La situación procesal del subcomisario José Páez, uno de los policías acusados de formar parte de la banda desarticulada se complicó luego del allanamiento que se realizó en su oficina. Los investigadores encontraron restos de droga, un arma irregular y elementos que servirían para probar las anomalías que podría haber cumplido con su función.
Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) se presentó ayer en la seccional 12ª, donde el oficial de la fuerza prestaba servicios. Lo hicieron porque el miércoles no pudieron ingresar a su oficina porque estaba cerrada con llave. Volvieron luego de que un juez autorizara que ingresaran a la fuerza.
Los investigadores, según explicaron fuentes judiciales, en el cesto de basura encontraron varias colillas de porros de marihuana. En el armario, que también estaba trancado, hallaron una pistola con sus números limados, causas que no habían sido elevadas a la Justicia y copias de documentos que se utilizan para la entrega de vehículos. También descubrieron que tenía unos $15.000 ocultos.
Personal de la fiscalía que conduce Diego López Ávila analizará esa documentación para determinar si tiene alguna vinculación con los delitos que cometían el grupo. Si descartaran esa posibilidad, el subcomisario Páez debería afrontar otra investigación por haber tenido esos papeles en su poder.
Domingo Pérez, el comisario que se encontraba prófugo por esta causa, se presentó ayer en la Justicia. El funcionario, era el único de los policías en actividad vinculados en esta causa que no había podido ser ubicado en su domicilio y en la comisaría de Santa Cruz, donde se desempeñaba como jefe. Por esa razón, la Justicia había emitido un pedido de captura en su contra.
Pérez es uno de los cuatro policías de la provincia que terminaron tras las rejas por esta causa. Los otros fueron el subcomisario Páez y los cabos Martín Porven (cumplía funciones en el Instituto Roca) y Cristian Villarreal. Mario Alberto Vera (estaba disponible) y César Juárez (exonerado) también están tras las rejas.
El otro efectivo detenido es David Castillo, pero pertenece a la Policía Federal. Fue imputado por acopio de armas y no por formar parte de la organización. Negó los cargos en su contra y recalcó que sólo realizaba reparaciones a las armas que le dejaba Juárez, según confirmaron fuentes judiciales.
El comisario Miguel Suárez, jefe de zona en la Unidad Regional Capital, todavía no fue citado a declarar en la Justicia. Los investigadores secuestraron de su domicilio celulares que serán analizados para determinar si es imputado.
Ayer se confirmó que uno de los dos hombres detenidos el miércoles por la tarde en El Cadillal trabajaba como empleado de una agencia de seguridad. Se sospecha que podría haber aportado datos para que concretaran robos.
