tiempo como si fuese primera marca y no lo que ha probado ser: un sistema de controles ineficaz, ya del tipo segunda selección, y al final una muestra de capacidad de gestión muy discutible.
Sin más rodeos, se trata de los Precios Cuidados que el tándem Cristina Kirchner-Axel Kicillof alumbró a comienzos de 2014, con la idea de contornear una inflación real entonces instalada en el 30% anual o en las cercanías del 38%. Después de hibernar durante buena parte de la temporada macrista, el sistema fue relanzado por Alberto Fernández a fines de 2020 y vuelto a relanzar ahora.
A falta de mejores ideas y de un verdadero plan de estabilización, el Gobierno ha resuelto agregar al trajinado más de lo mismo los controles en provincias y municipios, o sea, la participación de gobernadores e intendentes previsiblemente oficialistas. Un detalle, si se quiere una rareza, anima la movida: el 25% de las multas que se les cobren a los infractores irá a cubrir los costos operativos de cada jurisdicción.
Está claro que el tiempo corre, que hasta las paciencias más pacientes se agotan y que así, finalmente, el apuro manda en toda la cancha. Apuro significa un índice de precios del INDEC que marcha decidido a terminar el año en torno del 100%, duplicando al registro de 2021, seguido de otro al que algunos consultores proyectan por arriba del 100% en el electoral, críticamente electoral 2023.
Podría afirmarse, entonces, que ahí salta concluyente la escasa utilidad de los Precios Cuidados y, más ampliamente, el fracaso de los controles, de los congelamientos, los acuerdos a veces truculentos y las más diversas formas de patear la pelota para adelante que es marca registrada del kirchnerismo.
De eso, resultado puro, también habla el 66,1% que el costo de vida acumula en los primeros nueve meses de este año contra el 37% del mismo período de 2021 y el 22,3% de enero-septiembre de 2020. Esto es, una inflación que se triplicó en tres saltos y que, quemando récords de los peores, acaba de escalar hasta el pico anual más alto desde 1991.
Notoriamente, el modelo de control que viene del Kicillof de la segunda presidencia de Cristina K. no sirvió para controlar nada, ni para enderezar nada, ni bajar nada. Es decir, cero rendimiento en ciertos precios clave de la canasta familiar.
Puede ser que la culpa no sea por completo del modelo, sino compartida con quienes lo aplicaron y del contexto político en que fue aplicado. Pero lo cierto, al fin, es que la realidad tiene mucho de eso que dice la estadística oficial.
En tren de agregar datos a la bolsa de la confusión, uno muy reciente del INDEC cuenta que de los 320.000 precios que los encuestadores del organismo relevan cada mes, en septiembre sólo un 3,87% correspondió a los Precios Cuidados. Inexplicable o señal de salida, si se lo contrasta con el 13,13% que tocó en noviembre de 2021 y el 12,23% de diciembre de 2021.
El informe del Instituto de Estadística aclara, sin mayores precisiones, que la presencia de los “Cuidados” en la muestra y por lo tanto los alcances de esa presencia, no son cuestiones que competan al INDEC. La aclaración huele a desentenderse de eventuales suspicacias por el manejo del sistema, es decir, ante un rebrote del conocido efecto Moreno.
Fuera de cualquier hipótesis y del lugar en que se lo quiera poner, el vaivén revela que alguien con peso en el Gobierno decidió reducir los porcentajes de la manera drástica en que fueron reducidos, casi a su mínima expresión.
Pregunta inevitable: ¿habrá sido porque el sistema no generaba los beneficios que se esperaban o porque se creyó necesario dejar de dar vueltas y reforzar directamente los torniquetes?
De esa cadena de incertidumbres y señales confusas sin fin es el volantazo que acaba de pegársele a la política de precios, para poner el barco en la dirección opuesta a la que iba, con aportes de gobernadores e intendentes incluidos. Es otra muestra del zigzag que caracteriza las decisiones del poder.
Justamente, el sello de las pujas al interior de la cúpula aparece nítido en los cruces que precedieron al volantazo y que explican el volantazo.
Para empezar, el planteo a fondo de la vicepresidenta para que se congelara el costo de los alimentos y su hermano directo: la resurrección de los Precios Cuidados. Más la definición de Sergio Massa, cuando el ruido avanzaba: “Un congelamiento es como pisar la manguera. Frenás por un rato, pero el agua está”.
Ahí, al borde del choque explícito, los contendientes resolvieron parar: empate técnico, dirían los comentaristas. Desde un rincón amigo, Kicillof siguió las fintas.
No existe nada definitivamente inexplicable, entonces, en la estructura de precios desordenada, de altos y bajos, abstrusa si se prefieren los tonos oscuros, solo que siempre pariente de las decisiones e indecisiones kirchneristas.
Dentro de ese todo tiene que ver con todo existe un dato que define el resultado y lo que sigue al resultado.
Señala que si el Gobierno nunca tuvo un plan anti-inflacionario, aunque llegó con el 50% que le había dejado el macrismo, y menos un plan económico, fue porque primariamente las pujas internas impedían que lo tuviese. Igual que esa forma de gobernar o desgobernar que mandó desde el comienzo y espantó consejeros.
Se entienden luego ciertos resultados que surgen de cruzar precios de los llamados “justos” con aquellos que el INDEC registra para productos similares. Esto es, que algunos de los bienes considerados esenciales hayan aumentado lo mismo o muy parecido a lo mismo tanto en un lado como en el otro; entre ellos, leche, carne picada y fideos.
En la estructura desestructurada también es posible encontrar aumentos del 42,1% anual para electricidad, gas y otros combustibles consumidos en el área metropolitana de la Capital y el Gran Buenos Aires junto al 112% en el Noreste postergado. Federalismo al revés, bien estilo K.
Siempre variaciones anuales, el listón de precios desacoplados puede seguir con la ropa de vestir al 127% y las verduras en el 125%, con el pan al 93 y las prepagas en 84%. Y de la misma planilla, un 63% para el transporte público de pasajeros y un muy módico 36% en Internet y telefonía.
La síntesis del desajuste completo salta en los 20 puntos porcentuales que separan a la llamada inflación núcleo, donde abundan los precios digamos sueltos o más o menos libres, del índice que refleja los movimientos de aquellos regulados por el gobierno, como las tarifas públicas y el transporte.
Los números del INDEC cantan 82,3% contra 62,1%, para los últimos doce meses.
Ninguna pinturita, pero, eso sí, una pared enorme contra la que chocará cualquier plan de estabilización que pretenda ordenar el sistema y acomodar aquellos precios que quedaron rezagados o en niveles insostenibles.
Y si ése es el punto, nada supera al problemón que representa el costo de los alimentos. Un 71,7% limpio de bebidas señala el índice que va de enero a septiembre y cubre la Capital Federal y el GBA. Con el 8% que pintan datos privados para octubre ya estaríamos en un 85% acumulado y así, rumbo a desbordar el 100% en todo el año.
Impresiona que el Gobierno aún siga llamándoles Precios Cuidados o Precios Justos a sus planes inoperantes. Pero más impresiona, o lo que cada cual sienta, que ahora tengamos un subsidio a la indigencia, aunque, eso sí, transitorio: 45.000 pesos en dos tramos de 22.500 cada uno, en noviembre y diciembre.
Claro que es condición necesaria no estar en ningún plan social, como el Trabajar o la Tarjeta Alimentaria, ni cobrar jubilación o pensión, ni recibir asignaciones familiares o la Asignación por Hijo ni tener obra social. Esto es, ser un adulto sin ingresos, uno de los 2 millones y pico que viven decididamente fuera del sistema.
Sólo falta que alguien del Gobierno confiese que todo es para evitar conflictos sociales en Navidad y Año Nuevo. O sea, la verdad.
