En Salta hay alrededor de 50 privados de la libertad de origen extranjero, alojados en cárceles provinciales y federales, en condiciones de ser expulsados a sus países de origen.
Funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Jueces de la Corte y autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones analizaron la agilización de los procesos.
En cada uno de los trámites intervienen el Ministerio Público, el Poder Judicial y el organismo nacional, por lo que la coordinación entre ellos es fundamental para dar cumplimiento a la Ley de Migraciones, que en su artículo 64 abre esta posibilidad y exige que se cumpla la mitad de la pena para la expulsión anticipada del país de los condenados.
Los secretarios de Políticas Penales y de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pablo Alavila y Carina Iradi, indicaron que la reunión fue positiva ya que todos coincidieron en la necesidad de dar agilidad a los procedimientos.
La mayoría de los internos condenados son bolivianos, aunque también hay peruanos, colombianos y brasileros. Entre las causas por las que fueron condenados hay delitos contra la propiedad (en sus distintas modalidades), agresores sexuales e infractores a la Ley de Estupefacientes. El año pasado fueron expulsados cinco internos que estaban alojados en el servicio penitenciario provincial.
La reunión tuvo lugar en Ciudad Judicial y se encontraban el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, las juezas Sandra Bonari y Teresa Ovejero, el delegado en Salta de la Dirección de Migraciones, Martín Pérez Estrada, la asesora de ese organismo nacional, Luciana Barris Ruiz y el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena.
